*Escrito por Wendy Rayón Garay .
18.05.2025./CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El pasado 29 de febrero de 2024, un grupo de mujeres rarámuris de las Coloradas de la Virgen, zona situada en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, ganaron un amparo contra el Estado mexicano en el que se ordenaba garantizar su retorno a su lugar de origen después de ser desplazadas; sin embargo, aún no se han cumplido los requerimientos para una vida digna y tampoco han logrado volver a su hogar.
De acuerdo con Yudivit González de la organización Alianza Sierra Madre (ASMAC), en entrevista para Cimacnoticias, el amparo 1870/2023 que les otorgó la jueza del décimo Distrito en Chihuahua, un logro en conjunto con el Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (CEDEHM), consistía en detener el desplazamiento de las familias rarámuris del territorio Coloradas de la Virgen que se estuvieron llevando a cabo desde el 2018 y proporcionar condiciones para un retorno digno de sus comunidades.
Anteriormente, desde el momento en que las familias fueron desplazadas tuvieron que quedarse en refugios en condiciones de hacinamiento, por lo que también solicitaron a las autoridades estatales y federales cumplir con el plan de protección para garantizarles asistencia humanitaria, derechos sociales y medidas estructurales.
Cuando iniciaron los trabajos de reubicación, las familias fueron enviadas a viviendas de la ciudad, siendo que al pertenecer a la comunidad rarámuri de la Sierra Tarahumara necesitan espacios para sembrar, ya que de esa actividad económica logran subsistir. Según comentó Yudivit González, esto incumple con la perspectiva cultural que necesitan y que estipuló en el amparo.
Una de las primeras barreras con la que tropiezan es el del idioma, ya que solo hablan rarámuri. Aunque unas pocas suelen entender el español no se desenvuelven con él para comunicarse. También tuvieron dificultades con la movilidad dentro de la ciudad al estar sus familias ubicadas lejos de otras, lo que les imposibilitaba mantener la comunicación y el acompañamiento entre la comunidad.
Las infancias y adolescencias se quedaron sin acceso a la educación, Yudivit González apuntó que no se tomó en cuenta que las escuelas donde estudiaban se encontraban localizadas cerca de sus casas en las Coloradas de la Virgen, situada en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, por lo que algunos tuvieron que adaptarse al cambio de sedes.
«Esta situación han logrado ir sorteando, pero por sus propios medios Y también un poco con el acompañamiento de la organización de Alianza Sierra Madre y obviamente del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres» -Yudivit González de la organización ASMAC.
Algunos de los retos para las mujeres rarámuris han sido frenar la trasmisión de conocimientos ancestrales -como el idioma, las tradiciones y los rituales- a las generaciones más jóvenes, una labor que, por costumbre, recae sobre ellas al encargarse del trabajo de cuidados. La interrupción de esta tarea se dio gracias a que tuvieron que integrarse al mercado laboral a través de otras formas de empleo que aprendieron a desarrollar.
Para las mujeres de la comunidad, enfrentarse a las reubicaciones en estas condiciones ha sido complicado, ya que sufren de una doble discriminación: por su género y por pertenecer a una comunidad indígena. Yudivit González afirmó que, ellas enfrentan el tema de discriminación paralelamente al de machismo causando que queden en situación de vulnerabilidad.
La resistencia de las defensoras rarámuris
Desde el pasado 2 al 4 de mayo, mujeres rarámuris y sus familias de distintas comunidades de la Sierra Tarahumara hicieron un plantón ‘Encuentro de Personas Desplazadas’ fuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua como una forma de manifestación y exigieron un retorno digno y seguro a sus lugares de origen. Se trata de familias que fuerzo desplazadas hace 2, 6 o incluso hasta 15 años atrás y que la inseguridad de la región les ha impedido volver a su hogar.
A través de una carta enviada a la gobernadora de Chihuahua, María Elena Campus Galván -firmada por Alianza Sierra Madre, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Colectivo Un Nuevo Amanecer, Uno de Siete Migrando y Consultoría Técnica Comunitaria- describieron las problemáticas a las que se enfrentan derivado de su condición de desplazados y le solicitaron convocar a colectivos y organizaciones para una reunión de trabajo no mayor a 15 días posteriores al plantón.
«En esta reunión se espera que estén presentes las y los titulares de las siguientes dependencias: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Salud, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Secretaría de Educación y Deporte, Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Fiscalía General del Estado, Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, Comisión Estatal de Vivienda, Desarrollo Integral de la Familia, Servicio Estatal de Empleo, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas»
Sin embargo, a 11 días del comunicado, ninguna de las autoridades mencionadas, ni la gobernadora se han puesto en contacto con las comunidades de la Sierra Tarahumara o las organizaciones que llevan sus casos abonando al panorama de descuido y olvido por parte del Estado.
Los desplazamientos en la Sierra Tarahumara
De acuerdo con el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara Territorio de los Pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama (Pima) y Warijó, las concesiones mineras del 2023, se cuenta con un registro en la región Tarahumara de mil 257 concesiones, que incluyen las concesiones de exploración y explotación. Cubren una superficie de 978 mil 091 hectáreas, con una superficie mínima de .005 hectáreas y una máxima de 111 mil 701 hectáreas.
En tan solo los últimos 10 años, ya se han instalaron más de cincuenta empresas mineras extranjeras gracias al alto potencial para extraer oro y plata. A su vez, los territorios indígenas, ubicados en los municipios de Guazapares, Urique, Uruachi y Ocampo, se ven severamente afectados por la fuerte agresión ambiental, resultado de la explotación de megaproyectos.
Ahora la Sierra Tarahumara es un espacio que alberga a una población de 262 mil 533 habitantes y 135 mil 702 habitantes de los pueblos ralámuli, ódami, oichkama, y warijó en los hogares de la región, según señala el censor 2020 del INEGI. Al contar con ecosistemas variados y ser rico en recursos naturales, provoca que el territorio sea perseguido por intereses privados accionado el desplazamiento forzado de estas comunidades.
Según apuntó Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, en su informe preliminar, en México son más las mujeres que los hombres en situación de desplazamiento forzado. La gran mayoría de ellas se convierten en las encargadas de las labores de cuidado, ya que se movilizan con toda la familia.
En diciembre de 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que el censo nacional de personas desplazadas por la inseguridad pública y la violencia en México ya había superado los 264 mil 400 registros entre 2015 y 2020. La Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) del INEGI, estimó que en más de 320 mil hogares hubo un cambio de residencia en este periodo, representando un aumento del 40% frente a los años anteriores.
Los estados en donde se han dado el mayor número de desplazamientos masivos entre agosto de 2024 son: Chiapas con 1,500 personas, Michoacán con 660 personas, Sinaloa con 650 personas (principalmente de personas indígenas), Michoacán con 660 personas y Chihuahua con 300 personas. En este último, el desplazamiento sucedió desde cuatro pueblos del municipio de Guadalupe y Calvo. La población se vio obligada a huir a Sinaloa, el norte de México y otros permanecieron en escuelas locales durante una semana, según reportó ACNUR.
El primer desplazamiento de mujeres defensoras rarámuris se dio en 2014 y el segundo en 2018 por la defensa de su territorio provocando que en 2022 ingresaran al Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos ante el incumplimiento del Plan de Protección aprobado por la Junta de Gobierno en noviembre de ese mismo año.
Uno de los eventos que provocó la inseguridad en el territorio fue el asesinato del abogado Julián Carrillo en el 2018, quien era líder y autoridad tradicional de Coloradas de la Virgen. Se encargaba de los procesos jurídicos que la comunidad interponía ante los tribunales por la explotación forestal, del agua, del bosque, de la vida terrestre y otros recursos. Tras su muerte el 24 de octubre de 2018, la población quedó desprotegida y amenazada.
El amparo ganado en febrero de 2024 también exigía que se atendiera la situación de violencia en la comunidad, sobre todo porque algunas mujeres rarámuris continuaron viviendo en las Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara para continuar defendiendo el territorio: «Es mucho más complejo, corren más riesgos», mencionó Yudivit González
