* El mensaje es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores ingresen o permanezcan en el servicio público
* Busca elevar los estándares de la ética pública y política
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 28 de febrero, 2022.- Para que ningún agresor, de cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, ocupen cargos públicos o de elección popular, Las Constituyentes MX proponen la iniciativa ciudadana 3 de 3 Vs la Violencia en la que se reformarían o adicionarían diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta incluye reformas a 12 artículos de la Constitución mexicana bajo la consideración que el derecho de la población a ser gobernada por personas que busquen en su ejercicio y desde su responsabilidad, la erradicación de la violencia en todas sus formas y manifestaciones, de manera especial la que consume a las mujeres por razones de género derivado de las causas estructurales que perpetúan la desigualdad y discriminación.
La iniciativa ciudadana deberá ser presentada a una de las dos cámaras, de diputados o senadores, con el respaldo en firmas del cinco por ciento del padrón electoral nacional, casi cerca de cinco millones de firmas, y cuando sea aprobada, deberá ser igualmente ratificada por al menos 16 congresos locales.
Su objetivo, explican las promoventes, es elevar los estándares de la ética pública y política, que hasta hoy no considera la corresponsabilidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “un delito que como tal debe ser sancionado venga de quien venga”.
El mensaje es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y/o permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de la ciudadanía.
La iniciativa está respaldada en la normatividad internacional y en la propia, de ahí que el Estado mexicano debe fortalecer la legislación vigente para proteger los derechos humanos de las mujeres, explican.
La propuesta se retoma del trabajo de la organización política “Las Constituyentes Feministas” que ha impulsado a nivel nacional una iniciativa denominada “el 3 de 3 de violencia de género”, que propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: No ser deudor de pensión alimenticia; No ser acosador sexual, y No ser agresor por razones de género.
Sin embargo, se plantea es un hecho que en las y los servidores públicos aún permanecen arraigadas prácticas discriminatorias y machistas que se traducen en violaciones reiteradas a los derechos humanos de las mujeres y, en consecuencia, en la imposibilidad de vivir libres de violencia.
Frente a esa realidad, 3 de 3 Vs la Violencia propone como imprescindible modificar las prácticas institucionales y culturales de quienes ocupan o pretenden ocupar espacios públicos.
Quien ejerce violencia no reconoce su conducta, cree que los otros provocan su reacción, se justifica, se asume asimismo como perjudicado y minimiza las consecuencias. De ahí que no están en condiciones de emprender e implementar acciones para prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a nuestra sociedad y en cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal.
Alarmante violencia
Califican de alarmantes los referentes sobre violencia contra las mujeres: Más de la mitad de las mexicanas reportan haber vivido algún incidente de violencia en uno o en varios ámbitos; aumentan las estadísticas de feminicidio y de homicidios dolosos de mujeres registradas reflejan un incremento de más de 200 por ciento. Víctimas jóvenes sin acceso a la justicia, hay impunidad.
En suma, frente a la emergencia nacional, la iniciativa propone, además, de la violencia política, que las personas con antecedentes por cualquier tipo de violencia de género no puedan contender por algún cargo de elección popular, ni ocupar y/o permanecer en los cargos públicos y que esto no se limite solo a los cargos de elección popular.
ONU Mujeres dio a conocer un informe con datos que revelaron que cada día nueve mujeres son asesinadas en México, seis de cada 10 mexicanas han sido víctimas de algún episodio de violencia a lo largo de su vida, el 41,3 por ciento ha sido víctima de agresiones sexuales.
Miles de mujeres se han movilizado exigiendo un alto a la violencia en su contra, en un país donde ocho de cada 10 mujeres se sienten inseguras, sin duda esta situación genera enojo e indignación en una gran parte de la sociedad mexicana que exige resultados firmes en su protección.
Deudores alimentarios morosos
Dejar de cumplir con ese deber (ético y moral) pone en riesgo la integridad física del acreedor, lo cual es grave si deriva principalmente de una conducta intencional, de ahí que un deudor alimentario podrá cancelar esa deuda si quiere entrar al poder.
La iniciativa explica que la violencia contra las mujeres por razones de género, tanto en el ámbito público como en el privado, por parte personas que ocupan o aspiran a ocupar un cargo en cualquiera de los niveles y órdenes de gobierno, se comete con un doble privilegio el cual debe ser desterrado de forma firme y decidida, “…el pacto patriarcal se traduce en impunidad cuando éste se acuña en las instituciones del Estado”.
Enumera además que el 88.4 por ciento de las mujeres no solicitó ayuda, ni presentó queja o denuncia, aunado a numerosos relatos de mujeres vulneradas por la deficiente atención y la revictimización; son obligadas a destinar más tiempo para presentar sus denuncias, ser atendidas por el médico legista o para recibir apoyo psicológico, pese a ese peregrinar, hay fallas en la integración de las carpetas y los agresores permanecen en libertad.
De ahí que, aseguran, las mujeres no pueden ser las responsables de cargar con las fallas del Estado en la procuración y administración de justicia.
La propuesta legislativa refiere “antecedentes”, como son las sentencias condenatorias ejecutoriadas, pero también el Banco Nacional y los Bancos Estatales de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres; las recomendaciones de los organismos protectores de los Derechos Humanos; la información contenida en los registros de agresores sexuales los cuales de no existir deben generarse, y la información que obre sobre los deudores alimentarios morosos.
Estas bases de datos serán eficaces para el registro de candidaturas, la designación, nombramiento y reclutamiento de las y los servidores públicos a cualquier cargo o puesto público y de esta forma certificar que no tienen antecedentes como agresores y, en caso contrario, sea un impedimento para el desempeño del cargo. Sería insuficiente evitar el ingreso de agresores al servicio público sin prever que las conductas de violencia pueden ocurrir durante el desempeño del cargo público.
