Mujeres migrantes: cuerpos en tránsito, derechos en disputa.

*Alguien como tú.

/ Gladys Pérez Maldonado./

Migrar nunca ha sido un acto neutral. Para millones de mujeres, desplazarse implica atravesar no solo fronteras geográficas, sino también sistemas de violencia, desigualdad y exclusión que convierten el tránsito en un territorio de riesgo permanente. En América Latina y particularmente en México, país de origen, tránsito, destino y retorno, la experiencia migratoria femenina se ha transformado en una crisis silenciosa de derechos humanos.

Las mujeres migrantes enfrentan una triple vulnerabilidad: por género, por condición migratoria y por precariedad socioeconómica. Esta intersección no es accidental, es estructural. Las expone a violencia sexual, trata de personas, explotación laboral, detenciones arbitrarias, discriminación institucional y obstáculos para acceder a salud, justicia y protección social. Según organismos internacionales, una proporción significativa de mujeres en tránsito ha sufrido algún tipo de violencia sexual durante su recorrido. El dato no es estadístico: es político.

Desde el marco jurídico internacional, sus derechos están claramente reconocidos. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención de Belém do Pará y la Agenda 2030 obligan a los Estados a garantizar protección sin discriminación. México, además, cuenta con la Constitución, la Ley de Migración y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, la brecha entre norma y realidad es abismal.

La política migratoria contemporánea ha privilegiado la contención sobre la protección. La securitización de las fronteras, los operativos de detención y la criminalización del tránsito irregular colocan a las mujeres en mayor clandestinidad. Y la clandestinidad es el terreno fértil para la impunidad. Cuando el Estado prioriza detener antes que proteger, produce más riesgo, no más seguridad.

A ello se suma la explotación económica. Muchas mujeres migran para sostener hogares, cuidar a hijos o escapar de violencias domésticas. En destino, suelen insertarse en trabajos invisibles y precarizados, doméstico, agrícola, maquila, cuidado, sin contratos, sin seguridad social y con salarios por debajo del mínimo. La economía se beneficia de su labor, pero les niega derechos. Es una paradoja ética: se necesita su trabajo, pero se les niega dignidad.

La maternidad migrante también se convierte en un campo de disputa. Separaciones familiares, detención de niñas y niños, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, partos sin atención adecuada o amenazas de deportación configuran violencias institucionales que contravienen el principio del interés superior de la niñez y el derecho a la unidad familiar.

Hablar de mujeres migrantes no es hablar de víctimas pasivas. Son agentes económicas, defensoras de sus familias, líderes comunitarias y sujetas de derechos. Pero su resiliencia no puede ser excusa para la omisión estatal. La resistencia no sustituye la justicia.

La respuesta debe ser integral. Se requieren políticas públicas con perspectiva de género: rutas seguras de tránsito, refugios especializados, acceso real a asilo, regularización migratoria, servicios de salud mental y reproductiva, mecanismos eficaces de denuncia, sanción a redes de trata y explotación, y programas laborales formales. Además, es imprescindible capacitar a autoridades migratorias y de seguridad en derechos humanos y no discriminación.

Garantizar derechos no es un gesto humanitario; es una obligación jurídica.

La manera en que un Estado trata a las mujeres migrantes revela la calidad de su democracia. Cuando se tolera que sus cuerpos se conviertan en mercancía, frontera o campo de castigo, no solo se vulneran sus derechos, se fractura el pacto social entero.

Las mujeres migran por vida, por futuro, por dignidad. Lo mínimo que corresponde es que el Estado no convierta ese viaje en una condena. Defender sus derechos no es caridad…Es justicia…