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298.05.2026. Ciudad de México.- Con la aplanadora de la mayoría legislativa de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves la reforma constitucional conocida como “Ley Monreal”, una iniciativa que incorpora la intervención extranjera como nueva causal para anular elecciones en México.
El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, luego de una discusión de más de 15 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La propuesta fue impulsada por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y ahora será enviada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
La reforma modifica el artículo 41 de la Constitución para establecer que una elección podrá declararse nula cuando se acrediten actos de “intervención o injerencia extranjera” que influyan de manera determinante en el resultado de los comicios federales o locales, sin definir conceptos medulares como injerencia extranjera.
El proyecto plantea que la nulidad procederá cuando existan pruebas “plenas y fehacientes” de participación de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, empresas, organizaciones o personas físicas o morales con origen fuera del territorio nacional que busquen influir en el proceso electoral mexicano.
Durante el debate, Morena y sus aliados defendieron la iniciativa bajo el argumento de proteger la soberanía nacional y blindar la democracia mexicana frente a presiones externas.
Ricardo Monreal niega que haya convertido a la cámara de diputados en oficialía de partes y sostuvo que el contexto internacional y experiencias recientes en América Latina obligan a actualizar el marco legal electoral del país,dijo al abogar pie lo que se considera una iniciativa anti Estados Unidos.
“No debemos permitir que el destino de México se decida fuera de él”, afirmó el diputado del Partido Verde, Ricardo Astudillo, al respaldar la reforma en tribuna.
La iniciativa establece que serán consideradas conductas de injerencia extranjera acciones como financiamiento ilícito desde el exterior, campañas de desinformación digital, manipulación mediática, presión política o económica, propaganda extranjera, ciberataques y cualquier acto orientado a alterar la voluntad popular o afectar la autenticidad del sufragio.l y quién decidirá será el tribunal electoral a quienes les acaban de otorgar la reelección por 17 años.
El proyecto también contempla reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para armonizar las nuevas disposiciones constitucionales con la legislación secundaria.
De acuerdo con el texto aprobado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral deberán adecuar sus procedimientos para atender este nuevo supuesto de nulidad.
La oposición votó en bloque contra la reforma y acusó al oficialismo de construir una herramienta política que podría utilizarse para desconocer resultados electorales incómodos para Morena en futuros procesos electorales ante la merma en las encuestas por los escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizado del partido Morena.
La diputada priista Nadia Navarro advirtió durante la discusión que existe “ambigüedad” en los conceptos incorporados en la reforma. “Nos preocupa mucho la ambigüedad que existe en el término de intervención de individuos, de organizaciones o gobiernos extranjeros”, expresó.
Por su parte, la legisladora panista Noemí Luna acusó que la reforma podría abrir la puerta para anular elecciones bajo criterios discrecionales.
“Nadie estamos a favor de la intromisión extranjera; de lo que estamos en contra es de la ambigüedad jurídica que les permita querer arrebatar en la mesa lo que ya están previendo que no van a poder ganar en la urna”, declaró.
Las críticas opositoras se concentraron principalmente en la falta de precisión jurídica sobre qué actos específicos podrían considerarse como intervención extranjera y cómo se acreditaría legalmente su impacto en una elección.
Especialistas en derecho electoral han señalado que la reforma podría generar controversias constitucionales debido a la amplitud de los conceptos utilizados en el dictamen, particularmente en temas relacionados con propaganda internacional, posicionamientos diplomáticos, declaraciones públicas de actores extranjeros o difusión digital de información desde otros países.
La discusión de la llamada “Ley Monreal” se registra en medio de un periodo extraordinario impulsado por Morena para aprobar un paquete de reformas electorales y judiciales antes de que inicien formalmente los preparativos del proceso electoral de 2027.
En días previos, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó públicamente su respaldo a la iniciativa presentada por Monreal. Durante su conferencia matutina afirmó que en México “decide el pueblo” y consideró correcto incorporar la intervención extranjera como causal de nulidad electoral.
“Si se demuestra que hay injerencia de otros en las elecciones, pues que sea para el INE o para el Tribunal un asunto de nulidad de la elección”, declaró la mandataria federal.
Actualmente, la Constitución mexicana contempla como causales de nulidad electoral el rebase del tope de gastos de campaña, la compra ilegal de cobertura informativa y el uso de recursos públicos o de procedencia ilícita en campañas políticas. Con esta reforma, la intervención extranjera se sumaría por primera vez a ese catálogo constitucional.
El dictamen aprobado en San Lázaro forma parte de una serie de modificaciones impulsadas por Morena en materia electoral y judicial, entre ellas cambios al calendario de elecciones judiciales y nuevas reglas para la verificación de candidaturas.
La aprobación de la reforma evidenció nuevamente la capacidad del bloque oficialista para sacar adelante modificaciones constitucionales gracias a su mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aunque también profundizó el choque político con la oposición, que anticipó impugnaciones y posibles acciones legales en caso de que la iniciativa sea aprobada definitivamente por el Congreso de la Unión.