Una mujer, cuyo cuerpo no fue identificado, apareció abandonada con un impacto de bala en un lote baldío al Norponiente de la capital. La historiadora Raquel Padilla apareció muerta en su casa en Ures.

Por esta situación, a no pocas mujeres que participamos en lo público desde el activismo social, la academia y los espacios de toma de decisiones, nos tomó por sorpresa la propuesta realizada hace unos días por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, de reclasificar el delito de feminicidio en la nueva legislación en materia judicial y de impartición de justicia.

El feminicidio fue incorporado en el Código Penal Federal en 2012, cuyo texto vigente dedica un capítulo a la definición de este delito. En su artículo 325 establece que comete el delito de feminicidio “quien prive de la vida a una mujer por razones de género”.

El mismo artículo define diversas circunstancias como “razones de género”, entre ellas: cuando la víctima presente signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones previas a la privación de la vida; existía una relación escolar, laboral, familiar o relación sentimental con el agresor; la víctima haya sido amenazada o acosada, o su cuerpo haya exhibido en un lugar público.

El fiscal general ha dicho que la propuesta de reclasificación se debe a las dificultades del Ministerio Público para hacer la investigación de los asesinatos de mujeres por razones de género. Sin embargo, convertirlo en una agravante de homicidio o definir como feminicidio todo asesinato de mujer, pone en riesgo la identificación de las razones de género que afectan la violencia contra las mujeres.

La inclusión del tipo penal de feminicidio representa un esfuerzo de muchas mujeres que, desde la organización colectiva y sorora, hemos luchado en contra de la violencia machista y patriarcal; violencia que se ha caracterizado por socavar nuestros cuerpos y nuestra dignidad, al grado que las mujeres históricamente hemos sido percibidas como objetos de consumo, manipulables y desechables.

La perspectiva de género, que es parte constitutiva del tipo penal de feminicidio, ha contribuido a evidenciar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Desde la esfera privada de la familia y el hogar, como la desigualdad en el trabajo de cuidados y la violencia económica por parte de los hombres jefes de familia.

También desde las esferas públicas: política (violencia política de género), social (exclusión de las mujeres en el acceso a bienes, servicios y al espacio público), económico (inequidad salarial y acceso a puestos de mando) y jurídico (igualdad ante la ley versus igualdad sustantiva), lo que también ha favorecido la identificación de los obstáculos de las mujeres para acceder a la justicia y reivindicar nuestros derechos.

Todavía hay quienes no entienden que frases como “la violó porque estaba fuera de casa”, “fue un crimen pasional” o “un lío de faldas”, son agresiones que suceden por el simple hecho de ser mujeres. Este desentendimiento tiene que ver con la raíz de nuestra sociedad patriarcal, la cual pretende hacer creer que las mujeres estamos para saciar las necesidades masculinas.

Está claro que extraer la raíz de esta concepción es progresivo y debe pasar por un cambio que altere todas las instituciones de nuestra sociedad. Para lograrlo es importante contar con marcos normativos que aseguren una igualdad sustantiva y la dignidad de las mujeres. Cualquier decisión tomada en el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial que mine los derechos de las mujeres, es regresivo.

Por nuestras hijas, madres, hermanas, amigas… por nosotras, ¡ni un paso atrás!

Publicada en el Sol de Hermosillo.