**Rúbrica.
/ Por Aurelio Contreras Moreno /
La línea discursiva predominante de la campaña propagandística del cuarto informe de gobierno, como se mencionó en una entrega anterior de la Rúbrica, es la frase “no somos iguales”, con la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pretendido desmarcar a su gobierno, a los de la “4t” y a él mismo de las prácticas corruptas que muy evidentemente predominaban en anteriores regímenes.
Sin embargo, como se ha documentado ampliamente, hay sendos casos de monumentales corruptelas dentro de los diferentes gobiernos emanados de la autoproclamada “cuarta transformación”, incluido el federal, que demuestran que esa frase no solamente está vacía, sino que a estas alturas solo sirve para hacer humor negro a su costa.
Veracruz, estado sobre el que pesa una suerte de maldición por los pésimos gobiernos que suele darse, no solo no es la excepción, sino que confirma la regla de que siempre se puede empeorar en materia de deshonestidad y mal uso de los recursos públicos.
Este jueves, el portal AVC Noticias publicó un reportaje de Flavia Morales, una de las mejores periodistas de investigación que hay en el estado de Veracruz, sobre la entrega de contratos por asignación directa en el Poder Judicial estatal por al menos 53.7 millones de pesos a empresas de reciente creación entre 2021 y 2022, periodo en el que la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz y la directora general de Administración Joana Marlen Bautista Flores han hecho lo que han querido con los recursos que manejan.
En la investigación se señala que en el transcurso del último año el Poder Judicial del Estado de Veracruz entregó sendos contratos millonarios a empresas que fueron constituidas apenas meses antes de que se les asignaran las compras o la prestación de servicios, lo cual claramente es un acto de corrupción al estilo de los que caracterizaron la desastrosa administración de Javier Duarte.
De hecho, valdría la pena profundizar si de verdad existen las “empresas” Impulsora Gagamo SA de CV (9.5 millones de pesos para la adquisición de material de limpieza), Comercializadora Amezfier SA de CV (1.2 millones de pesos para la instalación y conservación de aires acondicionados), Edenred México SA de CV (9.9 millones de pesos para el suministro de vales de gasolina y tarjetas electrónicas recargables), entre otras que se mencionan como “proveedoras” del Poder Judicial, pues la mayoría de las cuales no tienen ni un año de haber sido constituidas, en lo que parecería más bien la clásica triangulación de dinero público a través de las tristemente célebres “empresas fantasma”.
Otra prueba de lo “diferentes” que son en la “4t” veracruzana la dio el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien a una solicitud de información a la Contraloría General del Estado pidiendo la versión pública de su última declaración patrimonial, respondió ocultando absolutamente todo.
La Contraloría entregó la declaración patrimonial de Cuitláhuac García con los datos de su patrimonio censurados, bajo el argumento de que se trata de información reservada y confidencial, ya que hacerla pública “representa un riesgo a la vida y la seguridad para el servidor público”.
El argumento es pueril y falaz, pues todos los servidores públicos de todos los niveles están obligados a transparentar sus ingresos y su patrimonio. Pero ya sabemos que en tiempos de la “cuatroté”, la rendición de cuentas y la transparencia son una mera simulación.
¿Qué oculta el gobernador, quien hace poco aseguraba que solo tenía dos camionetas y un terrenito en Banderilla? ¿No será que desde el Poder Judicial lo hayan “salpicado”, con eso de que su primo hermano Eleazar Guerrero es el que “mueve los hilos” ahí?
No son iguales. Puede usted completar la frase.
La distribución de la pobreza
En su mensaje oficial por su cuarto informe de gobierno, al presidente López Obrador no le quedó más que aceptar no hay crecimiento económico en México, pero a cambio hay una “mejor distribución del ingreso”.
Los millones de nuevos pobres en el país son la mejor prueba, le faltó decir.
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