*A juicio de Amparo.
/María Amparo Casar/
Como muchos otros problemas que hoy enfrenta la presidenta Sheinbaum, el del huachicol fiscal es heredado. No precisamente de los gobernantes de la época del neoliberalismo o del PRI-AN sino de su antecesor inmediato.
En el gobierno de AMLO no hubo política anti-corrupción ni voluntad para combatirla. Distintos grupos de periodismo de investigación, organizaciones de la sociedad civil y hasta la Auditoría Superior de la Federación dieron evidencia de sobornos, moches, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos, corrupción electoral, ejercicio abusivo de funciones, conflicto de intereses y justicia discrecional. Nunca los aceptó. Siguió mintiendo y distrayendo.
Quien fuera el titular durante los desvíos, Ignacio Ovalle, fue primero exonerado en una mañanera por el presidente e inmediatamente premiado con un puesto en la Secretaría de Gobernación.
La presidenta Sheinbaum enfrentó ya, con la misma empresa y el mismo modus operandi, otro escándalo. Alimentación para el Bienestar, la dependencia que sustituyó a Segalmex, replicó los mismos patrones de corrupción por un monto menor pero muy considerable: 2,000 millones de pesos. Causó alboroto pero poco más.
La situación cambió en los últimos días con la inocultable red de corrupción criminal que todos conocemos como el huachicol fiscal.
Ningún gobierno anterior ha enfrentado una crisis mayor de corrupción a la que hoy desafía al gobierno y a la propia presidenta Sheinbaum, no sólo por su alcance económico sino por sus consecuencias políticas.
Según un estudio de F. Barnés de Castro, la afectación a Pemex por el huachicol en forma de robo directo de crudo y combustibles durante el sexenio de AMLO se estima en 17,200 millones de dólares, mientras que la la afectación a la hacienda pública por evasión del IVA y del IEPS por el huachicol fiscal es de 11 mil millones de dólares. En conjunto, eso equivale a poco más de 500 mil millones de pesos que el Estado mexicano perdió. Tanto presupuesto como pagar un año de la pensión de adultos mayores, tres años completos de todas las Becas Benito Juárez u otro Tren Maya.
Si cabe, las consecuencias políticas son peores. La primera es que las instituciones que la sociedad tiene en mayor alta estima y que son las encargadas de la seguridad nacional y de la soberanía territorial del país, han sido dañadas en su imagen. Es cierto, como dice la presidenta, que no se puede generalizar, que no son las instituciones las que cometen un acto de corrupción o se ven involucradas en una red criminal y que hay miles de marinos y militares -de todos los rangos- con una hoja limpia en sus carreras. Lo suscribo.
Pero también es cierto que no es la primera vez que se señala a sus mandos medios y superiores en sendas corruptelas por negocios turbios. Entre ellos el tren Maya. Esta herencia también se la notarizó el ex-presidente.
Una segunda consecuencia es la relación con E.U. Una reflexión es si ese país seguirá confiando en la institución a la que siempre distinguió como su socio más fiable. Otra, si se conformarán con las 14 personas detenidas o exigirán que los señalados en sus propias investigaciones y en las indagatorias de las autoridades mexicanas sean llevados a proceso. La última es que las investigaciones y detenciones de integrantes de la Marina y de Aduanas dan visos de realidad a la narrativa que ha sembrado Trump sobre el gobierno mexicano y sus vínculos con el crimen.
Una tercera consecuencia es hasta dónde llega la trama de corrupción. Ya se ha señalado al ex-secretario de Gobernación y al ex-secretario de Marina, pero hay investigaciones que apuntan al ex-director del Centro Nacional de Inteligencia, a integrantes de la Defensa, a más de un secretario en funciones, a más de un gobernador morenista, a integrantes de la cúpula partidaria y a una decena de empresarios y pseudo empresarios. Todos, parte del legado de López Obrador, quien se volvió esclavo de sus palabras: “no hay negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente”.
Enfrenta un momento de decisión. Los extremos son dos. Puede ordenar que se siga el proceso judicial a los 14 detenidos y esperar que amaine el temporal. El problema con esta decisión es que, como han apuntado muchos analistas, todo indica que lo que se sabe hasta el momento es apenas la punta del iceberg. Saldrán a la luz más revelaciones.
Puede también aprovechar las circunstancias y mostrar que va en serio contra la corrupción o, como dicen los políticos, “tope donde tope”. No es fácil. Supondría un rompimiento con su antecesor, provocaría una ruptura al interior de Morena, ocasionaría desavenencias con las Fuerzas Armadas y se estaría enfrentando al crimen organizado.
Se dice fácil. No lo es. Lo que está claro es que la decisión que tome definirá su administración.
Por lo pronto, es necesario reconocer que la conducta de Claudia Sheinbaum en este asunto constituye un cambio notable frente a su antecesor que nunca reconoció los delitos de corrupción y, mucho menos, los persiguió.
