- Análisis sin Fronteras.
- /Ana María Salazar/
Fueron tres reportajes publicados, de tres medios internacionales, en menos de 48 horas, donde se afirma que la “campaña”presidencial en el 2006, de Andrés Manuel López Obrador, habría recibido millones de dólares, según testigos y agentes de la DEA.
La reacción del presidente era de esperarse y tal vez con justa razón: Estos reportajes, además de no aportar pruebas de que AMLO se benefició, son parte de un complot para afectarlo durante el proceso electoral por parte de la oposición y del Departamento de Estado.
De hecho, Steve Dudley, director del portal Insight Crime y autor de uno de los reportajes, estaba de acuerdo con el presidente, asegurando que, de hecho, los reportajes no confirman, ni proporcionan evidencia que AMLO sabía de la inyección de recursos por parte del crimen organizado. Y a pesar del cuestionamiento del presidente y sus seguidores, de por qué se estaría retomando información de eventos del 2006 y una investigación que se llevó a cabo y se desechó en el 2012, Dudley señala la importancia de entender cómo llegan recursos a las campañas presidenciales.
Adicionalmente, los reportes sí dan fuertes indicios sobre varios personajes cercanos al presidente, sin que este buscara específicamente distanciarse de ellos. Probablemente, el presidente sabe que no puede distanciarse de ellos por la información que tienen y el riesgo que corren hacia el futuro.
Más allá de los cuestionamientos del momento en que se publica esta información de eventos que se llevaron a cabo hace 18 años, y la indignación del gobierno, fue pésimo y hasta peligroso el manejo de la crisis por parte del presidente.
Los reportajes señalan que, por razones políticas y por falta de pruebas, no se continuó investigando a López Obrador y a su equipo porque se venían las elecciones y Estados Unidos no quería afectar el proceso. Pero el cancelar la investigación, no significa que toda la información, esos testimonios y grabaciones desaparecieron en un hoyo negro. Al contrario, podría haber sido el inicio de las investigaciones y búsqueda de información sobre Andrés Manuel López Obrador y las personas que lo rodean.
No hay que olvidar que algunos de los testigos protegidos que declararon en el juicio en contra del narcotraficante El Chapo Guzmán y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también aportaron información para estos reportajes.
Y seguirán las investigaciones. Por qué pensó el presidente que no le pondrían atención las agencias estadounidenses y probablemente de otros países, su amable trato al Chapo Guzmán y su familia, además de los múltiples e inexplicables viajes a Badiraguato.
Probablemente, la reacción y defensa más importante provino de la candidata oficial de Morena y del presidente, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que “es muy importante decir que nunca, y no haremos jamás pactos con criminales, o pactos criminales con nadie”. Por lo menos, con esta declaración, la candidata Sheinbaum estaría marcando su posición ante las organizaciones criminales. La pregunta es si la están escuchando los operadores políticos, el presidente y candidatos y candidatas de Morena para los puestos de elección popular.
Ante la crisis que representan estos reportajes de medios internacionales, el siguiente paso que debería de suceder es que la campaña de Sheinbaum ponga sobre la mesa cuál va a ser su estrategia para asegurar que el crimen organizado y dinero mal habido no se reciban a nombre de ella.
La reacción de Xóchitl Gálvez ante las acusaciones plasmadas en los tres reportajes tuvo un tono muy diferente: ella le dice al presidente que se defienda y ponga una demanda en Estados Unidos para defender la investidura presidencial. Con esta exigencia, la candidata de la oposición le pone una trampa a López Obrador porque cualquier demanda no sólo mantendría el tema vigente en los medios de comunicación nacional e internacional, sino que toda demanda requiere más transparencia de las declaraciones y testimonios proporcionados. Por ejemplo: para defenderse, los periodistas podrían exigir el testimonio del narcotraficante Édgar Valdez Villareal (La Barbie) y de Nicolas Mollinedo (Nico, el supuesto chofer de AMLO), quien supuestamente recibió el dinero. O buscar los testimonios de los agentes de la DEA que tanto odia el presidente.
Lo que subrayan estos reportajes es la facilidad de los grupos criminales de enviar dinero a “sus” candidatos. Faltan unos 120 días para las elecciones del 2 de junio, y si la candidata de Morena y la del Frente Amplio de la oposición no tienen una estrategia clara de cómo asegurar que no se esté recibiendo dinero mal habido, no se sorprendan el interés que podría haber de organismos de inteligencia del extranjero en sus fuentes de financiación.
