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BPNoticias.- En México, la búsqueda de personas desaparecidas tiene un rostro claro y persistente: el de las mujeres. Madres, hermanas, esposas e hijas que, ante la ausencia de respuestas efectivas del Estado, se han convertido en investigadoras, rastreadoras y defensoras de derechos humanos. No se trata de una percepción, sino de una realidad respaldada por cifras.
Diversos colectivos y organizaciones especializadas estiman que alrededor de nueve de cada diez personas que participan activamente en las brigadas de búsqueda son mujeres.
El fenómeno se desarrolla en un país que enfrenta una de las crisis de desapariciones más profundas de su historia reciente. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México supera actualmente las mas de 112 mil personas desaparecidas desde la década de 1960, aunque la gran mayoría de los casos se han registrado a partir de 2006, cuando se intensificó la violencia vinculada al crimen organizado.
Frente a esa dimensión del problema, las familias se han visto obligadas a asumir una tarea que, en teoría, corresponde al Estado: buscar a sus seres queridos. Así nacieron los llamados colectivos de búsqueda, grupos formados por familiares que recorren oficinas públicas, revisan expedientes, organizan brigadas de rastreo y, en muchos casos, se internan en terrenos baldíos, cerros o fosas clandestinas con herramientas improvisadas.
En esos colectivos predominan las mujeres. Muchas de ellas comenzaron la búsqueda tras la desaparición de un hijo o una hija, y con el tiempo terminaron acompañando a otras familias en la misma situación.
La investigadora mexicana Karla Quintana, quien encabezó durante varios años la Comisión Nacional de Búsqueda, ha señalado en distintos foros que el movimiento de familiares buscadores en México es esencialmente femenino, tanto por su organización como por su capacidad de sostener las labores durante años.
La razón de esta presencia mayoritaria tiene raíces sociales profundas. En muchos casos, son las mujeres quienes asumen el papel de cuidadoras dentro de las familias, lo que las lleva a convertirse también en quienes encabezan la exigencia de justicia cuando un integrante desaparece. Además, numerosos hombres de esas familias deben continuar trabajando para sostener el hogar, mientras que las mujeres organizan la búsqueda.
Pero el costo de esa labor es enorme. Las buscadoras enfrentan amenazas, intimidaciones y, en algunos casos, violencia directa por parte de grupos criminales.
Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han documentado múltiples casos en los que integrantes de colectivos han recibido advertencias para abandonar las búsquedas o han sido seguidas , hostigadas y en numero creciente, asesinadas.
A ese riesgo se suma el desgaste emocional. Buscar a una persona desaparecida implica revivir el dolor todos los días, recorrer lugares donde podría haber fosas clandestinas, revisar restos humanos o participar en procesos forenses que pueden prolongarse durante años. Sin embargo, muchas de estas mujeres continúan.
Ruby Reyes, integrante de colectivos de familiares de desaparecidos, lo resume con una frase breve y contundente: “Las mujeres seguimos llorando”. Su declaración refleja una realidad compartida por miles de familias en el país.
A pesar de ello, las madres buscadoras también se han convertido en un motor de cambio institucional. Gracias a su presión constante, México cuenta hoy con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada en 2017, que creó el Sistema Nacional de Búsqueda y estableció mecanismos para la localización de personas.
También han impulsado la creación de comisiones estatales de búsqueda, bancos de datos forenses y protocolos especializados. Sin embargo, especialistas coinciden en que el problema sigue superando la capacidad institucional. Falta personal forense, existen retrasos en la identificación de restos y muchos casos permanecen sin avances durante años.
En ese contexto, los colectivos de mujeres buscadoras continúan haciendo lo que consideran indispensable: salir al campo, excavar, revisar pistas y mantener viva la exigencia de verdad y justicia.
Ellas mismas reconocen que no deberían estar haciendo ese trabajo. La búsqueda de personas desaparecidas es una responsabilidad del Estado. Pero mientras las instituciones avanzan lentamente o se ven rebasadas por la magnitud del problema, son ellas quienes sostienen la esperanza.
Porque detrás de cada búsqueda hay una historia interrumpida, una familia que espera y una pregunta que sigue sin respuesta: dónde están.
Y mientras esa pregunta siga abierta, miles de mujeres en México seguirán buscándolos.
