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/Soraya Pérez/
México enfrenta diferentes desafíos, sin duda, el más preocupante en este momento es la debilidad del estado de derecho y la amenaza de la desaparición de instituciones. Según el Índice de Estado de Derecho que realiza el World Justice Project (WJP), existe un estancamiento en esta materia en la mayoría de las entidades federativas, y a nivel federal nos mantenemos en los peores lugares del grupo de naciones analizadas.
Hace algunos años leí ¿por qué fracasan las naciones? De Acemoglu y Robinson, ellos plantean y comprueban por qué es crucial la relación entre la prosperidad y las instituciones políticas y económicas. Cuando nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum habla de la prosperidad compartida, no es otra cosa, que un desarrollo económico inclusivo, asegurar que la riqueza pueda llegar a todos los sectores poblacionales en el país. Sin embargo, ¿puede haber prosperidad sin estado de derecho?
Un factor determinante para que haya crecimiento económico, y, en consecuencia, desarrollo y más oportunidades, es la solidez de nuestro estado de derecho. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza, en el que todos los miembros de una sociedad, especialmente el propio gobierno, se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales, en otras palabras, es el respeto a todo un sistema legal.
Cuando contamos con instituciones que dan seguridad, certeza jurídica y acceso a la justicia, entonces hay reglas y sanciones que rigen la cotidianeidad en la vida en sociedad, y eso permite la atracción de inversiones y el crecimiento económico. Definitivamente, no es posible dirigirnos hacia una senda de progreso destruyendo las instituciones de nuestro sistema judicial.
Las últimas reformas en el poder legislativo nos ponen en una situación crítica, y por ello quiero que analicemos la posición de México en el índice de Estado de Derecho del WJP, una organización independiente, internacional, sin fines de lucro y multidisciplinaria que trabaja para avanzar en el Estado de Derecho en el mundo.
En el último ranking publicado, nuestro país descendió en su calificación obteniendo 0.32 (donde 1 es la máxima) ubicándonos en el lugar 116 de 142 países, aún más preocupante es que dentro del grupo de países de la región, ocupamos el lugar 27 de 32 países, sólo estamos mejor que Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Costa Rica y Chile han realizado esfuerzos importantísimos que los colocan en las mejores posiciones de la tabla mundial, superándonos ampliamente.
Recientemente, se publicó un análisis particular sobre las entidades federativas mexicanas que muestran un serio estancamiento, solamente 5 aumentaron su puntaje general, 14 lo mantuvieron, y 13 lo disminuyeron. Querétaro obtuvo la puntuación más alta (0.49), aún lejos de la calificación idónea, seguido de Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47). Las últimas posiciones las ocupan Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Estado de México (0.35).
México tiene retos importantísimos, se debe mejorar la seguridad pública, mayor eficiencia de nuestra regulación, que nuestro sistema de justicia civil sea realmente accesible, asequible y libre de discriminación e influencia indebida por parte de los funcionarios, revisar la situación de todo el sistema de justicia criminal (policías, investigadores, fiscales, jueces, oficiales de prisión), y por supuesto, el inminente reto de combatir la corrupción.
Pero desafortunadamente, la reforma judicial no resuelve los enormes desafíos de México en materia de derecho, incluso me atrevo a decirlo, debilitará aún más a nuestras instituciones y la posibilidad para atraer inversiones. ¡Qué difícil y preocupante inicio de sexenio!
