*Escrito por Arantza Díaz .
08.02.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Con dos insaculaciones -apodadas tómbolas- y un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma al poder judicial se ha convertido en uno de los movimientos políticos más controvertidos de los últimos años y con este ejercicio de azar ha sostenido la discriminación contra mujeres en materia de cuotas de género y con esto, al parecer «no llegan todas».
La magistrada Adriana Ortega ya advertía en la Conferencia Matutina de Jueces y Juezas: «No llegamos todas, nos fuimos varias».
Las mujeres aspirantes a candidaturas hoy, resisten en la subrepresentación que les ha otorgado esta reforma que pretende someter a elección popular una serie de cargos de personas juzgadoras y que en su andar de tirones y vaivenes políticos queden fuera del visor del poder judicial.
Hay que recordar que el 5 de noviembre la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio paso a la Reforma Judicial propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo cual, se desmantela la lucha de trabajadoras quienes exigían respeto a su carrera judicial la cual han desarrollado a lo largo de décadas y como ellas advirtieron, se revierten derechos ganados por las mujeres.
El ex presidente, días antes de abandonar su cargo, el 15 de septiembre del 2024, firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Reforma Judicial y lo hizo junto con la actual presidenta de México, Sheinbaum Pardo.
Con ese hecho, la Reforma Judicial se convirtió en una norma oficial del país. Ahora, se espera elegir juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros; sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración; la modificación en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y nuevas reglas procesales.
¿Y qué tiene qué ver conmigo la Reforma al Poder Judicial?
Y es que, más allá de los tropiezos y las resistencias de la SCJN por meterle freno a la reforma, es urgente reconocer qué otras dinámicas de poder se están gestando y cómo golpean de manera particular a las mujeres quienes, el pasado mes de octubre cuando se realizó la primera insaculación fueron, en palabras de Ortega, «enviadas a sus casas», casi la mitad de todas las trabajadoras.
Esto representó un fuerte golpe donde la frase «perspectiva de género» quedó fuera del acto, aún cuando la reforma promete hacer uso de este recurso durante todo el proceso.
Para comprender mejor cómo fue que la mitad de las mujeres juzgadoras de nuestro país fueron expulsadas -o al menos, forzadas a lanzar su candidatura- se debe empezar por el proceso de insaculaciones y cómo, en la más reciente, la SCJN ha metido freno al no alcanzar los votos suficientes, rebotando así, la plantilla de candidatas y candidatos para ocupar un cargo en el Poder Judicial.
Las tómbolas que arrasaron todo y todas
Como es bien sabido, la elección judicial contiene diferentes etapas, una de ellas, consiste concretamente en decidir cuáles plazas serán sometidas a votación y cuales no, pues no se elegirá toda la reestructuración del Poder Judicial de un sólo golpe.
Habrá dos momentos para elegir esto, el primero, en 2025 y otro en 2027, sin embargo, la especulación sobre cómo se decidiría qué plazas irían la elección este año y cuáles hasta dentro de 2 años comenzó a producir movimiento. En respuesta, el senado dio a conocer que se elegiría a través de una tómbola.
Para este momento, había 474 mujeres en el Poder Judicial; es decir, 287 juezas y 187 magistradas quienes, esencialmente, representan la minoría al interior del poder, pero ¿por qué si las mujeres han vivido un repunte en su adición al mercado laboral continúan tan fuera del Poder Judicial? En México, el 78.6% de los juzgadores y magistraturas son hombres; 21.4% juezas y magistradas mujeres.
La magistrada Adriana Ortega refirió durante conferencia que las mujeres enfrentan mayores dificultades para alcanzar estos cargos de decisión pues están atravesadas por una serie de factores como por ejemplo, la sobrecarga del trabajo de cuidado y doméstico, las limitaciones y prejuicios de la sociedad sobre ser incapaces de alcanzar esos cargos, la dificultad de acceder a capacitaciones a causa de la pobreza del tiempo y la extensa carga de no poder sostener ritmos de trabajo tan extenuantes.
Cimacnoticias documentó esto último a través de su conversación con la jueza y directora de la Judicatura Federal Juana Fuentes quien denunció una serie de irregularidades en su carrera judicial; rechazo de permiso para cuidar de su hijo con discapacidad y acoso.
««Viene una mujer presidenta y dice que va a priorizar la agenda de las mujeres, ¿y qué? Nos va a quitar a las pocas que estamos para traer a nuevas, ¿o qué? De por sí somos muy poquitas y luego nos van a quitar con un liderazgo machista». Las mujeres deseamos realizar nuestros sueños profesionales, como la presidenta de la Corte que, nos alimenta para seguir en esta vida profesional y que ha sido objeto de violencia, como Zaldívar que la ataca cada que tiene la oportunidad»
Durante esta primera tómbola para determinar qué cargos irían a votación este 2025 salieron un total de 224 mujeres (de 474), es decir, prácticamente la mitad de ellas fueron eliminadas en tan sólo un día:
«Fueron 224 mujeres juzgadoras que están profesionalizadas que llegaron a esos espacios con todo el trabajo que cuesta llegar, ahora, la mitad se va a su casa, ¿en dónde está el llegamos todas? porque aquí, nos fuimos la mitad», dijo la magistrada Ortega.
Asimismo, la juzgadora denunció que estas dos centenas de mujeres perdieron su carrera judicial completa gracias a una tómbola ciega donde no se hicieron distinciones que sí debieron contemplarse; distinciones con perspectiva de género que bien podían resarcir el daño que estaban por cometer.
Como por ejemplo, denunció Ortega, reconocer a las mujeres que cuidan a sus hijas e hijos, que están a cargo de adolescencias, que cuidan a sus padres, mujeres con enfermedades como el cáncer de mama o diagnósticos terminales, mujeres que cuidan a sus hijas o hijos con discapacidad, por ejemplo. Ninguna de estas características fue considerada a la hora de hacer la tómbola.
Entre las soluciones que expuso la magistrada Ortega era que, si el gobierno está comprometido con la igualdad sustantiva, entonces, hubieran postergado las votaciones de las plazas de las mujeres para la segunda vuelta -en 2027- y así, se le daría a las trabajadoras sólo 2 años más para reajustar sus planes de vida, permitirles desarrollar un plan para desempeñar su trabajo de cuidado con hijas, hijos, familiares, padres, hermanas, personas con discapacidad -o discapacidad adquirida-.
Esos dos años, bien podrían ser una pieza clave para que las mujeres juzgadoras en nuestro país pudiesen buscar alternativas para sostenerse -y sostener a los suyos-.
La reforma sostiene que se incorporará la perspectiva de género de manera transversal y progresiva durante todas las atribuciones, programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de condiciones, sin embargo, la escueta interseccionalidad se contrapone con los compromisos de género que reza la reforma en su documento oficial de iniciativa.
Eso sí, se debe recordar que el Senado acordó mantener a ocho mujeres juzgadoras en el cargo por estar embarazadas, sin embargo, desde la perspectiva de la magistrada Adriana Ortega, estos actos no son suficientes para hacer, verdaderamente, garantes a las mujeres de sus derechos-.
«Se hizo un listado de mujeres embarazadas y lactantes, que quién sabe de dónde viene, ¿bastaba con eso? Pues dada la escasa representación de las mujeres, la mejor medida para que esto no se perpetuara era llevarse todas las plazas de mujeres a 2027, entonces, no estamos alcanzando la igualdad sustantiva.
Se nos ha dicho consistentemente que la reforma pretende alcanzar paridad, es decir, llegaríamos 20 mil y otros 20 mil hombres, podríamos decir que parece acertado, la pregunta es, ¿de verdad tenían que irse la mitad de las mujeres juzgadoras a sus casas para encaminarnos a la paridad? A mí no me parece, esas plazas pudieron conservarse»
La segunda tómbola y el rebote de la SCJN
La mesa directiva de la Cámara Alta realizó el segundo proceso de insaculación para elegir a las y los candidatos sorteados entre el 2 y el 3 de febrero.
De esta manera, se consagró la primera gran lista que contiene los nombres de mil 412 personas elegidas, de las cuales, 657 son mujeres y 755 hombres, sin embargo, la lista terminó por venirse abajo luego de darse a conocer que, una vez en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se logró obtener el número mínimo de votos a favor.
El segundo transitorio de la reforma refiere que el listado debe contar con, al menos, 8 votos en favor de las y los ministros de la SCJN, sin embargo, el documento no logró alcanzar el número.
Ahora, este acto que, más bien protocolario, no representa un mayor problema para la reforma pues, aunque podría considerarse un tropiezo importante el pobre respaldo de la SCNJ, este escenario ya estaba previsto y se estipuló que, en caso de que el máximo órgano jurisdiccional no aprobara los listados, el Senado puede remitir las candidaturas de manera directa al Instituto Nacional Electoral, es decir, «saltarse» la voluntad de la Suprema Corte.
Ahora bien, estas son las principales candidatas que van por la elección:
Ministras mujeres (9 de 21)
- Ana María Ibarra Olguín
- Dora Alicia Martínez Valero
- Jazmín Bonilla García
- Lutgarda Madrigal Valdez
- Magda Zulema Mosri
- Marisela Morales
- Olivia Aguirre Bonilla
- Paula María García Villegas Sánchez Cordero
- Rosa Elena González Tirado
Magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (3 de 6)
- Adriana Margarita Favela Herrera
- Claudia Valle Aguilasocho
- Gabriela Villafuerte Coello
Magistradas de la Sala Regional CDMX del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (3 de 5)
- Laura Tetetla Román
- Norma Angélica Sandoval Sánchez
- Beatriz Mejía Ruiz
Apuntes finales sobre género: La reforma al poder judicial
Fátima Gamboa, defensora de Equis Justicia, atajó una serie de apuntes fundamentales para dimensionar qué tanto, como mujeres, nos atraviesa la reforma al poder judicial y cuáles son los peligros palpables donde se debe poner la lupa.
Reforma al poder judicial no garantizará justicia a mujeres: Fátima Gamboa
La abogada refiere que esta reforma es más bien una pugna política por el poder y el control de la Suprema Corte de Justicia y tribunales, pues recordemos que el Poder Judicial es el único de los 3 poderes que no es sometido a un proceso de votación popular.
Entonces, si hablamos de que por primera vez votaremos el junio del 2025 para elegir cargos del Poder Judicial, ¿no se supone que sí es relevante para la ciudadanía? La respuesta va más allá de un sí o un «no».
Por un lado, la ciudadanía se involucraría en un proceso democrático sobre la conformación del Poder Judicial, sin embargo, aunque se considera importante la participación ciudadana, hay una deuda histórica que el Estado debe pagar: El acceso a la justicia.
En resumidas cuentas, ninguna reconfiguración interna del sistema judicial será lo suficientemente poderosa, si en el actuar, se continúa perpetuando la impunidad, el clasismo, el nepotismo, el sexismo, la revictimización y otros sistemas de opresión que perjudican a la ciudadanía general, y que se recrudece aún más, si de mujeres se trata.
Desde su perspectiva, esta reforma no contempla la diversidad de perfiles y mucho menos, una formación de derechos humanos que vaya más allá de su perfil académico; los perfiles técnicos que saltarán a la candidatura del 2025 no son suficientes si son personas que violan los derechos humanos en su ejercer y tienen arraigados valores patriarcales.
«Es un grupo que se elige a si mismo entre un grupo de personas al poder. Esta reforma no nos dice que el voto popular es un medio para lograr la paridad, la diversidad y una composición plural del propio poder judicial, o sea, ¿cuántas personas indígenas son magistradas?, ¿o mujeres lesbianas?», cuestionó la abogada.
Según apunta el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020, se contabilizó a un total de mil 473 personas dedicadas al área magisterial y el enjuiciamiento judicial, de este total, el 78.6% de los jueces y magistrados son hombres; 21.4% juezas y magistradas mujeres.
Como si esta brecha de género en la justicia mexicana no resultara discriminatoria, la Asociación Mexicana de Juzgadoras en México, arrojó en 2022 tras una encuesta realizada por World Justice Project (WJP) que sólo 1 de cada 4 juezas encuestadas, consideró que se utiliza la perspectiva de género de forma adecuada entre sus colegas, en otras palabras, el 75% de jueces, juezas, magistradas y magistrados, no hace uso de esta herramienta en el tratamiento de sus casos.
Estos últimos apuntes también son sostenidos por la magistrada Adriana Ortega quien, cuestiona que, no podemos hablar de una «elección de juezas y jueces», sin antes, nombrar todos los pasos intermediarios que son ajenos a la ciudadanía; sí se votará, pero será una elección pasiva de elegir a quienes ya fueron previamente elegidos.
Paralelamente, la magistrada señaló que, si es posible que comprendan las diferentes interseccionalidades antes de contemplar los perfiles, por ejemplo:
¿Qué tanto una mujer en situación de marginación puede estudiar una carrera de derecho?, ¿cuántas de ellas podrán tener un promedio de 8 para ser candidata?, ¿y si esa mujer cuidaba o atravesaba circunstancias adversas que le dificultaron obtener el mínimo indispensable? «Pareciera que los requisitos, incluso los que parecen mínimos, desdibujan o desatienden las realidades de las mujeres, no sólo para las juzgadoras, sino para quienes vienen de afuera [las candidatas]»
El segundo y último punto clave donde se debe prestar especial atención es, hasta dónde las y los jueces complacerán al electorado con tal de permanecer en funciones.
Esto va en función de, por ejemplo, si se trata de un caso de feminicidio es probable que la persona juzgadora decida dictar una sentencia ejemplar porque ha despertado la furia social; es completamente comprensible y normativo que se busque justicia. Pero, ¿qué pasaría si se trata del caso de una mujer involucrada en el crimen organizado?, ¿y si se trata de una mujer que, aunque no activamente, participó en un crimen?, ¿qué pasa con las «malas mujeres»?
Bajo este paradigma, se puede imaginar el caso de una mujer que es forzada a transportar droga, bajo esta premisa, el electorado podría exigir que sea castigada por lo que hizo, no sin antes, dimensionar otras condiciones de poder, violencia y/o manipulación necesarias antes de emitir una sentencia.
Esto último, trae a la memoria colectiva a Sanjuana Maldonado, quien fue sentenciada a 30 años de prisión en 2009; atravesada por la pobreza, la violencia y el abuso sexual, Sanjuana migró muy joven de su pueblo en Charco Cercado, San Luis Potosí. A sus 20 años, en la capital potosina conoció a José Cruz, un hombre 16 años mayor con quien inició una relación de violencia; Sanjuana fue engañada para realizar unos pagos en Elektra y terminando el trámite fue aprehendida, posteriormente, acusada de secuestro.
Sanjuana permaneció 15 años privada de su libertad, fue criminalizada durante todo este tiempo. Celia García, abogada de Sanjuana refirió entonces, para Cimacnoticias que los centros de reclusión están llenos de mujeres que, sin saberlo, trabajaban preparando la comida a alguien con nexos con el crimen, de mujeres que confiaron en sus parejas y que fueron engañadas, de mujeres que transportaban paquetes dados por sus hermanos – papás y que contenían narcóticos, y por supuesto, de mujeres que se defendieron de la violencia y el abuso de años: “Ellas sí son castigadas”.
«Entonces, la jueza o el juez podría decir que para su electorado el crimen organizado es algo horrible, entonces, cualquier mujer que toque mi juzgado, independientemente de su grado de participación, pues hay que castigarla. Hay un impacto de género si se persiste con la idea de que las y los jueces deben permanecer en el escrutinio electoral, yo le veo a esta reforma problemas de género que deben remediarse, tenemos qué pensar en políticas que mejoren las condiciones, es urgente que se tomen decisiones que no profundicen la desigualdad» (Magistrada Adriana Ortega)
