/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
Nunca en mi vida profesional había vivido un momento en el que estuviese tan cuestionada la legitimidad del Poder Judicial federal y, en alguna medida, de la profesión legal de élite. En el mundo de las élites jurídicas es muy sencillo ponerse de acuerdo en los graves errores y las calamidades posibles que esconde esa reforma en puerta. Es contundente para todo el gremio que se trata de una reforma judicial equivocada que pone en riesgo la independencia judicial. Coincido con sus preocupaciones. Sin embargo, a ese gremio le es más complicado, mucho más, observar en su correcta dimensión las grandes asignaturas pendientes del sistema de justicia en general e involucrarse en su solución.
Que la reforma del Presidente no sea la correcta no quiere decir que no se necesite una reforma. El eje central de la misma debería encontrarse a partir de responder una pregunta obligada de punto de partida: ¿por qué se duelen y tienen una mala opinión del sistema de justicia la mayoría de las personas en México? En términos más académicos: ¿de qué tamaño es la demanda de justicia insatisfecha y qué la explica?
Tal y como hoy funciona el sistema de justicia, amplios sectores de la población viven al margen de cualquier forma de protección de la ley. Es decir, muchísimas personas no pueden pedirle a un juez que garantice sus derechos frente al atropello y el abuso de otros. Hasta hoy, nadie de nuestra clase política se ha propuesto seriamente derribar las puertas de acceso a la justicia. Son historias de todos los días la de los estafadores que venden terrenos que no están en regla a quienes no tienen casa y huyen con el dinero de la gente con absoluta impunidad, las mujeres cuyas exparejas se van y desaparecen llevándose a sus hijos o dejándolos sin pensión alimenticia, los miles de jóvenes a los que todos los años las fiscalías les arman acusaciones a la mala y pasan años en la cárcel por crímenes que no cometieron, las trabajadoras del hogar sin horario, sin seguridad social y sin salario digno. ¿Qué pensarán todas estas personas cuando el Presidente propone que tengan derecho a elegir a sus jueces a través del voto?
Lamentablemente, aunque elijan a los jueces, la reforma judicial no les va a mejorar el acceso a la justicia. Para empezar, las principales barreras no tienen que ver con la justicia federal. Los grandes cuellos de botella radican en el funcionamiento de cuatro instituciones locales: juzgados de primera instancia, defensoría pública, agencias del MP y juzgados cívicos. Tengo la certeza, después de muchos años de estudiar el funcionamiento de esas instituciones, de que todas ellas están diseñadas y funcionan para hacer sentir a las personas que las utilizan que la aplicación de la ley es arbitraria y caprichosa, que el castigo no está apegado al sentido común y menos aún a un sentido de justicia y que, para evitar los abusos e injusticias de ese sistema, hay que pagar dinero y contar con un buen abogado. En México, sólo quien tiene dinero para defenderse puede evitar los niveles de arbitrariedad con la que funciona el sistema de justicia local. Lamentablemente, año con año, muchísimas personas quedan atrapadas en la telaraña de esas instituciones que gestionan y administran el castigo en la primera instancia local. No entiendo cómo los gravísimos e históricos problemas de acceso a la justicia no están en el centro de la reforma judicial de Morena. En la iniciativa del 5 de febrero el problema es inexistente.
Cuántas cosas podrían cambiar en México si la inmensa mayoría de las personas -y no sólo quienes tienen capacidad económica- pudiesen experimentar en su vida cotidiana que, frente al abuso de otros, el sistema de justicia los y las protege de manera ágil y sencilla, sin tantos barroquismos y formalidades. Sin embargo, por increíble que parezca, esa sigue siendo la agenda de justicia invisible hasta el día de hoy.
No lo entiendo.
