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02.04.2024. Ciudad de México.-En medio del cuestionamiento y demanda de actores políticos, ciudadanía y partidos políticos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que garantice la seguridad a candidatas y candidatos ante los más de 50 muertos que se han registrado, Rosa Icela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) quedó evidenciada ante su falta de información.
La misma Secretaría tuvo que emitir un comunicado para desmentir el reporte que previamente había anunciado su titular Rosa Icela Rodríguez, sobre el que dio por muerto al candidato a regidor, Adrián Guerrero Caracheo, en el mismo ataque que cobró la vida de Gisela Gaytán, candidata a la presidencia municipal por el partido Morena en Guanajuato.
Inclusive la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que los hechos no quedarían impunes y que continuaban las indagatorias a fin de deslindar responsabilidades ante lo que calificó como falta de atención a los aspirantes por la institución electoral estatal de Guanajuato.
Hasta el lunes 1° de abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró 108 solicitudes de protección, las cuales corresponden a tres aspirantes a titular del Poder Ejecutivo federal, siete para gubernaturas estatales, 27 por el Senado de la República y 71 por la Cámara de Diputados.
Pero era cierto. No estaba muerto el candidato.
La confusión generada por el reporte inicial llevó a la SSPC a clarificar que, contrario a lo informado por su titular Rosa Icela Rodríguez, el ex regidor Adrián Guerrero no había fallecido, sino que se encontraba desaparecido o en calidad de no localizado. Por la tarde se habría localizado pues el candidato, declaró el mismo, salió corriendo para ponerse a salvo y a su familia.
Ël impacto del error de Rosa Icela Rodríguez en medio de una crisis.
El hecho trae consigo una serie de interrogantes sobre la veracidad de la información y el manejo de la situación por parte de las autoridades, que además de falsear la realidad con sus “datos” este día resultó evidente que la secretaria encargada de tener el pulso del país en la mano, no los tiene, como denuncian actores políticos.
El ataque armado en Celaya ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los candidatos políticos y la necesidad de implementar medidas concretas para garantizar su seguridad y protección durante el proceso electoral. Además, subrayan la importancia de la transparencia y la veracidad en la difusión de información por parte de las autoridades responsables.
La última ejecución ocurrió este lunes 1 de abril en la comunidad de San Miguel Octopan, en contra de una candidata de Morena Gisela Gaytán, quien había solicitado protección a las autoridades y minutos después fue arteramente asesinada en un acto proselitista.
No sólo es responsabilidad de dos niveles de Gobierno
La titular de SSPC reafirmó que el gobierno federal mantiene un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la protección de candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión del proceso electoral 2024.
Dice que los gobiernos estatales y municipales son responsables de la seguridad de candidatos locales al llamar a garantizar la seguridad de esos aspirantes a cargos de elección popular.
El hecho de violencia en el estado de Guanajuato, considerado el más sangriento de México, no ha merecido ni la empatía, ni la atención debida hacia sus propios candidatos por parte del Gobierno de López Obrador, quien incluso ha desestimado los asesinatos de candidatas y candidatos y la vulnerabilidad de los aspirantes a un cargo de eleccion popular frente a la violencia que aqueja a diversas zonas de México.
La noticia del ataque armado y la trágica muerte de Gisela Gaytán, seguida por la confusión en torno al estado de Adrián Guerrero, ha provocado una ola de especulaciones y cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de seguridad para proteger a los candidatos durante el proceso electoral y de la información que posee la titular de la SSPC.
Es relevante señalar que, hasta el momento, no se han ofrecido explicaciones detalladas sobre la discrepancia entre la información inicialmente proporcionada y la posterior aclaración de la SSPC. Esta falta de transparencia solo agrega más incertidumbre a una situación ya de por sí compleja y delicada.
Mientras tanto, la comunidad de Celaya y el país en general están a la espera de noticias de avances en la investigación del ataque que cobró la vida de Gisela Gaytán, frente a sus seguidores.
La falta de protección y seguridad para los candidatos políticos es otro tema que ha surgido a raíz de este trágico incidente. La pregunta sobre quién falló y por qué Gisela Gaytán no tenía protección sigue sin respuesta, lo que subraya la urgencia de abordar de manera efectiva el tema de la seguridad en el contexto electoral.
