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08.08.2026 Ciudad de Mexico.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó suspender temporalmente los derechos partidistas de las diputadas locales de Puebla Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, luego de la polémica generada por expresiones consideradas discriminatorias y edadistas contra adultos mayores.
Lo que comenzó como un episodio viral derivado de un podcast terminó convertido en un expediente formal dentro de Morena, con posibles repercusiones políticas para dos diputadas que hasta antes de esta resolución mantenían abiertas sus posibilidades de participar en la vida interna del partido y en futuros procesos electorales.
La resolución representa un nuevo capítulo en el caso que comenzó a finales de julio, cuando ambas legisladoras participaron en el podcast “DesCasadas” y realizaron comentarios sobre el envejecimiento de adultos nayores que provocaron una amplia reacción pública y terminaron por convertirse en un asunto interno de Morena.
De acuerdo con la determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), la medida tiene carácter temporal mientras continúa el procedimiento sancionador iniciado contra las dos legisladoras. El acuerdo fue emitido el 6 de agosto y posteriormente notificado a través de los estrados electrónicos del órgano partidista.
La suspensión implica que Salvatori y Palomares no podrán ejercer, mientras permanezca vigente la medida, diversos derechos dentro de la vida interna de Morena, entre ellos participar en deliberaciones y votaciones partidistas, postularse a cargos internos, representar al partido o asumir responsabilidades en órganos y procesos de la organización.
El expediente corresponde al número CNHJ-PUE-552/2026 y se originó a partir de los señalamientos relacionados con las expresiones pronunciadas por las legisladoras sobre las personas mayores. La Comisión también estableció que ambas deberán abstenerse de realizar comentarios o comunicaciones que puedan ser considerados discriminatorios.
El origen de la controversia se remonta al 21 de julio, cuando durante el podcast ambas legisladoras hicieron comentarios sobre hombres mayores de 45 años. Entre las expresiones que generaron mayor indignación estuvieron referencias a que algunas personas “huelen a baúl” y “se están pudriendo”. Las declaraciones fueron difundidas posteriormente en redes sociales y desencadenaron críticas de organizaciones y usuarios que las calificaron como manifestaciones de edadismo.
La polémica no quedó únicamente en el terreno partidista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por las expresiones y sostuvo que constituían una manifestación explícita de edadismo y una forma de violencia institucional que vulneraba la dignidad de las personas mayores. El organismo llamó además al Congreso de Puebla a establecer códigos éticos que impidan discursos discriminatorios por parte de sus integrantes en espacios públicos y digitales.
El caso también alcanzó a la dirigencia nacional de Morena. Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional del partido, había planteado que las diputadas fueran sometidas a un procedimiento interno y que se suspendieran temporalmente sus derechos partidistas mientras se analizaba el caso.
La decisión adquiere especial relevancia porque inicialmente la dirigencia estatal de Morena en Puebla había marcado distancia respecto de una sanción directa. En los primeros días de la controversia, el partido en la entidad señaló que correspondía a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinar si existían elementos para imponer alguna medida disciplinaria.
Ahora, el asunto deja de ser solamente una controversia mediática y se convierte formalmente en un procedimiento dentro de la estructura de Morena. La suspensión no equivale todavía a una expulsión definitiva ni constituye por sí misma la resolución final del expediente. Se trata de una medida cautelar mientras el órgano partidista analiza el fondo del caso y determina, en su momento, si corresponde una sanción adicional.
Uno de los efectos políticos que ya comienza a discutirse está relacionado con las elecciones de 2027, mientras Nay Salvatori continúa defendiendo su postura alegando que es la diputada más “funada”.
Al encontrarse suspendidos sus derechos partidistas, las legisladoras quedan temporalmente impedidas para participar en procesos internos de Morena y para buscar una postulación bajo las reglas partidarias mientras la medida permanezca vigente. Diversas fuentes locales han señalado que, si la suspensión se mantiene o posteriormente se impone una sanción mayor, podría tener consecuencias sobre sus aspiraciones electorales.
Para Morena, el caso representa además una prueba sobre la manera en que el partido pretende hacer cumplir sus principios internos frente a conductas protagonizadas por integrantes que ocupan cargos de elección popular. Las expresiones de Salvatori y Palomares generaron particular controversia porque no se trató de militantes sin responsabilidad pública, sino de dos diputadas locales que forman parte del Congreso de Puebla y que, por su posición, están sujetas también a obligaciones vinculadas con la no discriminación y el respeto a los derechos humanos.
La reacción partidista también ocurre en un contexto en el que el edadismo ha cobrado mayor presencia en la discusión pública. Este concepto se refiere a los prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en la edad y puede afectar especialmente a las personas adultas mayores, quienes históricamente han enfrentado obstáculos para ejercer plenamente sus derechos y participar en condiciones de igualdad en la sociedad.
El episodio también abrió una discusión sobre los límites entre el humor, la libertad de expresión y el discurso discriminatorio. Las legisladoras realizaron sus comentarios dentro de un espacio digital de entretenimiento, pero el carácter público de sus expresiones y su condición de representantes populares provocaron que el debate trascendiera el ámbito de las redes sociales.
La CNHJ deberá ahora continuar con el procedimiento y garantizar a las legisladoras su derecho de defensa antes de emitir una determinación definitiva. El desenlace puede ir desde el levantamiento de las medidas hasta la imposición de una sanción partidista mayor, dependiendo de las conclusiones a las que llegue el órgano de justicia interna.
Por ahora, el mensaje político de Morena es claro: los comentarios de sus integrantes que sean considerados discriminatorios pueden tener consecuencias dentro de la organización, incluso cuando quienes los realizan ocupan cargos obtenidos mediante el voto popular.