*Transmutaciones.
/ Escrito por Lucía Melgar Palacios /
A cinco años de la toma de poder de los talibanes en Afganistán, las mujeres y niñas afganas siguen padeciendo la feroz misoginia de un régimen oscurantista totalitario. Pese a la evidente imposición de un apartheid de género en ese país, la clase política occidental, mundial, poco ha hecho por impedir este crimen.
Los organismos internacionales han repetido reportes, condenas y llamados a algún tipo de acción – pacífica – que obligue al régimen talibán a cesar esta represión brutal, que también afecta a hombres y a minorías étnicas y religiosas. Más allá de las sanciones, sin Estados comprometidos con principios humanos básicos, tales declaraciones se disuelven en el aire, más en el contexto de creciente racismo y autoritarismo en el mundo.
Desde agosto de 2021, cuando el gobierno de Estados Unidos abandonó el país a su suerte, el régimen talibán, extremista, escudado en una interpretación fanática y distorsionada de la ley coránica, excluyó a las jóvenes de la universidad y de casi cualquier trabajo pagado, cercenando así su proyecto personal y profesional. Poco después, les negó el derecho a estudiar más allá de la primaria, lo que afecta a 2.4 millones de adolescentes (UNESCO).
En agosto de 2024, eliminó a niñas y mujeres del espacio público con la “Ley de Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio”, que les impuso el uso de la burka, les prohíbe hablar en público, salir a la calle sin un acompañante hombre, bajo amenaza de sanciones arbitrarias.
Tampoco pueden mirar a la cara a un hombre que no sea su pariente, caminar en los parques, ir a un gimnasio o a salones de belleza… En la casa tampoco deben manifestarse: no pueden cantar ni leer en voz alta si su voz puede escucharse desde afuera. El odio a las mujeres es tal que el líder supremo ordenó no construir ventanas y tapar las existentes que den a cocinas, patios o cualquier espacio usado por las mujeres en el espacio privado.
Todas estas medidas que resultan en el enclaustramiento extremo de mujeres y niñas constituyen graves violaciones de sus derechos humanos, buscan paralizarlas y matarlas en vida. Las exponen a una degradación cotidiana real que puede llevarlas a la muerte, no sólo por pobreza y desesperación, por violencia.
El régimen, en efecto, ha autorizado el matrimonio infantil, acepta los matrimonios forzados y deja a niñas y mujeres a merced de sus maridos y parientes que pueden someterlas por la fuerza sin castigo pues ante las autoridades sólo fracturas y lesiones demostrarían violencia doméstica (imposible de denunciar desde el encierro y el acallamiento).
Feminicidios, violaciones y esclavitud sexual – documentados clandestinamente – han aumentado desde luego. La comunidad internacional aún no ha reconocido y tipificado el apartheid de género como un crimen de lesa humanidad, pero éste término ya es de uso común puesto que describe bien lo que implican todas estas medidas.
Esta ley de moralidad también afecta a los hombres pues les impone normas corporales y de vestimenta y prohíbe la música. Quienes no acaten estas medidas deshumanizantes se exponen al uso arbitrario y desmedido de la represión.
El régimen odia cualquier pluralidad: ha reprimido manifestaciones y disenso con golpes, cárcel, ejecuciones y desapariciones; ha atacado a minorías chiitas y étnicas, desplazado violentamente a poblaciones enteras.
Pese a tanta adversidad, mujeres y niñas han logrado resistir a este embate de anulación: muchas mantienen el deseo de aprender y estudian a escondidas, otras enseñan, organizaciones civiles internacionales apoyan en educación y salud a través de mujeres locales, tejen redes de solidaridad admirables. Quienes pudieron se exiliaron. Reconocer las distintas formas de resistencia no debe llevarnos a olvidar el altísimo sufrimiento personal que supone estar encerradas, ver rotos todos los proyectos de futuro y, peor, estar sometidas a la tiranía misógina del Estado y de hombres que sea provechan de ella para violentar a las mujeres y niñas.
La población afgana merece un apoyo real de la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional emitió en 2024 órdenes de aprehensión contra el líder supremo y el fiscal talibanes. ¿Quiénes la aplicarán? Se impusieron sanciones internacionales pero la condena mundial se ha diluido: Naciones Unidas aceptó dialogar con los talibanes sin presencia de mujeres; Pakistán e Irán han deportado a este infierno a millones de inmigrantes afganos, sobre todo hombres.
Alemania está en tratos con el régimen con ese fin, contraviniendo principios humanitarios y éticos en aras de “pragmatismo” políticos. Todos saben que devolver forzadamente a estas personas es exponerlas al riesgo de ser encarceladas, torturadas o asesinadas y condenar a las mujeres y niñas a la ignominia. Deportados sobrevivientes que han dado su testimonio explican que no pueden volver a sus lugares de origen ni estar con su familia para no exponerse y por tanto viven en otros lugares, sin redes personales, prácticamente en la clandestinidad.
Afganistán es el ejemplo paradigmático de las consecuencias del desprecio al derecho internacional, a los derechos humanos y a la humanidad de los “otros” y las “otras” de los más poderosos.
Con información de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, The Guardian, Women for Women International.
*Ensayista y crítica cultural, feminista
Cimac Noticias