*Editorial.
05.11.2025 Ciudad de México.- La tarde del 4 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual durante un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Un hombre, aparentemente bajo el influjo de sustancias (no es justificación), se le acercó por la espalda, la besó en el cuello y la tocó sin su consentimiento.
El hecho, captado en video, no solo representa una agresión directa contra la mandataria, sino que evidencia la vulnerabilidad física en términos de seguridad en la que se encuentra la primera mujer en ocupar la presidencia de México.
Lo más alarmante ha sido la reacción social, particularmente de muchos hombres en redes sociales, quienes no solo han minimizado el incidente, calificándolo como una “cortina de humo” para desviar la atención de los problemas nacionales sino que la revictimizan en la forma que abordan el hecho violento, un claro delito de acoso.
Esta postura del patriarcado no solo trivializa la violencia sexual, sino que refuerza una cultura machista que considera el cuerpo de las mujeres como espacio público, incluso cuando se trata de una figura de Estado cuestionando además su respuesta ante una invasión de esa naturaleza, sin preguntarse cuál sería su respuesta al verse intervenidos por la espalda y de esa manera.
Estas reacciones machistas se insertan en una ola de violencia mediática y digital que Sheinbaum ha enfrentado desde el inicio de su mandato. Insultos misóginos, burlas sobre su físico, y descalificaciones constantes han creado un ambiente propicio para la agresión, donde cualquier hombre, puede sentirse legitimada para invadir su espacio corporal sin consecuencias.
El incidente también expone una grave falla en los protocolos de seguridad presidencial. En los videos difundidos, no se observa la intervención inmediata de sus escoltas, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad de respuesta ante un posible atentado.
La agresión no fue solo una falta de respeto: fue una violación a la integridad física de la jefa de Estado, y un recordatorio de que la violencia de género no distingue jerarquías.
Minimizar el acoso sexual a una presidenta no es una opinión política, es una forma de violencia, desde cualquier ángulo que se mire.
Es urgente que los medios, las instituciones y la ciudadanía reconozcan que la seguridad de las mujeres en espacios públicos —incluidos los de poder— es un asunto de Estado. Y que la misoginia disfrazada de análisis y golpeteo político perpetúa el riesgo de agresión, legitima el odio, y erosiona la democracia.
El país merece un debate político libre de violencia de género, donde la crítica no se convierta en odio, y donde el cuerpo de las mujeres no sea territorio de agresión ni de disputa simbólica.
El acoso sexual se define como cualquier comportamiento de naturaleza sexual que:
– No es deseado por la persona que lo recibe,
– Afecta su dignidad, integridad o bienestar,
– Y crea un entorno hostil, intimidante, humillante o degradante.
Características del acoso sexual:
– Conductas físicas: tocamientos, roces, manoseos, acercamientos no consentidos.
– Comentarios o insinuaciones sexuales: chistes, piropos, propuestas, preguntas íntimas no solicitadas.
– Gestos o miradas lascivas: lenguaje corporal con connotación sexual.
– Mensajes o imágenes sexuales: envío de contenido explícito sin consentimiento.
– Abuso de poder: cuando alguien en una posición de autoridad condiciona beneficios o castiga a otra persona por aceptar o rechazar avances sexuales.
En el marco legal mexicano:
Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el acoso sexual es una forma de violencia que puede ocurrir en espacios públicos, laborales, escolares o institucionales, y no requiere que exista una relación jerárquica entre agresor y víctima.
Minimizar o justificar el acoso sexual —por ejemplo, diciendo que fue “una broma” o “algo sin importancia o hacer memes sobre el cuerpo de la víctima, o afirmar que es una táctica política ”— refuerza la cultura de impunidad y normaliza la violencia de género.
Reconocerlo como lo que es, denunciarlo y exigir consecuencias es fundamental para garantizar espacios seguros y dignos para todas las personas, especialmente para las mujeres, quienes son las principales víctimas de este tipo de violencia.
