HORA LIBRE
Álvaro Belin Andrade
La región del Totonacapan, donde este martes el gobierno veracruzano desplegó a fuerzas policiacas y equipos de la SIOP para restablecer los caminos dañados por las fuertes lluvias, mantiene los altos niveles de violencia política sin que nadie parezca querer atender el problema.
La tarde del lunes fue atacada a balazos Silviana Rodríguez Martínez, regidora segunda del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora. Un comando de motociclistas armados balaceó su camioneta mientras viajaba, alrededor de las 14:30 horas, de Tecolutla a su municipio.
Según reportes de medios informativos regionales, logró evadir el ataque gracias a que el conductor del vehículo elevó la velocidad dejando a los sicarios en el camino. La camioneta mostraba màs de ocho impactos de bala, pero ambos lograron salir ilesos.
Cuando llegaron al filtro de sanidad instalado en la carretera federal, a la altura del Club de Pesca, solicitaron apoyo de autoridades policiacas; elementos de Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Publica salieron a la búsqueda de los gatilleros pero no pudieron localizarlos.
No es un caso aislado. El jueves 5 marzo pasado, en Hora Libre, me referí al asesinato en Gutiérrez Zamora del empresario José Ramón Pérez Cano, segundo dirigente local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en sufrir los efectos de la violencia criminal y política que sufre la región del Totonacapan.
José Ramón Pérez Cano, por cierto, era el esposo de la regidora atacada este lunes, lo que indica la nula protección del gobierno morenista para asegurar su integridad física, pese a estar involucrada en un caso evidente de violencia política.
Antes que él, Francisco Riaño Santés, comerciante y dirigente de ese partido, fue ultimado a balazos el 5 de noviembre de 2018. Riaño Santés había ido a comer al restaurant La Galera cuando llegaron sujetos armados a bordo de vehículos con la intención de secuestrarlo, sin embargo, el político lugareño opuso resistencia y fue cuando los agresores le dispararon en cuatro ocasiones dejándolo mal herido. Más tarde perdió la vida.
El crimen de José Ramón Pérez Cano tuvo similar modus operandi: ocurrió en el interior de un taller mecánico a la entrada de la ciudad, a donde había llevado su camioneta para ser revisada. Hasta el interior del taller llegaron sujetos armados que dispararon contra él sin que tuviera oportunidad de repeler la agresión.
Ahí lo dejaron herido. Cuando llegaron técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja solo confirmaron su deceso; elementos de la Fuerza Civil arribaron más tarde solo para acordonar la escena del crimen, con el apoyo de personal del Ejército, mientras que agentes de la Fiscalía Regional tomaron conocimiento de lo sucedido y ordenaron el envío del cadáver al Servicio Médico Forense.
Pérez Cano era considerado el virtual candidato a la presidencia municipal de Gutiérrez Zamora para 2021 por el PVEM, partido aliado a Morena, mientras que su viuda actualmente se desempeña como regidora del ayuntamiento.
Bajo fuego, políticos del norte de Veracruz
Los delitos de alto impacto ocurridos en esta región no solo están relacionados con grupos criminales; varios ostentan tintes políticos, derivado de cacicazgos en confrontación, verdaderas mafias que buscan extender su dominio por la sierra totonaca y la costa norte de Veracruz, hasta Poza Rica, algunos de los cuales han sido protegidos por el PRI, el PAN y el PRD, pues constituyen reservas de votos en las comunidades indígenas sometidas por grupos de pistoleros a sueldo, y hoy están incursionando en Morena.
Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se contabilizaron tres asesinatos políticos ocurridos en Poza Rica, cuyas víctimas tenían carreras políticas en la región.
El 17 de mayo de 2017 fue asesinado a balazos Erasmo Sosa Garza, en ese momento director del Consejo Municipal del Deporte del ayuntamiento de Poza Rica, jubilado de Pemex y presidente del equipo de futbol de tercera división Petroleros de Poza Rica.
El 3 de agosto de ese mismo año fue asesinado a tiros cuando salía de un bar Sergio Tremari Gaya, operador político del PRD en Papantla; su hermano Octavio fungía como secretario del ayuntamiento de Papantla, y ambos eran hijos del exalcalde Arturo Tremari Blanno. Como autor material del homicidio fue detenido Andrés “N”, alias “El Cinco”, presunto miembro del grupo delictivo 35-Z.
Doce días después, el 15 de agosto, fue ultimado a balazos Armando Violante Herrera, excandidato panista a la alcaldía de Coatzintla y quien ya había sido secuestrado un año antes; fue asesinado por tres pistoleros en el restaurant de un hotel y, junto con él, murió su hijo Armando Violante Orta y su escolta.
Con Cuitláhuac García han seguido los atentados políticos
Apenas el 26 de febrero, en Gutiérrez Zamora, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez prometió que los homicidios registrados en esta zona no quedarían impunes y se comprometió a reforzar las medidas de seguridad en la región.
En esa ocasión se reunió con el alcalde Wilman Monje Morales, a quien seis días antes le habían asesinado a su secretario particular Alberto Cancino Álvarez al llegar a su domicilio.
Cancino Álvarez, de 27 años, era hijo de la empresaria Carmina Álvarez y en fechas recientes, a través de las redes sociales, había sido “destapado” como posible candidato a la alcaldía para el próximo proceso electoral por Movimiento Ciudadano, aunque él mismo lo negó.
El joven exasesor del alcalde Wilman Monje Morales recibió varios impactos de bala en el brazo izquierdo, torso y espalda, que habrían alcanzado órganos vitales.
Cuitláhuac dijo entonces: “Buscamos generar bienestar y devolverle la confianza a la ciudadanía, por lo que hoy anuncio que durante esta administración las corporaciones policiales no tendrán pacto con ningún grupo delictivo, no pactaremos con nadie”.
No debemos olvidar el asesinato de la periodista Marìa Elena Ferral en Papantla, el 30 de marzo pasado.
Hasta el momento no hay informes de que la Fiscalía General de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, haya esclarecido ninguno de estos hechos violentos; es posible que ni siquiera estén en su agenda.
Panistas, la oposición más aventajada rumbo a 2021
Aunque tendrán que dirimir una dura batalla entre los actuales dirigentes estatales y el poderoso grupo que comanda Miguel Ángel Yunes Linares, el Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz muestra más músculo político rumbo a los comicios locales de 2021 que un antaño poderoso PRI que amenaza con claudicar a los encantos de Morena, ya desplegados desde el altiplano, donde su dirigente nacional, Alito, hace tiempo que ha trocado su apodo por Amlito.
Mientras el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, sigue entrampado en debatir sobre el supuesto endeudamiento del gobierno morenista, cuyo titular de Sefiplan debe pitorrearse cuando la Secretaría de Hacienda le reconoce como uno de los estados que más han disminuido la deuda pública, su contraparte del PAN, Joaquín Guzmán Avilés pega de hit con señalamientos sobre actos de corrupción en el sector salud.
Marlon parece estar casado con los informes de quien fuera pésimo director del IPE en el gobierno de Yunes Linares, Hilario Barcelata, quien seguramente recibe buenos dividendos ofreciéndole baratijas supuestamente académicas en que acomoda los números de manera que el jarocho salga a hacer el ridículo, con cuadros y esquemas elaboradas seguramente por becarios explotados por el economista de la UV.
Este lunes, en cambio, el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, ha anunciado que su partido analiza presentar una denuncia penal por la asignación de contratos al “dedazo”, por parte del titular de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), Roberto Ramos Alor.
El famoso Chapito, quien por cierto acaba de recibir un duro revés por parte de la mayoría de la bancada de su partido en el Congreso local, que por instrucciones de Yunes aprobó los magistrados propuestos por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, señaló que la Secretaría de Salud ha beneficiado por “dedazo” a la empresa Servicios Estrella Azul de Occidente, SA de CV, propiedad de su homólogo, el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren.
De acuerdo a documentos obtenidos de la propia SESVER, hace unas semanas la empresa de Petersen Aranguren obtuvo el contrato número 83/2020, por un monto de 5 millones 44 mil 942 pesos, que se pagarán mensualmente por concepto de Servicio Subrogado de Lavandería de la Red Hospitalaria de Veracruz.
La empresa jalisciense ofrecerá los servicios de lavandería en el Centro de Salud de Alto Lucero, el Instituto Veracruzano de Salud Mental Rafael Velasco Fernández, el Hospital Regional de Xalapa Luis F. Nachón, el Centro Estatal de Cancerología, el asilo Sayago, el Hospital General de Tarimoya, el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y el Hospital General de Boca del Rio.
Servicios Estrella Azul de Occidente, SA de CV fue beneficiada por adjudicación directa, por excepción de Ley, con lo que se viola la Ley de Adquisiciones del Estado de Veracruz, que no permite la entrega de contratos directos por cifras mayores a 101 mil pesos.
Joaquín Guzmán Avilés acusó que el gobierno de Morena “ha estado haciendo las compras en medicamentos, utilizando servicios, sin licitaciones, fuera del marco legal», y añadió:
“Según Morena está luchando contra todo lo que se hacía fuera de la ley, ellos lo están haciendo todavía más todavía. Vemos con tristeza que no hay licitaciones, que están dándole a sus cuates las asignaciones de los recursos. Vamos a revisar los temas a fondo y, si es factible, vamos a realizar la denuncia penal ante las instancias correspondiente».
Otro partido que, pese a su debilidad, puede ser importante como oposición en algunos distritos y municipios que estarán en pugna el año próximo es Movimiento Ciudadano, y ya sabemos que el PRD, que acaba de renovar sin problemas a su dirigente estatal en la persona de Sergio Cadena Martínez, exalcalde de Catemaco, solo podrá recuperar cierta presencia si le apuesta a romper con los grupos en pugna en su interior.
Polvo de gis
En Martínez, cervezas calientes y ánimos fríos… Casi seis meses llevan cerrados los bares, cantinas y piqueras en Martínez de la Torre. Este lunes, los dueños de esos negocios fructíferos, sobre todo en un ambiente caluroso, salieron al parque central a manifestarse para que la autoridad municipal, encabezada por Pepe de la Torre, les permita abrir aplicando medidas preventivas. Junto con los dueños acudieron quienes trabajaban en más de 40 sitios y que hoy, sin ningún apoyo de las autoridades estatales y municipales, están desempleados. Lo grave es que, mientras los negocios reconocidos están cerrados, proliferan los bares clandestinos con el consentimiento o la permisividad de las autoridades municipales que, según denuncias, han abierto una tesorería alterna, incontrolada, para recibir cuotas ilegales como en los tiempos de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Los propietarios de bares están desesperados, como en todo el estado: los que no han cerrado definitivamente, siguen acumulando deudas, pues deben pagar renta, impuestos, permisos y servicios. Los pequeños empresarios llevaron pruebas de los lugares que siguen laborando clandestinamente con el consentimiento de la autoridad, y ha anunciado que este viernes 14 de agosto abrirán sus negocios pese a la prohibición porque ya no aguantan más… y hay un pueblo sediento.
Frases sin disfraces
“El oportunista que no sirve para nada siempre hechiza a la chusma”. Eurípides
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