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11.03.2016 Ciudad de México.— La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no logró avanzar en la Cámara de Diputados de México al no alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, por lo que el Gobierno federal y legisladores de la coalición oficialista anticiparon que buscarán una ruta alterna mediante cambios legales secundarios, lo que ya es conocido como un “plan B”.
La propuesta de reforma electoral buscaba modificar diversos aspectos del sistema electoral mexicano, incluyendo cambios en la integración y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y ajustes en el modelo de representación legislativa. Al tratarse de modificaciones constitucionales, la iniciativa requería el respaldo de dos terceras partes de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados.
Durante la discusión en el pleno, legisladores del bloque oficialista —integrado por los partidos de la coalición gobernante— defendieron la propuesta al señalar que permitiría reducir costos del sistema electoral y fortalecer la participación ciudadana.
Sin embargo, los partidos de oposición votaron en contra al advertir que algunos cambios podrían afectar la autonomía del árbitro electoral.
Al momento de la votación, la iniciativa no alcanzó los votos necesarios para su aprobación constitucional, lo que impidió que continuara su proceso legislativo hacia el Senado y los congresos estatales.
Tras el resultado, legisladores del partido gobernante y aliados señalaron que el rechazo no significa el fin de los cambios al sistema electoral. Indicaron que el Gobierno federal y la mayoría legislativa preparan una estrategia alternativa basada en reformas a leyes secundarias que no requieren mayoría calificada.
“Si no se logra la reforma constitucional, hay un conjunto de cambios que se pueden realizar en la legislación secundaria”, señalaron legisladores afines al proyecto durante el debate parlamentario.
Entre las medidas que podrían incluirse en este llamado plan B se encuentran modificaciones a normas relacionadas con el funcionamiento administrativo del sistema electoral, la estructura operativa del INE y reglas de organización de los procesos electorales, siempre dentro del marco constitucional vigente.
Especialistas en derecho electoral señalan que este tipo de estrategia ya ha sido utilizada en el pasado reciente cuando reformas constitucionales no lograron la mayoría necesaria en el Congreso, recurriendo entonces a cambios legales que pueden aprobarse con mayoría simple.
La discusión sobre el sistema electoral mexicano ha sido uno de los temas más polarizados en la agenda política nacional en los últimos años. Mientras el oficialismo sostiene que es necesario simplificar el modelo electoral y reducir su costo, la oposición y diversas organizaciones civiles consideran que cualquier reforma debe garantizar plenamente la independencia del INE y la estabilidad del sistema democrático.
Por ahora, el debate sobre los cambios al sistema electoral continuará en el Congreso, donde la mayoría legislativa analiza qué ajustes podrían impulsarse mediante legislación secundaria en los próximos meses.
