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09.11.2025 Ciudad de México.- A dos meses de haber dejado la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra en retiro Norma Lucía Piña Hernández reapareció públicamente en un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde lanzó una crítica frontal a la reforma judicial impulsada por el oficialismo y advirtió sobre sus consecuencias estructurales para la justicia, la democracia y la inversión en México.
En un auditorio lleno de estudiantes y académicos, Piña Hernández denunció que la reciente reforma judicial, que permitió la elección popular de jueces y magistrados, ha abierto la puerta a perfiles sin preparación ni carrera judicial, lo que compromete la calidad de las resoluciones y la imparcialidad del sistema. Afirmó que esta transformación no solo debilita la independencia judicial, sino que representa una regresión institucional que podría tardar al menos una década en revertirse.
La exministra fue enfática al señalar que el costo de esta reforma lo pagarán los ciudadanos comunes, quienes enfrentarán un sistema menos profesionalizado y más vulnerable a presiones políticas. En su intervención, subrayó que la raíz del problema es la falta de educación cívica y jurídica en la sociedad mexicana, lo que ha permitido que se diluya la comprensión de la división de poderes y se confunda el rol del Poder Judicial con el de otras instituciones como las fiscalías o las policías.
Piña calificó el contexto actual como una “tormenta perfecta” contra la independencia judicial, resultado de la sobrerrepresentación legislativa del partido en el poder y sus aliados, lo que facilitó la modificación constitucional sin contrapesos.
Esta concentración de poder, advirtió, ha alterado el equilibrio entre los poderes del Estado y ha puesto en riesgo la credibilidad de la justicia mexicana tanto a nivel interno como internacional.
En un tono autocrítico pero firme, la exministra defendió el actuar del Poder Judicial durante su gestión, asegurando que se hicieron todos los esfuerzos posibles para resistir la embestida política.
“Salimos a las calles, a entrevistas, a conferencias. Hicimos todo lo que teníamos que haber hecho”, afirmó, en respuesta a quienes acusan a la Corte de haber sido pasiva ante el avance de la reforma.
El foro también contó con la participación del ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien denunció una campaña sistemática de desprestigio contra el Poder Judicial, orquestada desde el Poder Ejecutivo.
Según Pardo, esta narrativa buscó instalar la idea de que todos los jueces eran corruptos y servían a intereses oscuros, con el objetivo de debilitar su legitimidad ante la opinión pública. Reiteró que los jueces no están llamados a representar al pueblo, sino a resolver controversias con imparcialidad y honestidad, incluso si eso implica decisiones impopulares.
La reaparición de Piña Hernández no solo marca su regreso al debate público, sino que también representa un posicionamiento político y ético frente a un proceso de transformación judicial que ha sido duramente cuestionado por organismos nacionales e internacionales.
Su llamado a revertir la reforma mediante la educación y la movilización cívica apunta a una estrategia de largo aliento para reconstruir los contrapesos democráticos y restaurar la confianza en el sistema de justicia.
