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24.09.2026 Oaxaca.- La dirigencia nacional y la representación de Morena en Oaxaca se desmarcaron de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, luego de que el edil fuera detenido por autoridades federales y estatales en el marco de una investigación por presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, fue detenido el miércoles 23 de septiembre durante un operativo en el Istmo de Tehuantepec. La captura fue realizada por fuerzas federales y estatales y posteriormente el alcalde fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las investigaciones señalan al presidente municipal por sus presuntos vínculos con “Los Cromos”, una estructura criminal identificada por las autoridades como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo.
La Fiscalía de Oaxaca informó que los trabajos de inteligencia atribuyen a Sánchez Altamirano participación, fomento y encubrimiento de actividades delictivas, mientras que García Harfuch señaló que las investigaciones relacionan al funcionario con una estructura dedicada, entre otras actividades, a la extorsión y cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
Tras la detención, Morena fijó postura y sostuvo que la pertenencia al partido o el desempeño de un cargo público no constituye una protección frente a las investigaciones de las autoridades.
La bancada de Morena en el Congreso de Oaxaca señaló en un posicionamiento que “ningún cargo ni adscripción política debe considerarse un privilegio ante la ley” y sostuvo que quienes incurran en actos contrarios a la legalidad deben asumir las consecuencias ante las autoridades competentes.
La dirigencia partidista y representantes de Morena en Oaxaca también respaldaron la actuación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia y plantearon que la investigación debe continuar conforme a los procedimientos establecidos.
El pronunciamiento se produjo un día después del arresto del alcalde y en medio de las reacciones políticas generadas en Juchitán, donde grupos de simpatizantes realizaron bloqueos carreteros para exigir su liberación. De acuerdo con La Jornada, se registraron cinco bloqueos que posteriormente fueron retirados.
La esposa del alcalde, Reyna Alonso Carrasco, también pidió públicamente información sobre el lugar al que había sido trasladado y los cargos que se le imputan. Afirmó que su esposo no había cometido ningún delito y solicitó medidas de protección para ella y su familia, al señalar que habían recibido amenazas.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también reaccionó a la detención y afirmó que “nadie estará por encima de la ley”. El mandatario estatal sostuvo que la seguridad de las familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés particular y afirmó que no habría excepciones, pese a la impunidad prevaleciente en este estado de homicidios y feminicidios de alcaldesas, defensoras, entre otras.
La detención ocurrió mientras Sánchez Altamirano se encontraba en funciones como presidente municipal de Juchitán. El edil había sido reelegido para un segundo periodo, correspondiente a 2025-2027, después de haber encabezado previamente el ayuntamiento entre 2022 y 2024.
Las autoridades federales señalaron que las investigaciones también involucran a otras personas. Junto con Sánchez Altamirano fue detenido Alberto de la Paz López, identificado como “La Parca”, a quien las autoridades relacionan con actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidio en la región.
En la investigación también intervino la Unidad de Inteligencia Financiera, que, de acuerdo con la información presentada por las autoridades, realizó acciones de bloqueo de cuentas relacionadas con personas investigadas.
El caso se mantiene bajo investigación y las acusaciones formuladas por las autoridades deberán seguir el proceso judicial correspondiente. La detención, por sí misma, no constituye una sentencia ni determina responsabilidad penal definitiva.