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Ciudad de México, 21 de noviembre de 2025. El Poder Judicial de la Federación negó la solicitud de preliberación presentada por la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al considerar que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que cumplira la totalidad de su condena hasta el mes de abril.
La resolución fue emitida por un juez de ejecución con sede en la Ciudad de México, quien determinó que Duarte no reúne las condiciones necesarias para acceder a beneficios de libertad anticipada. Entre los argumentos se señaló que el exmandatario no ha cubierto la totalidad de la reparación del daño derivado de los delitos por los que fue condenado, además de que persisten señalamientos sobre procesos pendientes en su contra.
Duarte fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces permanece recluido en el Reclusorio Norte de la capital del país. Su defensa había solicitado la preliberación bajo el argumento de que ya cumplió más de la mitad de la condena y que ha mostrado buena conducta durante su estancia en prisión.
El juez, sin embargo, subrayó que la ley exige el cumplimiento de requisitos adicionales, como la reparación integral del daño y la inexistencia de procesos abiertos que puedan derivar en nuevas responsabilidades penales. En este sentido, la autoridad judicial concluyó que Duarte no puede acceder al beneficio solicitado.
La decisión representa un revés para el exgobernador, quien en los últimos meses había intensificado sus recursos legales para obtener la libertad anticipada. La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera han reiterado que existen investigaciones en curso relacionadas con el desvío de recursos públicos durante su administración en Veracruz.
Con esta resolución, Javier Duarte deberá continuar cumpliendo su condena en prisión, mientras se mantienen abiertas las indagatorias que podrían derivar en nuevos procesos en su contra. La defensa anunció que analizará la posibilidad de interponer un recurso de revisión, aunque especialistas en derecho penal consideran que las posibilidades de éxito son limitadas debido a la claridad de los requisitos legales incumplidos.
La negativa de preliberación se suma a la larga lista de procesos judiciales que han marcado la trayectoria del exgobernador, cuyo caso se convirtió en uno de los símbolos más notorios de corrupción en la administración pública mexicana durante la última década.
