*Operativo en Totolapan evoca el Culiacanazo.
12.10.2026 Totolapan, Morelos.- La detención de un presunto operador criminal terminó en su liberación después de que integrantes de una organización delictiva retuvieran a tres elementos de la Fiscalía de Morelos para presionar a las autoridades.
El episodio ocurrió el lunes 12 de octubre en Totolapan y dejó al descubierto cómo una operación para capturar a objetivos prioritarios puede quedar condicionada por las amenazas contra los propios agentes.
El caso recuerda al llamado Culiacanazo de octubre de 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, después de que integrantes del Cártel de Sinaloa desataran enfrentamientos y bloqueos en Culiacán, Sinaloa. En ambos episodios, las autoridades terminaron revirtiendo una captura ante el riesgo para la población o para sus propios elementos, aunque las circunstancias y la escala de los hechos fueron distintas.
En Totolapan, el operativo fue encabezado por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, con participación de corporaciones federales. El objetivo era detener a presuntos generadores de violencia que operan en la región oriente del estado, entre ellos José David “N”, conocido como “El Güero Gym”, a quien las autoridades relacionan con el grupo denominado Pueblos Unidos.
La intervención reunió a más de 100 elementos, según informe de medios locales, y se concentró en Totolapan y sus alrededores. Durante las acciones se reportaron detonaciones de arma de fuego, enfrentamientos, vehículos y neumáticos incendiados, así como bloqueos en distintos puntos de la región. Los cierres alcanzaron accesos de Totolapan, la comunidad de Nepopulco, Santa Rosa, Yautepec y el kilómetro 88 de la carretera México-Cuautla.
La respuesta de la organización criminal incluyó la retención de tres integrantes de la Fiscalía Regional Oriente. La dependencia informó que activó protocolos para atender la privación ilegal de la libertad y priorizar la integridad de su personal. Finalmente, alrededor de las 19:35 horas del lunes, los tres trabajadores fueron liberados después de que las autoridades entregaran al detenido.
Uno de los agentes recibió un disparo y permanecía hospitalizado en condición estable, de acuerdo con la Fiscalía.
El número de personas detenidas durante el operativo presenta diferencias entre las versiones periodísticas. Mientras algunos reportes hablaron de cuatro presuntos integrantes del grupo criminal, otros señalaron que las autoridades buscaban capturar a seis objetivos. La Fiscalía confirmó la detención y posterior entrega de José David “N”, pero los detalles completos sobre la situación de los demás involucrados no quedaron establecidos de manera uniforme en la información pública disponible.
El antecedente del Culiacanazo
El 17 de octubre de 2019, fuerzas federales capturaron brevemente a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa. La operación provocó una reacción armada del Cártel de Sinaloa, con enfrentamientos, bloqueos y ataques que pusieron en peligro a habitantes y elementos de seguridad. Ante la escalada, las autoridades decidieron liberarlo para evitar más muertes.
Días después, López Obrador reconoció que respaldó la decisión. “No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, declaró entonces. El gobierno defendió la medida con el argumento de que continuar el operativo habría provocado un mayor número de víctimas.
En Totolapan, el desenlace vuelve a plantear una cuestión central para las estrategias de seguridad: qué ocurre cuando una detención desencadena represalias y los responsables de ejecutar el operativo se convierten en blanco de amenazas. La diferencia es que, en Morelos, la presión inmediata se ejerció mediante la retención de tres trabajadores de la Fiscalía y el intercambio se realizó para recuperar su libertad, mientras que en Culiacán la decisión se produjo durante una crisis armada de mayor escala que afectó a amplias zonas de la ciudad.
El episodio también expone las dificultades para sostener operaciones contra grupos criminales en territorios donde pueden organizar bloqueos y movilizar a personas para impedir el avance de las autoridades. No obstante, las circunstancias de los cierres y la participación de pobladores deben esclarecerse con pruebas, sin atribuir automáticamente a todos los habitantes responsabilidad por las acciones de la organización delictiva.
La Fiscalía de Morelos sostuvo que los hechos no quedarán impunes, pero la liberación del detenido plantea preguntas sobre la continuidad de las investigaciones, las órdenes de captura y las condiciones para volver a ejecutar acciones contra los objetivos identificados.