*Escrito por Arantza Díaz .
22.12.2024 /Cimac Noticias.com/ – Ciudad de México.- 37 mujeres periodistas, abogadas y defensoras de derechos humanos, así como la familia del periodista víctima de homicidio Francisco Pacheco, han solicitado al Estado mexicano, urgente protección para ejercer libres de violencia, así como contener la crisis de desplazamiento forzado interno y en respuesta, la Presidencia de la República ha atendido de manera expedita la solicitud, comprometiéndose a gestionar la solicitud de apoyo y derivar al organismo público competente.
En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum; Rosa Icela Rodríguez titular de la Secretaría de Gobernación y a Tobyanne Ledesma, directora del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las defensoras suscriben que la violencia las ha alcanzado con mayor recrudecimiento en los últimos años colocándolas en una posición de extrema vulnerabilidad y, en algunos casos, bajo circunstancias de desplazamiento forzado derivado de amenazas de muerte y agresiones.
Las periodistas y defensoras reconocieron que, la apuesta política por la paridad ha permitido a las mujeres ocupar espacios de toma de decisión, entre ellos, el ascenso de una mujer al Poder Ejecutivo, una victoria que, si bien celebran como una deuda histórica que urgía saldar, tampoco se olvida que, para que el discurso de «llegamos todas», también se deben contar a las mujeres periodistas, defensoras, abogadas y madres; no olvidarlas, ni desprotegerlas.
Las 37 mujeres y la familia Pacheco (Verónica, Priscilla, Ali y Paloma) están actualmente bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos que pertenece a la Secretaría de Gobernación, por el inminente riesgo que afrontan, sin embargo, como se ha advertido en otros casos, como el de Lourdes Maldonado, quien, pesar de contar con protección por parte del Estado y la palabra del mismo López Obrador de darle seguimiento a su caso, fue asesinada en 2022.
Con esto, se infiere que estar bajo la mira del Mecanismo de Protección, no las hace garantes de seguridad y tampoco, de la protección suficiente para, volver a sus estados de origen o desempeñar su trabajo sin miedo, como el caso de Myrna Gómez, periodista desplazada de Guanajuato.
Agresiones registradas contra mujeres periodistas y defensoras
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), hasta ahora, se tiene registro de 51 defensoras en desplazamiento forzado; una periodista en exilio; seis periodistas y cuatro defensoras desaparecidas, así como 17 periodistas víctimas de feminicidio.
CIMAC registró que, en 2022 la Ciudad de México y Guerrero son las entidades que menos han garantizado condiciones para que las periodistas puedan continuar en su estado. El resto de los casos con mayor incidencia se registran en Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
Se trata de reporteras que hacían coberturas de la fuente política, corrupción y crimen organizado. Sus proyectos periodísticos que se ven pausados o suspendidos de manera definitiva. En los casos donde se han podido identificar, los agresores son funcionarios a nivel municipal y estatal.
Se debe atajar que, la última semana de noviembre pintó como particularmente violenta, registrando CIMAC las agresiones cometidas en contra de la periodista Elizabeth Rodríguez Ledezma suscitadas en Tehuacán, Puebla el 27 de noviembre.
Así como la amenaza de muerte recibida por la periodista Yohali Reséndiz el 28 de noviembre en el estado de Morelos y finalmente, la tentativa de homicidio en contra de Victoria García en Montemorelos, Nuevo León acontecido el primero de diciembre cuando fue víctima de un ataque armado directo cuando conducía a casa tras una cobertura.
La condición de género y la defensa de los derechos humanos
En la carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, las periodistas, abogadas y defensoras recordaron que su trabajo contribuye enormemente a la sociedad, sin embargo, esta también debe ser entendida desde una mirada de género que responda a las necesidades de las mujeres periodistas.
En este sentido, se ha solicitado una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez a fin de que se pueda dar seguimiento al cumplimiento cabal de los planes de protección emitidos por la Junta de Gobierno; el seguimiento a cada una de sus situaciones de riesgo así como verificar el funcionamiento de los mecanismos o instancias estatales creadas para la protección de periodistas y personas defensoras; reconocer a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos y finalmente, entablar un diálogo sobre la condición de género que agrava los ataques cometidos contra las periodistas, abogadas y defensoras de nuestro país.
Hay que acotar que en México no existe ningún Mecanismo que brinde protección y atienda, con un enfoque de género, las necesidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Tanto la Ley Federal para la Protección y Fomento de la Actividad Periodística, el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la CNDH y el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas carecen de un manual que contenga herramientas como la interseccionalidad y que reconozca el enfoque diferenciado de las agresiones en razón de género.
A nivel regional, es Colombia el único país que ha creado un fondo federal llamado «No es hora de callar» y que pretende ser un proyecto de prevención, atención y protección exclusivo para mujeres periodistas, contemplando cuestiones como el trabajo de cuidados, la maternidad, las agresiones sexuales, violencia digital, acoso y demás interseccionalidades necesarias que tienen el poder de blindar a sus mujeres periodistas y defensoras.
De esta manera, la carta firmada por estas 37 mujeres, la familia Pacheco, así como por Article 19, la Red Nacional de Periodistas, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Reporteros sin fronteras, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, Consorcio Oaxaca, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Comunicación e Información de la Mujer AC, ha llegado a manos de gobernación y pendiente, quedará observar el seguimiento correspondiente.
