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20.04.2025.- Las autoridades de Ghana no han protegido ni han hecho cumplir los derechos humanos de cientos de víctimas de acusaciones de brujería y de ataques rituales que las obligaron a huir de su comunidad temiendo por su vida”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Branded for life: How witchcraft accusations lead to human rights violations of hundreds of women in North Ghana documenta la situación en cuatro campos informales donde las personas acusadas, en su mayoría mujeres mayores, viven actualmente sin acceso adecuado a servicios de salud, alimentos, una vivienda segura, agua potable y oportunidades económicas. Cuando Amnistía Internacional visitó estos campos, en noviembre de 2023 y abril de 2024, residían en ellos más de 500 personas.
“Las acusaciones de brujería y los abusos relacionados vulneran los derechos de cada persona a la vida, a la seguridad y a la no discriminación. Esta práctica, profundamente arraigada y extendida, ha causado un sufrimiento y una violencia incalculables. Aunque la creencia en la brujería está protegida en el derecho internacional, no lo están las prácticas nocivas derivadas de ella, y las personas afectadas por éstas necesitan protección y reparación”, declaró Michèle Eken, investigadora jefa de Amnistía Internacional.
“[Él] no me quiere [en la comunidad], por eso me acusó.”
Las acusaciones, que pueden desembocar en amenazas, ataques físicos o incluso la muerte, suelen empezar en el seno de la familia o entre miembros de la comunidad después de un suceso trágico como una enfermedad o una muerte. Las mujeres mayores que viven en la pobreza, con problemas de salud o discapacitadas son quienes más riesgo corren, así como las que no se ajustan a los estereotipos relativos a los roles de género.
En algunos casos, quienes hacen las acusaciones basan éstas en un mal sueño que han tenido sobre alguien.
Siempre planean acusarte, especialmente si trabajas duro y aún eres fuerte y te va bien como mujer.
Residente del campo de Kukuo
“Mi vecino dijo que había soñado […] que yo intentaba matarlo. No me quiere [en la comunidad], por eso me acusó”, dijo Fawza*, residente del campo de Gnani. “Me negué a que el jefe [de la aldea] se casara con ninguna de mis hijas. Un día, un niño se puso enfermo en la comunidad y el jefe me acusó”, contó Fatma*, residente del campo de Kukuo.
Otra residente de unos 60 años del campo de Kukuo dijo: “Siempre planean acusarte, especialmente si trabajas duro y aún eres fuerte y te va bien como mujer”.
Las autoridades no garantizan unas condiciones de vida dignas en los campos
Las mujeres acusadas de brujería no tienen un lugar seguro al que huir salvo unos campos, vigilados por líderes religiosos, en las regiones del norte y el nordeste de Ghana, que tienen ya más de un siglo de antigüedad.
Aunque los campos ofrecen albergue, las condiciones de vida son poco adecuadas. Alimata* tiene problemas con su alojamiento: “Tengo mi propia habitación aquí, pero hay que arreglar el tejado. Cuando llueve, cae agua a través del tejado”. Una residente de unos 80 años del campo de Kukuo no ha podido mantenerse desde que huyó de su aldea: “Extraño mucho [mi casa]. Lo tenía todo. Cosechaba nueces de karité. Ahora, si no me da de comer alguien, ¿cómo comería?”.
El gobierno no ha garantizado el acceso a alimentos suficientes, una vivienda segura y agua potable en los campos. Los servicios de salud también son insuficientes para las mujeres que tienen problemas de salud graves o en curso. Las oportunidades de subsistencia son limitadas y no hay ningún programa gubernamental de ayuda para las víctimas de acusaciones de brujería.
“Como la gente en los campos no puede valerse por sí misma, las autoridades tienen la obligación de protegerlas y ayudarlas. Pero hasta ahora no lo han hecho”, declaró Marceau Sivieude, director regional interino de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
Las acusaciones de brujería y los ataques rituales deben ser penalizados
Los testimonios señalan la inacción del Estado a la hora de establecer un entorno propicio para que se hagan investigaciones y enjuiciamientos penales de los ataques relacionados con la brujería. Esto, a su vez, contribuye a la recurrencia de las acusaciones y abusos relacionados.
Al no proporcionar un marco legal específico para abordar esta práctica nociva, las autoridades ghanesas incumplen su obligación de proteger a las víctimas.
“Las autoridades deben aprobar legislación que penalice expresamente las acusaciones de brujería y los ataques rituales, y que incluya medidas de protección para posibles víctimas”, afirmó Genevieve Partington, directora de país de Amnistía Internacional Ghana y miembro de la Coalición contra Acusaciones de Brujería, asociación creada tras el linchamiento de una mujer de 90 años en julio de 2020.
También hay que abordar las causas fundamentales
La creencia en la brujería está arraigada en varias comunidades. Limitarse a penalizar las acusaciones de brujería no resolvería el problema. Aunque las ONG y el gobierno local han puesto en marcha algunas iniciativas de sensibilización, éstas no son suficientes para combatir de forma integral los estereotipos ligados a las acusaciones de brujería.
El gobierno debe hacer una campaña nacional de sensibilización a largo plazo para cuestionar las prácticas culturales y sociales que discriminan a las mujeres y a las personas mayores.
Genevieve Partington, directora de país de Amnistía Internacional Ghana
“Pedimos la adopción de un enfoque holístico que aborde las causas fundamentales de los abusos e incluya programas de reintegración social y económica, junto con protección y reparaciones para las personas que han sufrido abusos debido a una acusación”, añadió Genevieve Partington.
“El gobierno debe hacer una campaña nacional de sensibilización a largo plazo dotado con los recursos adecuados para cuestionar las prácticas culturales y sociales que discriminan a las mujeres y a las personas mayores, incluidas las acusaciones de brujería.”
Información complementaria
Este informe se basa en investigaciones llevadas a cabo entre julio de 2023 y enero de 2025. La organización entrevistó a 93 personas acusadas de brujería que vivían en cuatro campos, de las que 82 eran mujeres, en su mayoría de entre 50 y 90 años.
Como parte de la campaña de Amnistía Internacional, se celebraron reuniones a principios de febrero de 2025 con la Fiscalía General y el Ministerio de Género, Infancia y Protección Social, que expresaron interés en la reintroducción en el Parlamento del proyecto de ley para penalizar las acusaciones de brujería y proteger a las víctimas de estas acusaciones. El proyecto de ley se reintrodujo poco después.
Amnistía Internacional entregó a las autoridades las conclusiones preliminares de este informe el 26 de febrero de 2025. En el momento de finalizar el informe, no se había recibido ninguna respuesta.
*Los nombres se han modificado para proteger la identidad de las personas en cuestión.
