*A Juicio de Amparo
/ María Amparo Casar /
A través de una plataforma disponible al público que lleva por título Bajo ataque: persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, el equipo de investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California de Berkeley ha documentado con gran precisión cientos de casos de persecución que han sufrido periodistas y defensores de derechos humanos desde que llegó López Obrador al poder en 2018.
El estudio muestra que, aunque desde el gobierno de Calderón se puede evidenciar una tendencia ascendente en las agresiones a periodistas y defensores, es en los dos gobiernos de Morena (2018-2026) que los ataques crecen de manera exponencial hasta convertir a México en el país “más letal” para estos sectores: 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos asesinados tan solo durante el sexenio de López Obrador.
El reporte da cuenta puntual de los mecanismos utilizados por los gobiernos de AMLO y Sheinbaum y los divide en cinco categorías: acoso y estigmatización; vigilancia ilegal; abuso en los procesos legales; violencia física; e impunidad e incumplimiento de la debida protección.
No se señala para cada una de las víctimas a los perpetradores del acoso, pero sí concluyen que la participación de autoridades públicas en estos casos se ha incrementado en 43%.
Y, lo peor, la conclusión: “cuando un grupo o sector de la sociedad es identificado públicamente por el jefe de Estado como enemigo, vigilado por inteligencia militar, acosado por redes con filiación estatal, demandado por las autoridades gubernamentales y después asesinado o desaparecido sin consecuencias, los incidentes comienzan a aparecer no como eventos aislados sino como un patrón de conducta dirigido contra grupos predefinidos de acuerdo a sus creencias o actividades”.
Ni con buena voluntad y cifras torcidas la libran.
Realmente, ¿quién podría estar en desacuerdo con el diagnóstico de que “desde las primeras semanas de su mandato, López Obrador utilizó su conferencia matutina televisada para, frente a una audiencia nacional, nombrar a las organizaciones y periodistas en lo individual como corruptos y adversarios extranjeros”? ¿Quién podría negar que “su gobierno retiró la publicidad de la que dependían los medios y que expandió los propios”? ¿Cómo contradecir al estudio cuando dice que “disolvió o recortó el financiamiento de las dependencias autónomas que servían de contrapeso” o que puso “al frente de la seguridad pública y de la administración civil a militares, blindándolos del escrutinio y la rendición de cuentas”? ¿Cómo contradecir su argumento de que los fiscales especiales para crímenes contra la prensa fueron abandonados?
Tomadas en conjunto, todas estas acciones “disminuyeron el costo de atacar a los periodistas y defensores de derechos humanos”.