10.12.2024.- Ciudad de México.- En su último informe de labores como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña realizó una crítica a la reforma al Poder Judicial, con la cual, lamentó “se está innovando a partir de una narrativa falsa”.
En su discurso, destacó que se enfrentó a un contexto sin precedentes, particularmente marcado por ataques y amenazas desde el poder, con falacias y de manera sistemática para conseguir un descrédito de jueces, juezas, magistrados y magistradas.
En la rendición de cuentas de la Ministra Norma Lucia Piña, donde estuvieron ausentes los titulares de los los Poderes Ejecutivo y Legislativo, cuestionó que en el proceso de la reforma Judicial se volviera una práctica común desestimar a la autoridad y amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos.
“La campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”, evocó en su informe sin decir el nombre del autor o autores de estos ataques en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
La ministra reconocida por no doblegarse al poder del a 4t señaló que las amenazas al Poder Judicial procedieron cuando la SCJN determinó resoluciones contrarias a los intereses del gobierno de AMLO (sin mencionarlo). A partir de ello las acusaciones se dieron en cascada, por no formar parte de un proyecto político.
Entre las resoluciones que encendieron la campaña en contra del Poder Judicial fueron varias a lo largo del sexeenoio pero principalmente tres: la anulación del pase de la Guardia Nacional a la Sedena; la invalidación del decreto que califica como seguridad nacional las megaobras y en tercer término, la cancelación del “Plan B” de la reforma electoral.
“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad”, advirtió la ministra Norma Piña.
En contraste, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, las resoluciones se celebraban públicamente, definió la primera mujer que preside el Poder Judicial, quien fue atacada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
“He reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil; el contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”.
Norma Lucía Piña, quien junto a sus colegas ministros presidirán la SCJN hasta agosto del 2025, explicó que este tipo de campañas contra los juzgadores federales constituyen amenazas a la independencia judicial, lo que representa “una práctica antidemocrática”.
La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández señaló que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional, de las implicaciones de la reforma judicial.
Confió que la finalidad de la reforma, por el bien de México, no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos “la reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos; todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público, desea lo mejor para su país”.
En su cuestionamiento la ministra precisa que a su juicio la reforma judicial, además de no tener precedente a nivel mundial, tiene dos problemas de origen, pues se hizo sin diagnóstico y se basa en una narrativa falsa.
“La reforma está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos, entonces, ante un caso típico de posverdad, en el que las apelaciones, a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos, que los hechos objetivos y verificados”, sentenció.
Además la ministra criticó que la reforma Judicial no contemple a los policías, a las fiscalías ni a las comisiones de víctimas.
“¿Por qué todos los esfuerzos se han concentrado en la transformación del Poder Judicial Federal? ¿Dónde están las propuestas para remediar los profundos problemas de las instituciones policiales y las fiscalías, así como la atención a los millones de víctimas de delitos en México y quienes, por otra parte, viven el horror del sistema penitenciario?”, inquirió.
Norma Piña dijo que le llama la atención que entre las principales acusaciones contra el Poder Judicial es que hay demasiadas personas sin sentencia en prisión, sin cuestionarse la prisión preventiva que ha implementado este gobierno..
“¿No es esto precisamente lo que ocasiona en gran medida la prisión preventiva oficiosa que más que en ningún otro periodo de la historia de México se ha impulsado y continúa promoviéndose actualmente? Ello, no obstante, que sobre el Estado Mexicano pesa una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente sobre este tema”, sostuvo.
La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir, destacó la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al rendir su informe anual de labores 2024 como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La ministra presidenta, quien resaltó que este informe anual, es un ejercicio de rendición de cuentas que muestra el trabajo diario que se ha realizado desde la judicatura federal en favor de la impartición de justicia centrada en las personas, “a través de este ejercicio de transparencia, se da cuenta a la sociedad mexicana que el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias y resoluciones que, reconocidamente, tanto a nivel nacional como internacional, han protegido los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.
Destacó la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación derivada de la presentación de la Cuenta Pública 2023, en la cual esta autoridad no determinó alguna observación o recomendación para este alto tribunal.
Sobre el trabajo jurisdiccional en este 2024, el Pleno del CJF discutió y decidió sobre los asuntos de su competencia y atribuciones en 61 sesiones ordinarias, presenciales, celebradas semanalmente, en las que se determinaron y resolvieron 3,087 asuntos en materia de administración, adscripciones, carrera judicial, conflictos laborales, contraloría, creación de nuevos órganos, disciplina, vigilancia, entre otras.
Reiteró que “los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido”.
Por último, la ministra Piña Hernández realizó un reconocimiento a sus colegas, a todo el personal jurisdiccional y el personal administrativo y operativo. “A todos los que somos trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial Federal; en particular a los estudiantes, que se han manifestado, que han marchado, que se han involucrado alzando su voz en un tema crucial para la preservación del Estado de derecho”
“El trabajo de cada uno es la mejor voz; y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia, es su legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia””, finalizó.
