*La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a fortalecer las políticas para prevenir agresiones contra periodistas y garantizar la libertad de expresión.
*Foto: Cimac / En México, las mujeres periodistas enfrentan amenazas sexualizadas, violencia digital entre otras.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
15.09.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- La violencia contra periodistas no afecta de la misma manera a mujeres y hombres. Las periodistas pueden enfrentar agresiones con componentes sexualizados, amenazas contra su integridad física y sexual, violencia digital y campañas de desprestigio que buscan desacreditarlas por su trabajo y, al mismo tiempo, castigarlas por ocupar un espacio público.
En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a fortalecer las acciones del Estado para prevenir la violencia contra quienes ejercen el periodismo y garantizar que ninguna persona tenga que elegir entre informar a la sociedad y preservar su vida, integridad o libertad.
En el marco del Día Internacional del Periodista, el organismo sostuvo que proteger el ejercicio periodístico requiere políticas públicas capaces de atender las causas que generan las agresiones, fortalecer a las instituciones encargadas de investigar y garantizar justicia.
Pero para las mujeres periodistas, esta protección también requiere reconocer que las agresiones pueden tener características e impactos diferenciados debido a las desigualdades de género que persisten en el ejercicio de la libertad de expresión.
Mujeres periodistas enfrentan violencia por informar
En México, las agresiones contra periodistas también tienen una dimensión de género que requiere ser visibilizada. Los registros documentados por CIMAC muestran la magnitud y las características de esta violencia contra las mujeres que ejercen el periodismo.
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de septiembre de 2026, CIMAC documentó 530 agresiones y ataques contra mujeres periodistas. De acuerdo con este registro, 364 agresiones, equivalentes a 68.7 por ciento, ocurrieron contra periodistas de medios digitales, mientras que 389 correspondieron a violencia psicológica y 97 a violencia física.
Los datos también permiten identificar quiénes ejercen estas agresiones. Entre los principales agresores se encuentran funcionarios estatales, con 115 casos registrados, lo que evidencia que los riesgos para las periodistas no provienen únicamente de actores criminales o particulares, sino que también pueden involucrar a autoridades.
La violencia contra las mujeres periodistas puede buscar no sólo impedir la publicación de una información, sino también desacreditarlas, intimidarlas y cuestionar su legitimidad para ocupar el espacio público. Las agresiones psicológicas y físicas, así como aquellas dirigidas contra quienes trabajan en medios digitales, forman parte de un contexto que puede producir miedo, autocensura y afectaciones a su ejercicio profesional.
Estos datos muestran la necesidad de que las políticas de prevención y protección para periodistas incorporen una perspectiva de género. No basta con garantizar seguridad física: también es necesario reconocer las formas específicas de violencia que enfrentan las mujeres por ejercer su derecho a informar y establecer mecanismos adecuados para prevenirlas, atenderlas e investigarlas.
En este contexto, el llamado de la CNDH a modificar las condiciones que producen la violencia contra periodistas adquiere una dimensión particular cuando se trata de mujeres. Garantizar la libertad de expresión implica también asegurar que ellas puedan investigar, cuestionar a los poderes públicos y difundir información sin que su género sea utilizado como una herramienta para silenciarlas.
Violencia digital y sexualización para silenciar
Una de las particularidades de la violencia contra mujeres periodistas es que los ataques pueden dirigirse no sólo contra su trabajo, sino contra su condición de mujeres.
Amenazas de carácter sexual, comentarios misóginos, difusión de imágenes manipuladas, deepfakes sexuales, acoso y campañas para cuestionar su reputación son algunas de las formas mediante las cuales se busca intimidarlas o expulsarlas del espacio público.
En enero de 2025, por ejemplo, ARTICLE 19 documentó el caso de la periodista Adriana Pineda, quien recibió amenazas de violencia física y sexual a través de redes sociales. La organización también registró agresiones digitales previas, entre ellas mensajes violentos y sexistas y la utilización de imágenes sexuales falsas generadas mediante inteligencia artificial.
ARTICLE 19 señaló que este tipo de violencia puede tener un efecto intimidatorio que busca provocar miedo, silencio y retiro del espacio público, además de desacreditar profesionalmente a las periodistas.
La expansión de herramientas de inteligencia artificial añade nuevos riesgos. La UNESCO ha advertido que tecnologías como los deepfakes pueden utilizarse para atacar la imagen, credibilidad y seguridad de las mujeres periodistas.
Proteger a periodistas también es proteger el derecho a informar
La CNDH señaló que la obligación del Estado no puede reducirse a establecer mecanismos de protección para periodistas.
De acuerdo con el organismo, es necesario atender las condiciones que permiten que la violencia persista, fortalecer las instituciones encargadas de investigar y garantizar la participación de los distintos niveles de gobierno, organizaciones sociales y medios de comunicación.
Para las mujeres periodistas, una política de protección efectiva debe considerar estas violencias diferenciadas y no limitarse a responder cuando la agresión ya ocurrió.
Esto implica incorporar perspectiva de género en la prevención, investigación y atención de los casos, así como reconocer que una amenaza sexual, una campaña de desprestigio basada en estereotipos de género o un ataque digital pueden tener consecuencias concretas sobre la seguridad y el ejercicio profesional de una periodista.
El derecho a informar también es un derecho de las mujeres
La CNDH sostuvo que proteger el periodismo libre significa proteger el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre, cuestionar decisiones de quienes ejercen el poder y participar en la vida democrática.
Desde esta perspectiva, las agresiones contra mujeres periodistas no afectan únicamente a quienes las reciben. Cuando una periodista es silenciada, amenazada o expulsada del espacio público por ejercer su trabajo, también se reduce la diversidad de voces disponibles para la sociedad.
Garantizar que las mujeres puedan informar sin miedo implica, por tanto, reconocer las violencias específicas que enfrentan y construir mecanismos de protección capaces de responder a ellas.
La libertad de expresión no se garantiza únicamente permitiendo que las periodistas publiquen. También requiere que puedan investigar, cuestionar y ocupar el espacio público sin que su género sea utilizado como una herramienta para intimidarlas, desacreditarlas o silenciarlas.
En el marco del Día Internacional del Periodista, la CNDH informó que ha fortalecido su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, desde el cual brinda atención, asesoría y acompañamiento las 24 horas del día, los 365 días del año.
Para el organismo, defender el periodismo libre significa proteger un derecho colectivo: el derecho de la sociedad a estar informada.
Para las mujeres periodistas, esa defensa también implica garantizar que ejercer ese derecho no signifique enfrentar una violencia adicional por el hecho de ser mujeres.