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22/11/2022/ Cimac Noticias.com /Ciudad de México.- El pasado 18 de octubre, la activista amuzga Kenia Hernández Montalván cumplió dos años en reclusión. Aunque ya cuenta con dos sentencias, aún hay ocho causas penales en su expediente que podrían suspenderse si se llegara a un acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE, uno de sus demandantes). Sin embargo, dicho organismo descentralizado del gobierno federal le negó esta oportunidad.
En una conferencia de prensa celebrada este jueves 17 de noviembre, Fabiola Vite Torres —abogada defensora de Kenia Hernández y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero— aseveró que el equipo de abogados de la activista intentó dialogar con CAPUFE la semana pasada para llegar a un acuerdo reparatorio. No obstante, Caminos y Puentes Federales se negó a ello; pero esta no es la primera vez que rechazan la propuesta del equipo defensor.
De acuerdo con Vite Torres, anteriormente ya se había planteado a CAPUFE la posibilidad de llegar a dicho acuerdo y poder liberar a Hernández Montalván. Sin embargo, el organismo de gobierno aseveró que no es su intención alcanzar esta resolución. Vale la pena recordar que CAPUFE está acusando a la también abogada de supuestos ataques a las vías federales de comunicación, los cuales se dieron en medio de protestas. De ahí que, para la defensora legal de Kenia Hernández, los procedimientos judiciales contra la activista no sean más que una criminalización de la protesta.
Nos queda muy claro el mensaje a todas las personas defensoras de derechos humanos: la intención es quitar cualquier obstáculo que pudiera resultar una persona defensora en el camino a seguir percibiendo ingresos. ¿Por qué? Porque concretamente lo que le duele a la CAPUFE no es el daño supuestamente económico; el problema es que no quieren a Kenia ni a ninguna otra persona defensora de derechos humanos en alguna de estas casetas ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, a la manifestación de ideas, a la libertad de expresión, Fabiola Vite Torres
Por otro lado, Ángela Guerrero Alcántara, coordinadora General del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia Social), recordó que durante este gobierno están teniendo lugar una gran cantidad de concesiones al ámbito privado para la construcción de carreteras y casetas a lo largo de la República Mexicana. Si bien esto puede no ser un factor determinante en el caso de Kenia, sí es un contexto que hay que tomar en cuenta en la decisión de CAPUFE de no dejarla en libertad.
Organizaciones denuncian violaciones de derechos humanos en el penal donde está Kenia Hernández
En la conferencia de prensa, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH Vitoria), CEA Justicia Social y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunciaron las diversas violaciones a los derechos humanos que Kenia Hernández Montalván ha sufrido durante su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 (CEFERESO 16) de Morelos.
Según explicaron Evelyn Recinos Contreras (consultora de incidencia de la Iniciativa Mesoamericana Defensoras de Derechos Humanos) y Angélica Elizabeth Díaz Molina (del CDH Vitoria), se han identificado por lo menos 13 derechos que están siendo vulnerados en la situación actual de Kenia. Uno de ellos es el derecho a la salud, pues el CEFERESO 16 sólo cuenta con dos médicos que ofrecen servicio dos días a la semana. Además, no hay atención especializada y hay un desabasto grave de medicamentos. Aunado a esto, el alimento que le proporcionan a la activista y al resto de las personas en reclusión les provocó una fuerte intoxicación a más de 700 mujeres en octubre de este año.
Por otra parte, Hernández Montalván ha denunciado en diversas ocasiones que las autoridades la mantienen incomunicada: solo le permiten una o dos llamadas telefónicas a la semana como su único modo de estar en contacto con el exterior. Y, cuando sus familiares llegan a visitarla, tienen que pasar por cerca de 13 filtros de seguridad que incluyen una espera de dos horas y varias revisiones físicas que llegan a ser invasivas.
Además de esto, Kenia ha sufrido diferentes formas de discriminación durante su juicio. Se le ha cuestionado su origen afroindígena sólo por saber hablar español y tener un alto nivel educativo. De igual forma, le han dicho que la perspectiva de género no aplica en su caso porque sólo debe emplearse «con mujeres en estado vulnerable» y ella no lo es.
Kenia, además, tiene derecho al trabajo. Durante su estancia en el CEFERESO 16 realiza artesanías con cuentas y tejido; dedica 12 horas de su día en esta labor, pero las autoridades únicamente le pagan $42 pesos al día por sus trabajos. Todas estas circunstancias (que también atraviesan al resto de las internas) han llevado a la defensora de derechos humanos a realizar dos huelgas de hambre. Pese a ello, estos tratos violatorios de sus derechos no han cedido por completo.
Juicios contra Kenia podrían mantenerla en prisión hasta los 90 años
Kenia Hernández, de 33 años, ha sido señalada por la Fiscalía General de la República y CAPUFE como una mujer peligrosa. Actualmente, como resultado de dos sentencias previas acumula cerca de 21 años en prisión y aún falta que la juzguen por ocho causas penales más. Si en estos procesos se le otorgan sentencias similares, la activista dejaría la cárcel cuando tenga 90 años de edad aproximadamente.
Su defensa planea agotar todas las posibilidades con las autoridades locales, lo que implica llevar a cabo los ocho juicios orales pendientes. Esto puede tomar varios meses considerando que la defensa legal de Kenia se ha encontrado con varios obstáculos para llevar a cabo su trabajo.
Este 17 de noviembre, el equipo defensor de Hernández Montalván denunció que grupos de derechos humanos tuvieron que hacer tres intentos para realizar una misión de observación sobre las condiciones de reclusión de Kenia. Por su parte, la activista no ha tenido permitido estar presente en sus audiencias ni presentar quejas o demandas por los tratos a los que la han sometido. Y, de acuerdo con la abogada Fabiola Vite, hay una amenaza entre líneas de que se sumen más causas para vincularla.
Mary Lawlor –relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos– ya se ha posicionado sobre este caso junto con otras organizaciones como la American Bar Association. Entre otras cosas, se ha recomendado al Estado mexicano la liberación de Kenia Hernández y la mejora de sus condiciones de reclusión. También, la posibilidad de traslado a otro penal más cerca de sus familiares y con menos ocupación. Pero, por ahora, la liberación de Kenia parece lejana. Aun así, dentro y fuera del penal, hay miles que siguen trabajando por su libertad.
