**Abro hilo .
/ Marcela Vázquez Garza /
Recorre las redes sociales un desgarrador video. Entre lágrimas y gritos de sus hijas menores, una madre llora en cuclillas por el abuso perpetrado por un cuerpo de policías.
En el Centro Histórico de la Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un operativo contra comerciantes informales, abusaron de su autoridad la noche del miércoles pasado. El video muestra cómo, entre empujones, los policías lograron tirar la canasta de churros que vendía la señora, además, se logra identificar el miedo de las menores y la indiferencia de la autoridad. Posteriormente, en el video se ve a la mujer agachada, abrazando a sus hijas, llorando la pérdida de sus churros y probablemente, también por la impotencia y el coraje.
Como principales puntos a identificar detrás de lo acontecido pueden encontrarse el rampante abuso de autoridad y la decadente confianza ciudadana en la autoridad, además de la sempiterna impertinencia en la propuesta de soluciones a problemas que nos atañen, así como la ineficiencia de tales soluciones.
Con relación al primer punto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada en 2022, indica que la percepción de confianza de la sociedad en las autoridades, en general, se mostró significativamente menor respecto del ejercicio anterior. Además, los elementos que conforman la SSC están en los puestos de mayor desconfianza.
Por otro lado, un estudio realizado por la UNESCO en colaboración con Milenio reveló que, de 2015 a 2020, de las carpetas de investigación relacionadas con policías, militares y marinos, sólo 0.5% concluyeron en sentencia, es decir, se rectificó la desmedida impunidad, siendo 99 por ciento.
Sumado a lo anterior, la CNDH reportó que, durante el mismo periodo, se registraron 34 mil 248 quejas ciudadanas, además, se abrieron 5 mil 456 carpetas de investigación por tortura, tratos cueles, inhumanos o degradantes; 526 por desaparición forzada, mil 696 por lesiones y 25 mil 804 por abuso de autoridad.
Como último punto, combatir el comercio informal no justifica abuso, maltrato ni humillación a vendedores o comerciantes, así como se evidencia en el video el maltrato ejercido sobre la señora, el cual afectó de manera colateral a sus hijas. Resulta un tanto violento, como ineficiente combatir el comercio informal desde el enfrentamiento, puesto que sugiere desconocimiento de cómo funciona el comercio informal.
Sobre mi último punto, debe comprenderse el fenómeno para generar propuestas competentes.
De acuerdo con Norman Loayza y Noataka Sugawara, existen diversos índices de la informalidad, tanto en la dimensión de su definición, como en la caracterización de los actores involucrados o actividades realizadas, por lo tanto, el combate al comercio informal no puede reducir la actividad y su estrategia de control.
A pesar de que la informalidad del comercio perjudica el desarrollo nacional de diversas maneras, como el atraso económico o la evasión fiscal, es un complejo fenómeno social que resulta también de un entramado de situaciones y en palabras de Loayza como “deficiencias de los servicios públicos, un marco normativo gravoso, y la capacidad del Estado para supervisar la actividad y hacer valer la ley”.
Incluso, las consecuencias se agravan si a dichos factores se agrega que nuestro país tiene un escaso rendimiento educacional, el narcotráfico materializado en cobro de piso, las profundas desigualdades, así como estar sometido a presiones demográficas y estructuras productivas.
Mientras que en algunas ocasiones la informalidad se da como resultado de una decisión costo-beneficio, en otras, puede deberse a una exclusión de ciertos actores del sistema, de la formalidad de la economía y de la facilidad de formar parte de un sistema. El viral video sólo evidencia la incongruencia entre los discursos gubernamentales sobre la aparente acción de los cuerpos policiacos y la acción real, que permite ver la insuficiencia del aparato estatal para asegurar el bienestar de los ciudadanos.
Debe conocerse a profundidad la dimensión de la fuerza laboral informal para comprender de mejor manera los mecanismos de solución, de lo contrario, la represión hacia los comerciantes resultará una simulación de aquello que en nombre del deber disculpa la violencia y el abuso, pero que de manera injustificada seguiría llevándose a cabo, más allá de un intento real por combatir la informalidad.
