*
20.10.2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este martes que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para deslindarla de responsabilidades por la participación de presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra el narcotráfico, ni para concentrar las acusaciones en el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que las investigaciones deben avanzar sin negociaciones políticas y que corresponde a las autoridades ministeriales determinar quiénes tuvieron responsabilidad en los hechos. La controversia se intensificó tras la detención del exfiscal y las acusaciones federales relacionadas con la intervención de personal extranjero en un operativo realizado en Chihuahua sin la autorización del Gobierno de México.
“Para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima de la política, nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. La política no debe judicializarse, pero tampoco debe judicializarse la política”, afirmó Sheinbaum al rechazar las versiones sobre un supuesto entendimiento con la mandataria panista.
La presidenta también cuestionó la idea de que su gobierno pudiera negociar con una autoridad estatal a quién detener o procesar penalmente. “Nosotros no hacemos un pacto. Imagínense, ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué”, expresó.
Con estas declaraciones, Sheinbaum buscó separar las decisiones del Ejecutivo federal de las actuaciones de las fiscalías, en un caso que involucra la soberanía nacional, la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y las posibles responsabilidades de funcionarios estatales.
La mandataria insistió en que no le corresponde exonerar a Maru Campos ni decidir de manera personal el rumbo de las investigaciones. La determinación sobre las responsabilidades, explicó, debe sustentarse en los elementos recabados por las autoridades competentes.
“No depende de mí exonerar a una persona o a otra, es una decisión de la Fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal sino de la propia investigación”, sostuvo.
La aclaración se produce después de que Sheinbaum señalara que, con los elementos que se conocen hasta ahora, no se ha acreditado que la gobernadora haya ordenado directamente el operativo en el que participaron los agentes estadounidenses. Esa valoración preliminar, sin embargo, no equivale a una resolución judicial ni significa que la investigación haya concluido.
La presidenta también rechazó que la detención del exfiscal deba interpretarse como el resultado de un arreglo entre los gobiernos federal y estatal. Sostuvo que la actuación de las fiscalías responde a las indagatorias y a los posibles delitos identificados, no a un entendimiento para proteger a una autoridad o convertir a un funcionario en el único responsable.
El caso adquirió nuevas dimensiones después de que Jáuregui fuera detenido por su presunta participación en los hechos y enfrentara acusaciones que incluyen traición a la patria en la investigación federal. La Fiscalía General de la República deberá sustentar sus imputaciones ante los tribunales, mientras que las autoridades judiciales determinarán si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.
La situación también ha abierto interrogantes sobre el alcance de la responsabilidad de quienes conocieron, autorizaron o facilitaron la presencia de personal extranjero en una operación de seguridad dentro del territorio mexicano.
El antecedente inmediato se remonta a abril de 2026, cuando un operativo contra un presunto laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, terminó por revelar la participación de dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA. Tras la operación, un accidente vehicular provocó la muerte de los dos agentes y de dos integrantes de las instituciones de seguridad estatales.
La presencia de los estadounidenses generó cuestionamientos debido a que, de acuerdo con las investigaciones, habrían intervenido en actividades operativas y no únicamente en tareas de capacitación o intercambio de información. La distinción es relevante porque la colaboración internacional en materia de seguridad está sujeta a las leyes mexicanas y no autoriza por sí misma a agentes extranjeros a realizar operaciones armadas sin los permisos correspondientes.
Desde que se conocieron los hechos, Sheinbaum ha defendido que México puede mantener mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia con Estados Unidos para combatir al crimen organizado, pero ha advertido que esa colaboración debe respetar la legislación nacional y la soberanía del país.
El Gobierno federal ha cuestionado que agentes extranjeros hayan participado directamente en un operativo sin la autorización correspondiente. El punto central de la investigación consiste en esclarecer cómo se organizó la intervención, qué funcionarios tenían conocimiento de ella, qué permisos existían y si se vulneraron disposiciones legales en materia de seguridad nacional.
La investigación también deberá establecer si hubo omisiones, autorizaciones irregulares o intentos de ocultar información sobre la identidad y las actividades de los agentes estadounidenses. Esos aspectos resultan fundamentales para determinar si la responsabilidad se limita a decisiones operativas o alcanza a otros funcionarios que pudieron haber intervenido en la planeación o supervisión del despliegue.
En ese contexto, la detención de Jáuregui abrió un nuevo frente político en Chihuahua. El exfiscal fue una figura relevante dentro del gobierno de Maru Campos, pero la mandataria estatal se ha desmarcado de las actuaciones que se le atribuyen y ha sostenido que nadie debe quedar por encima de la ley.
La postura de Campos, sumada a las declaraciones de Sheinbaum, ha alimentado las versiones sobre un posible entendimiento para concentrar las consecuencias judiciales en el exfuncionario. La presidenta rechazó esa interpretación y afirmó que la investigación no puede estar condicionada por conveniencias partidistas.
No obstante, el deslinde político entre ambas gobernantes no sustituye el esclarecimiento judicial. La ausencia de pruebas conocidas que acrediten una orden directa de la gobernadora no demuestra, por sí sola, que no pudiera existir otro tipo de responsabilidad; del mismo modo, las acusaciones contra el exfiscal deberán probarse ante las autoridades judiciales.
La discusión tiene además una dimensión institucional: determinar hasta dónde puede llegar la colaboración de agencias estadounidenses en territorio mexicano y qué controles deben aplicarse para impedir que el combate al narcotráfico se desarrolle al margen de las leyes nacionales.
Para el gobierno de Sheinbaum, el caso representa una prueba de su postura frente a la intervención extranjera en operaciones de seguridad. Para la administración de Chihuahua, implica aclarar las decisiones tomadas por sus funcionarios y establecer si se cumplieron los procedimientos legales. Para la Fiscalía General de la República, el desafío es presentar pruebas suficientes que permitan esclarecer los hechos sin convertir la investigación en un instrumento de confrontación política.
La presidenta cerró su postura al insistir en que las acusaciones deben resolverse a partir de las pruebas y no de declaraciones partidistas. También señaló que corresponde a la ciudadanía evaluar el desarrollo de los acontecimientos, mientras las autoridades competentes continúan con las diligencias.