*Escrito por Rosalba Rivera Zúñiga Y Miguel Lucero Rojas* .
Estas semanas hemos sido testigas de casos de mujeres víctimas de feminicidio en México, y aunque en algunos casos pareciera que esas mujeres y sus familias tendrán justicia, otras simplemente parecen perderse entre las cifras. Aunque la violencia contra las mujeres no es nueva, los casos recientes nos recuerdan la urgencia de articular acciones, en todos los niveles de la sociedad, para que nunca más una mujer pierda la vida en este país.
A la fecha existen 25 Alertas de Violencia de Género en 21 entidades federativas según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM). Durante 2021, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diariamente fueron asesinadas en México 10 mujeres. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida.
Esto quiere decir que al menos una vez en nuestra vida tú o yo experimentaremos (o hemos experimentado) un incidente de violencia. No obstante, no existe voluntad política para erradicar la violencia contra las mujeres. Al tiempo que la militarización del país no solo no ha reducido los índices de violencia, sino que se ha demostrado cómo incrementa los contextos de violencia estructural que viven las mujeres. Sus cuerpos se convierten en territorios de guerra y disputa. Casos tenemos muchos. Y desde 2019, también se ha militarizado la migración.
En este contexto se insertan las niñas y las adolescentes migrantes; sin embargo, el componente migratorio incrementa su vulnerabilidad, su invisibilidad y el nulo acceso a la justicia. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) hemos documentado la existencia de una violencia transnacional; es decir, la violencia de la que escapan las persigue más allá de las fronteras, incluso a través de nuevas modalidades de violencia, siendo la institucional y comunitaria transversal a su experiencia migratoria.
Hasta septiembre de 2022 se han registrado 291 mil 520 eventos de detención migratoria en el país; 30 por ciento fueron de mujeres y niñas. Entre las principales nacionalidades se encuentran Honduras, Guatemala, Cuba y Venezuela. En 2019, de acuerdo con la organización internacional HIAS, de las 5.4 millones de personas migrantes venezolanas, 25 por ciento son niñas y niños (ACNUR), siendo las niñas las más expuestas a la violencia, la discriminación, la xenofobia, la explotación laboral y la explotación sexual.
Mientras que en un análisis conjunto entre HIAS y UNICEF, entre noviembre de 2020 y junio de 2021, se señaló el escaso protagonismo que tienen las necesidades de las niñas y las adolescentes migrantes, refugiadas o víctimas de desplazamiento forzado en las discusiones que sostuvieron los gobiernos y en el diseño de las políticas migratorias de la región.
En el caso de las niñas, las adolescentes y las mujeres migrantes internas, el tipo o modalidad de violencia se diversifica en cada experiencia y situación. La violencia familiar (por parte de la pareja o algún familiar) y el abuso sexual forman parte de las principales razones de su desplazamiento. A pesar de las denuncias y la visibilidad de los problemas, estos quedan silenciados por la normalización de la violencia que se reproduce en sus contextos.
El Censo de 2020 estimó que al menos 262 mil 411 personas fueron migrantes internas debido a la inseguridad delictiva o a la violencia en sus lugares de origen. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), se estima que, de ese total, 26 por ciento son niñas y adolescentes, quienes tuvieron que desplazarse hacia otro estado por cuestiones de seguridad personal.
Durante un recorrido a diferentes albergues de la frontera norte del país pudimos observar cómo, de manera reiterada, convergen mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros y mexicanos -provenientes en su mayoría de Guerrero y Michoacán- quienes han sido desplazadas por la violencia.
Las historias se interconectan para mostrar que la violencia que existe en los lugares de origen es una de las principales causas por las que las mujeres deciden salir con sus hijas e hijos en busca de otras oportunidades; lejos del miedo, la violencia, los golpes y la desesperanza que existe en sus comunidades y sus hogares. Salir significa para ellas la oportunidad de un mejor lugar, de una vida libre de violencia. Desafortunadamente no siempre es así.
La realidad que se vive en los estados fronterizos está lejos de lo que los gobiernos, federal y locales, reflejan. A las violencias se suman los obstáculos para acceder a derechos básicos como a la educación, a la salud, a la vivienda, al libre desarrollo de la personalidad, y a una vida libre de violencia. Ante este panorama, nos siguen faltando políticas efectivas para eliminar la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes en México, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, con enfoques y perspectivas de infancia.
A la par, es necesario que los gobiernos de los tres niveles destinen presupuestos que permitan poner en marcha mecanismos para la restitución de derechos, así como fortalecer las acciones y alcances de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
No tenemos que empezar de cero: existe un marco jurídico robusto, nacional e internacional, para erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes y la protección de la niñez y la adolescencia migrante. Lo que falta es voluntad política y una implementación que permita disminuir las violencias sistemáticas que viven nuestras infancias y adolescencias.
Es urgente que el Estado mexicano, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, albergues y sociedad en su conjunto contemos con herramientas para acompañar a las mujeres, las niñas y las adolescentes migrantes, nacionales y extranjeras, y no profundizar las huellas de la violencia de la que escapan.
*Rosalba Rivera Zúñiga es coordinadora de infancia migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), y Miguel Lucero Rojas es consultor de género e infancia en la misma organización.
