*Astrolabio Político.
/ Por: Luis Ramírez Baqueiro /
“Nada nos asemeja tanto a Dios como las obras buenas”. – San Gregorio de Nisa.
Hay decisiones de gobierno que no generan aplausos inmediatos porque no se traducen en una obra monumental, una fotografía espectacular o un discurso incendiario. Sin embargo, existen acciones cuya trascendencia histórica termina por modificar el destino financiero y administrativo de generaciones enteras. Eso acaba de ocurrir en Veracruz.
La gobernadora Rocío Nahle García consiguió lo que pocos mandatarios estatales siquiera se atreven a intentar: construir un acuerdo político y financiero con 199 ayuntamientos para poner fin a uno de los esquemas más cuestionados, pesados y dañinos para las finanzas municipales veracruzanas, la llamada bursatilización heredada desde tiempos del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.
La dimensión del logro no debe minimizarse. En un país donde la mayoría de los gobiernos estatales han optado por abandonar a los municipios bajo la lógica del “arréglense como puedan”, Veracruz parece comenzar a caminar en sentido contrario. Lo ocurrido este miércoles en el Congreso local no es un trámite administrativo cualquiera; representa el cierre político y financiero de una pesada losa que durante casi dos décadas asfixió el desarrollo municipal.
Los datos son demoledores. Municipios completos quedaron atrapados en un esquema que comprometía participaciones federales, reducía márgenes de maniobra y obligaba a muchas administraciones a destinar recursos excesivos al pago de una deuda que, en algunos casos, terminó costando hasta tres veces más de lo originalmente contratado. La bursatilización terminó convirtiéndose en una cadena perpetua financiera para decenas de alcaldías.
Por eso resulta particularmente relevante que los 199 municipios involucrados hayan aprobado de manera voluntaria adherirse al plan impulsado por Nahle García. El mensaje político es contundente: hubo operación, convencimiento, negociación y coordinación institucional. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que las actas de Cabildo fueron entregadas y respaldan la estrategia mediante la cual el Gobierno del Estado asumiría el 75 por ciento del adeudo, dejando a los municipios únicamente el porcentaje restante con plazo máximo al año 2030.
Eso significa liberar recursos retenidos, recuperar capacidad operativa y abrir la puerta a nuevas inversiones en infraestructura, seguridad y servicios públicos. Traducido al lenguaje ciudadano: más calles, más drenajes, más alumbrado, más agua potable y más posibilidades reales de desarrollo municipal.
Y aquí aparece quizá la parte más inteligente de toda la estrategia. Nahle entendió algo que muchos gobernantes suelen ignorar: si los municipios están quebrados, el desgaste político termina alcanzando inevitablemente al propio gobierno estatal. Un ayuntamiento sin dinero para obra pública se convierte en un foco permanente de presión social y conflicto político.
La mandataria decidió actuar con visión de estadista. En lugar de seguir parchando problemas o “refaccionando” financieramente municipios cada año, optó por atacar el origen del conflicto. Se podrá debatir el mecanismo, discutir los porcentajes o incluso cuestionar el modelo financiero. Lo que difícilmente puede discutirse es la intención y el objetivo final: rescatar financieramente a los municipios para devolverles capacidad de gobierno.
Porque al final, la principal beneficiada será la ciudadanía. Y eso, en tiempos donde la política suele construirse desde el cálculo electoral inmediato, termina siendo quizá el dato más relevante de todos.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx