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23.07.2026. Minatitlán, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, sostuvo que las solicitudes de declaración de procedencia promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra dos alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano obedecen exclusivamente a investigaciones ministeriales y no a una estrategia con motivaciones políticas.
La mandataria estatal fue entrevistará este jueves, durante una gira de trabajo en Minatitlán, sobre los señalamientos realizados por la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, que acusó al gobierno veracruzano de utilizar a la Fiscalía para presionar a autoridades municipales de oposición.
En respuesta, Nahle evitó profundizar sobre los expedientes abiertos y afirmó que será la propia Fiscalía la instancia encargada de informar sobre el avance de las investigaciones. “No voy a opinar hasta que lo haga la Fiscalía Estatal, quien lleva las investigaciones correspondientes”, declaró al concluir el acto público.
Las solicitudes de desafuero fueron presentadas por la Fiscalía General del Estado ante el Congreso de Veracruz contra los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos postulados por Movimiento Ciudadano. Dos casos entre varios en todo el país.
El procedimiento busca retirarles la inmunidad procesal para que puedan enfrentar investigaciones por presuntos hechos constitutivos de delitos.
De acuerdo con la legislación veracruzana, corresponde al Congreso local analizar las solicitudes de declaración de procedencia. En caso de que el pleno apruebe retirar el fuero a alguno de los servidores públicos, la Fiscalía podrá continuar el proceso penal correspondiente, sin que ello implique de manera automática una sentencia o declaración de culpabilidad.
La postura de la gobernadora surge después de que Movimiento Ciudadano denunciara públicamente lo que calificó como una ofensiva política contra autoridades municipales de ese partido. La dirigencia estatal aseguró que las acciones emprendidas por la Fiscalía buscan debilitar a gobiernos de oposición, una acusación que el Ejecutivo estatal rechazó.
Nahle insistió en que las instituciones encargadas de procurar justicia deben actuar con autonomía y conforme a las pruebas que integren las carpetas de investigación, evitando convertir los procedimientos legales en un debate político.
El caso ha cobrado relevancia porque ocurre en un contexto de confrontación entre fuerzas políticas en Veracruz, donde Movimiento Ciudadano ha denunciado en distintas ocasiones supuestas presiones contra algunos de sus representantes municipales, mientras el gobierno estatal sostiene que en la entidad no habrá excepciones en la aplicación de la ley.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha hecho públicos los detalles de las investigaciones que motivaron las solicitudes de desafuero, por lo que se espera que en los próximos días informe sobre los delitos que se imputan a ambos alcaldes y el estado procesal de los expedientes.
Entretanto, el Congreso de Veracruz deberá dar trámite a las solicitudes conforme al procedimiento previsto en la legislación local.