12.01.2026 Managua, Nicaragua.- El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes la liberación de un grupo significativo de presos políticos, medida que ha generado reacciones inmediatas tanto dentro del país como en la comunidad internacional. La decisión, confirmada por el Ministerio de Gobernación, se produce en un contexto de creciente presión diplomática y de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
De acuerdo con fuentes oficiales, los liberados forman parte de un listado de opositores, activistas y periodistas que habían sido detenidos en los últimos años bajo acusaciones de conspiración y delitos contra la seguridad del Estado.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que muchos de ellos fueron encarcelados en procesos judiciales cuestionados por su falta de garantías. La liberación se realizó de manera discreta, con traslados desde distintos centros penitenciarios hacia sus hogares, aunque algunos de los excarcelados fueron enviados directamente al exilio.
El anuncio ha sido recibido con cautela por familiares y colectivos de la sociedad civil, quienes celebran la salida de los detenidos pero insisten en que la medida no resuelve el problema de fondo: la persistencia de un sistema político que criminaliza la disidencia.
Voceros de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que la liberación debe ser acompañada de reformas estructurales que garanticen la libertad de expresión y el respeto a los derechos fundamentales.
Los antecedentes de esta situación se remontan a la crisis política iniciada en 2018, cuando protestas masivas contra el Gobierno de Daniel Ortega fueron reprimidas con violencia, dejando centenares de muertos y miles de detenidos.
Desde entonces, la administración nicaragüense ha enfrentado sanciones internacionales y un aislamiento creciente, mientras que la oposición ha denunciado persecución sistemática. En años recientes, se han registrado liberaciones parciales de presos políticos, aunque acompañadas de nuevas detenciones, lo que ha generado desconfianza sobre la voluntad real del Gobierno de abrir espacios democráticos.
La liberación de este grupo de presos políticos en 2026 se interpreta como un gesto de distensión en medio de negociaciones con actores internacionales, pero también como una estrategia para aliviar la presión externa sin modificar de manera sustancial el modelo de control interno.
Analistas advierten que el desenlace de esta medida dependerá de si se convierte en un paso hacia la reconciliación nacional o si se trata únicamente de una acción táctica para ganar tiempo frente a la crítica internacional particularmente de Estados Unidos.
En cualquier caso, la salida de los detenidos representa un alivio para sus familias y un acontecimiento relevante en la historia reciente de Nicaragua, marcada por la tensión entre el poder político y las demandas de libertad y justicia de la sociedad civil.
