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/Juan José Rodríguez Prats/
No se trata de custodiar un templo, sino de abrir plazas donde el saber vuelva a ser conversación pública
Máriam Martínez Bascuñán
México no ha tenido vida parlamentaria, no hemos sido capaces de discutir para esclarecer ideas que nos unan. Eso son las leyes. Apenas asoman algunos destellos en nuestra historia, algunos intentos de deliberar con aceptable nivel cultural y compromiso ético de cuidar a todos, dándole preeminencia al bien común sobre los intereses grupales.
El cruce de ideas razonablemente sustentadas no es lo nuestro, preferimos la confrontación estéril, camino más eficaz para el desacuerdo.
Hay tres momentos de auténtica reflexión congresional:
• El Constituyente de 1856-57 que ocasionó una guerra civil y posteriormente la invasión francesa.
• La XXVI Legislatura (1912-13) disuelta por Victoriano Huerta.
• Las dos legislaturas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-94) que aprobó las leyes de una nueva política, principalmente en lo económico.
La aún indefinida reforma electoral que impulsa el actual gobierno pretende, según declaraciones de sus autores, evitar la conversación pública en torno a valores y principios para imponer la jerarquía incontestable del exacerbado presidencialismo. El motivo ha sido terminar con lo que originalmente fueron los diputados de partido (1964) y su posterior cambio a los de representación proporcional (1977).
Jesús Reyes Heroles, uno de nuestros escasos intelectuales con ideas claras y capacidad de instrumentarlas eficazmente, lo dijo sin ambages: “La resistencia que apoye”.
Mediante mecanismos ya probados en otras democracias, se mejoró la representatividad. Postulando perfiles parlamentarios idóneos, los congresos federales y locales cumplieron algo mejor sus tres funciones más importantes: integración, control y legislativa, consistiendo esta última en hacer leyes.
El Poder Judicial ve hacia el pasado, al emitir juicios sobre hechos consumados; el Poder Ejecutivo aplica el presupuesto, enfrenta los problemas del presente; y los representantes por elección ciudadana diseñan un futuro más promisorio, convergiendo principios y hechos. Esta es la tarea de mayor relevancia. En segundo lugar, está la de control del ejercicio del poder, ser contrapeso del ejecutivo.
La democracia nace de nobles propósitos, pero también ha creado instituciones para evitar las distorsiones que dañan a las naciones.
Anoto una grave falla, parte de la condición humana. En nuestro país, los candidatos con los atributos para cumplir los deberes propios del cargo generalmente no son hábiles para ganar votos, para hacer campañas exitosas. Por eso los partidos utilizaron las listas para postular a quienes asumieran con mejor aptitud la responsabilidad de defender principios y propuestas.
Como desgraciadamente suele suceder, la práctica no correspondió a la teoría. Las dirigencias partidistas soslayaron su principal obligación: llevar a los cargos públicos a los mejores, a quienes se acercaran a los requerimientos para realizar las funciones ya mencionadas. Los últimos años han sido desastrosos. Cualitativa y cuantitativamente, nuestros órganos colegiados protagonizan espectáculos vulgares, en lugar de ser los recintos de donde emanen decisiones certeras que orienten a la nación.
Hoy en día, la discusión más frecuente consiste en especular sobre quiénes van a “recoger los platos rotos” o a “sacar el buey de la barranca”, ante la situación de nuestro país.
Demóstenes, uno de los mejores parlamentarios de la antigua Atenas, recomendaba algo elemental: “¿Qué hay que hacer? A estos les daré una respuesta que me parece más equitativa y verdadera: no hacer lo que hacéis actualmente”. Esa es la razón por la que, conjuntamente con quienes considero personajes de gran valía en todos los órdenes, firmé el manifiesto para detener la aviesa reforma electoral.
El desprecio con que la llamada cuarta transformación ha considerado a senadores y diputados no puede continuar.
Democracia es parlamento.
