*Escrito por Wendy Rayón Garay .
28.05.2025 Ciudad de México.- De nueva cuenta se presenta un caso violento y fatal contra la niñez mexicana, en esta ocasión fueron las niñas Alexa y Leydi quienes fueron asesinadas en Sinaloa a manos del Ejército Militar resultado de un enfrentamiento con un grupo armado.
Alexa y Leydi eran dos primas de 7 y 11 años respectivamente. El pasado martes 6 de mayo, las dos niñas viajan a junto a sus familiares Saúl Rojas de 45 años, Anabel de 40, Gael de 12 y otra menor de edad en una camioneta GMC por Badiraguato, Sinaloa, cuando fueron interceptados por agentes militares y posteriormente, atacados con armas de fuego.
Según reportó esta instancia, el Ejército Mexicano estaba en medio de un enfrentamiento contra civiles armados en una carretera que lleva a Parral, ubicado en el estado de Chihuahua, a la altura de La Ciénaga. Por lo que, en varios medios de comunicación se abordó el incidente como producto de fuego cruzado que provocó la muerte de las niñas y que el resto de acompañantes resultaran heridos.
Sin embargo, los familiares de las niñas acusaron al Ejército Mexicano por atacar directamente a la camioneta por medio de una publicación de Instagram y un video de TikTok:
«A mis pequeñas le arrebataron la vida los militares, sí, nuestro propio gobierno. Los militares confundieron el automóvil en la cual mi familia viajaba y empezaron a disparar sin cesar hasta acabar con la vida de mis niñas. Es un acto totalmente injusto, se supone que están para “combatir el crimen”, pero esta vez ellos mismos le arrebataron la vida a mis pequeñas. Les arrebataron sus sueños en un instante, esto no puede quedar impune, por mis pequeñas, sobrina y primita. ¡Con las niñas y los niños no!»
Este caso nos recuerda las advertencias que hacían expertas en Derechos Humanos cuando México apostó por la militarización del país, es decir, cuando se aprobó en el 2022, la adhesión de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena por parte del Senado y la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para extender la temporalidad del Ejército en funciones de seguridad ciudadana hasta el 2028 y no hasta el 2024, como se estableció cuando se creó la GN.
La advertencia de expertas, expertos y organizaciones de la sociedad civil acerca del riesgo que la militarización se dijo qué implicaría para los derechos humanos en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a promover una acción de inconstitucional contra estas medidas.
Mientras tanto, los posicionamientos en contra de la militarización continúan. En medio de este contexto, es importante recordar que, desde su creación, la GN acumula cerca de 219 denuncias por violaciones a derechos humanos. Por su parte, la misma CNDH ha documentado más de 4 mil quejas del mismo tipo en contra de las fuerzas armadas en general.
De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, desde septiembre del año pasado, en Sinaloa se han contabilizado mil 195 homicidios dolosos y mil 127 registros de personas desaparecidas. Estos actos coinciden con el conflicto armado que sostienen dos grupos del crimen organizado: los chapitos y la mayiza.
Ahora, el panorama de violencia que se vive en el estado está trastocando a las infancias, pues en una entrevista con AFP, Feliciano Castro Meléndrez mencionó que ya son 39 niñas y niños asesinados, así como 97 desaparecidos.
Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa no ha declarado nada en el caso como tampoco lo hizo con el asesinato de los niños Alexander (9 años) y Gael (12 años) cuando durante la madrugada del 19 de enero de 2025, Antonio y sus hijos, se encontraban regresando de ver un partido de béisbol en su vehículo en el fraccionamiento Los Ángeles en Culiacán, Sinaloa.
Ahí mismo, fueron atacados por sujetos armados, en el lugar falleció Antonio, mientras que los menores de edad resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica. Sin embargo, el lunes 20 de enero falleció Gael en el Hospital General de Culiacán y al día siguiente lo hizo Alexander en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.
¡Con las infancias no! Madre exige justicia por sus hijos en Sinaloa – cimacnoticias.com.mx
El actuar del gobernador Rubén Rocha Moya
«Como padre de familia, como ciudadano y como gobernador expreso mi profunda indignación y repruebo los dolorosos hechos de violencia que padece Sinaloa. Sobre todo, cuando las víctimas son inocentes y más tratándose de menores, niñas y niños» mencionó el gobernador Rubén Rocha Moya quien fue cuestionado sobre el nuevo incidente que involucra la violencia en el estado que no ha podido frenar
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo, a diciembre de 2024 se registraron 157 víctimas de homicidio doloso en Sinaloa, colocándose como la cuarta entidad federativa con mayor violencia. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública apuntó que la tasa del número de delitos por cada 100 mil habitantes alcanzó los 20 mil 839 el año pasado.
Red Lupa señala que, en los tres meses de violencia, Sinaloa ya ha registrado más de 613 asesinatos, presentando así una crisis sin precedentes que incluso ha acrecentado el número de personas desaparecidas a 626 personas en el mismo periodo.
Y aunque no hay cifras oficiales del número de infancias y mujeres que han sido asesinadas desde el incremento de violencia en septiembre de 2024, es un hecho que a estos grupos también los ha alcanzado la guerra contra el narcotráfico.
En varias ocasiones el gobernador ha sido señalado por ignorar la violencia que hay en Sinaloa y que ya está llegando a las infancias en el estado, por lo que la población ha pedido su destitución en varias ocasiones siendo ignorados.
Cuando hablamos de niñas y mujeres
El informe «La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado» explica que la violencia esta arraigada con las dinámicas de poder, género, y desigualdad estructural que son claves cuando hablamos de mujeres víctimas directas del crimen organizado, el cual puede ejercer violencia sexual, trata de personas e incluso feminicidios. Se trata de una serie de estrategias de castigo o intimidación en comunidades donde operan grupos criminales.
Las mujeres enfrentan mayores riesgos debido a su cercanía física, social o emocional con estas redes delictivas, ya sea como parejas, familiares o por ser residentes de dichas zonas. Además de los asesinatos y desapariciones, también se enfrentan a la explotación sexual, abuso sexual o en el peor de los casos feminicidios.
Debido a la pobreza, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de protección del Estado es que se agrava la exposición de las mujeres a estas formas de violencia, sobre todo en comunidades marginadas donde el control territorial esta en manos de grupos armados incrementando así la violencia de género y limitando su capacidad de denuncia.
