Razones.
Jorge Fernández Menéndez.
• El gobernador Cuitláhuac García se apresuró a asegurar que se trataba de asesinatos políticos atribuibles a cacicazgos locales, aunque sin ofrecer una sola prueba.
Eran las 04:41 horas de la mañana del lunes cuando el agente municipal de Cosoleacaque, Carlos Luria Martínez, estaba haciendo su recorrido de vigilancia por la carretera transístmica a bordo de la unidad SPM 22 32 23, junto con el agente José Luis Romay Prieto, cuando por radio le informaron desde el C4 local que solicitaban apoyo urgente en un domicilio ubicado en la calle Correos, esquina con Marco Antonio Muñoz. Le dijeron que se trataba de un robo a casa habitación.
Los agentes llegaron tres minutos después a la vivienda (que los vecinos describen como una verdadera fortaleza) y se encontraron con el vigilante de la empresa de seguridad privada IPAX, Víctor Trinidad Domínguez, único encargado, ese día, de la vigilancia externa de la propiedad. Víctor dijo que en el interior de la vivienda se encontraban unos hombres con armas largas y que su compañera, de la misma empresa de seguridad privada, Isabel Bretón Riberoll, encargada de la seguridad interior de la vivienda, había sido herida de bala.
Los agentes ingresaron a la vivienda y aseguraron que había impactos de arma de fuego que habían destrozado ventanas y puertas de cristal, que la vivienda estaba revuelta por dentro, pero nunca encontraron a los presuntos hombres armados. Lo que sí vieron fue los restos de dos mujeres asesinadas. Los cuerpos fueron inmediatamente reconocidos por Heliodoro Merlín Ortiz, el hermano y tío de las víctimas, se trataba de Gladys Merlín Castro, de 51 años, y su hija Carla Guadalupe Enríquez Merlín, de 28 años. Gladys había sido presidenta municipal de Cosoleacaque, candidata a diputada, responsable de los programas sociales en el estado y era una notoria dirigente priista local. Su hija pensaba seguir el mismo camino, aunque existían versiones no confirmadas de que podrían buscar candidaturas por Morena.
El gobernador Cuitláhuac García se apresuró a asegurar que se trataba de asesinatos políticos atribuibles a cacicazgos locales, aunque sin ofrecer una sola prueba. Lo cierto es que, como han señalado analistas locales, al gobernador se le están sumando los asesinatos de personajes con peso local y municipal en el estado y la impunidad sigue siendo la norma, lo mismo que sucede con un altísimo porcentaje de feminicidios.
En el caso de la exalcaldesa de Cosoleacaque y su hija hay muchos hechos extraños. Primero, a pesar de lo dicho por los agentes de la empresa privada de seguridad que protegía su vivienda, nunca se encontró a los hombres armados con fusiles de asalto, las mujeres murieron acuchilladas, degollada una de ellas, en una forma brutal. Los vecinos aseguran que sólo se escuchó un disparo esa madrugada.
La historia aparentemente es otra. El gerente de la gasolinera, propiedad de Gladys Merlín Castro, dijo que la semana pasada la exfuncionaria, acompañada con su jefe de escoltas, fue a recoger, para depositar en un banco cercano, poco más de un millón de pesos en efectivo, producto de la venta de gasolina del 5 al 7 de febrero. Según el gerente, Gladys dejó la maleta con el dinero en su camioneta, pero cuando regresó a ella, el jefe de escoltas le dijo que un grupo armado le había robado la maleta. Nadie había visto el robo. La expresidenta municipal responsabilizó del hecho a su jefe de escoltas y lo denunció, lo mismo que todos los miembros de su equipo de seguridad. Por eso Gladys tenía, el día de su asesinato, en su casa, sólo una persona externa y otra interna.
Según los informes de inteligencia, el robo de la maleta con el millón de pesos estuvo pactado con sus agentes de seguridad. Dicen que luego del robo en la gasolinera, el dinero, producto de las ventas de gasolina de este fin de semana, Gladys lo había guardado en su casa. Y que el objeto del ataque que sufrieron las dos mujeres fue el robo de ese dinero, realizado por quienes eran o seguían siendo parte de su seguridad.
Según informes policiales, las dos mujeres fueron asesinadas en cuartos que no eran sus dormitorios, pero sí el lugar en donde estaba la caja fuerte con el dinero de las ventas de gasolina. Los datos de criminalística sugieren que Gladys trató de escapar junto con su hija Carla, pero que fue jaloneada de los cabellos y degollada; Carla fue asesinada saliendo de ese cuarto. Es desconcertante, con ese escenario, que la mujer de seguridad que las acompañaba sólo recibiera un leve disparo en la mano y no pudiera ofrecer más información.
La verdadera línea de investigación pasa por los agentes de seguridad que custodiaban a Merlín Castro, tanto los que fueron acusados del robo en la gasolinera como los que estaban en la madrugada del lunes en la casa. Estamos hablando del asesinato de dos mujeres con una fuerte presencia política local, con intereses económicos y distanciadas del gobierno estatal. Estamos hablando de dos feminicidios, en un estado asolado por ellos.
Sostener, desde el gobierno estatal, que ese crimen es atribuible a los “cacicazgos”, ignorando todo lo sucedido, es, por lo menos, extraño. Y ocurre en un estado donde se repiten, insistimos, los asesinatos relacionados con la política local en distintos municipios, donde se multiplican las amenazas y la fuerte presencia de grupos criminales que, de una u otra forma, con diferentes aliados y enemigos locales, son parte del juego político y criminal. Por lo pronto, la impunidad es la norma.
