*Organizaciones feministas identifican 12 riesgos en la iniciativa presidencial.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
13.08.2026 /CimacNoticias.com/ Un análisis firmado por 36 organizaciones feministas identifica 12 riesgos en la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellos la posibilidad de que asesinatos de mujeres sean reclasificados como homicidios.
Las organizaciones reconocen avances en la propuesta presidencial, pero advierten que algunos de sus artículos podrían debilitar herramientas jurídicas construidas durante los últimos 15 años para investigar la violencia feminicida y combatir la impunidad.
El documento fue firmado por 36 organizaciones feministas y lleva el sello de Todas México.
Reclasificar feminicidios: uno de los principales riesgos
Uno de los principales cuestionamientos está en el último párrafo del artículo 10 de la iniciativa, que establece que, cuando no se acredite el feminicidio, deberán aplicarse las reglas del homicidio.
Para las organizaciones, esta disposición podría convertir en una vía legal una práctica que han documentado durante años: que una investigación iniciada como feminicidio termine reclasificada como homicidio doloso, homicidio culposo o incluso cerrada bajo la hipótesis de suicidio.
Las organizaciones consideran que el problema no está solamente en que una investigación pueda cambiar de clasificación, sino en que la iniciativa no establece controles suficientes para garantizar que esa decisión esté debidamente justificada.
Por ello, plantean que cualquier reclasificación tenga que realizarse mediante una resolución fundada y motivada, después de agotar las diligencias de investigación, incluido el análisis de contexto y la búsqueda de antecedentes de violencia.
También piden que las víctimas indirectas y sus asesorías jurídicas sean notificadas y puedan impugnar la decisión ante un juez de control.
Organizaciones piden fortalecer el análisis de contexto
Otro de los puntos cuestionados es el artículo 21, que contempla que las autoridades deben valorar la realización de un análisis de contexto durante las investigaciones.
Para las organizaciones feministas, “valorar” no equivale a realizar este análisis, por lo que consideran necesario que la ley establezca su realización como una obligación.
Este elemento es relevante porque permite identificar las relaciones de poder, posibles antecedentes de violencia, relaciones de subordinación y otras circunstancias que pueden contribuir a acreditar las razones de género presentes en un asesinato.
La propuesta de las organizaciones es que, cuando no se realice el análisis de contexto, la autoridad tenga que justificar por escrito esa decisión dentro de la carpeta de investigación.
También cuestionan definición de “mujer”
El posicionamiento también cuestiona la definición de mujer incluida en el artículo 6 de la iniciativa, donde se establece que será “toda persona que se identifique como mujer”.
Las organizaciones consideran que esta formulación modifica el sujeto protegido por el delito y cuestionan cómo se aplicaría la autoadscripción en una investigación penal después de la muerte de la víctima. También señalan que la definición resulta circular al utilizar el término “mujer” para definir quién es mujer.
Por ello, proponen sustituirla por la definición: “Mujer: la persona del sexo femenino, de cualquier edad”.
Advierten posibles afectaciones a otras leyes
Otro de los riesgos señalados está en los artículos transitorios de la iniciativa.
Las organizaciones alertan que la remisión de las referencias al feminicidio de los códigos penales federal y estatales al nuevo ordenamiento, junto con la derogación de disposiciones que se opongan al decreto, podría afectar figuras jurídicas creadas en las entidades federativas.
Entre las normas que mencionan se encuentran disposiciones relacionadas con la llamada Ley Malena, sobre ataques con ácido y sustancias corrosivas; la violencia vicaria; la Ley Ingrid, relacionada con la difusión indebida de imágenes de víctimas, y la Ley Monzón, vinculada con la pérdida de la patria potestad.
Las organizaciones plantean que los tipos penales locales que otorguen una protección igual o mayor a mujeres, niñas y adolescentes sean preservados de manera expresa.
Una nueva ley sin presupuesto, advierten
Las organizaciones también cuestionan que la iniciativa plantee nuevas capacidades institucionales para investigar feminicidios sin contemplar recursos adicionales.
El proyecto propone que la Fiscalía General de la República y las fiscalías de las 32 entidades cuenten con unidades especializadas, ministerios públicos, policías, personal pericial y recursos tecnológicos, financieros y materiales suficientes.
Sin embargo, el transitorio Décimo Segundo establece que las erogaciones serán cubiertas con el presupuesto ya aprobado y que no se autorizarán recursos adicionales. El dictamen de impacto presupuestario señala que las nuevas atribuciones deberán cubrirse con los recursos existentes.
Para las organizaciones, esto representa una contradicción entre las obligaciones que establece la nueva legislación y los recursos necesarios para hacerlas realidad.
OCNF y Red Nacional de Refugios también piden diálogo
La preocupación no se limita al documento firmado por las 36 organizaciones.
Desde que la iniciativa fue presentada, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha llamado al Congreso de la Unión a abrir un proceso de diálogo con organizaciones y especialistas que acompañan casos de violencia feminicida y conocen los obstáculos que enfrentan las familias para acceder a la justicia.
La Red Nacional de Refugios (RNR) también pidió que durante la discusión legislativa se abran mesas de diálogo con organizaciones feministas, sobrevivientes, familiares de víctimas, academia y personas que acompañan a mujeres en riesgo feminicida.
El OCNF ha señalado que una Ley General puede representar una oportunidad para homologar criterios y fortalecer la respuesta del Estado, pero ha insistido en que su contenido debe incorporar la experiencia de quienes han acompañado directamente casos de feminicidio.
Reconocen avances en la iniciativa
Pese a las críticas, las organizaciones no rechazan todos los elementos de la propuesta.
Entre los aspectos positivos reconocen que el feminicidio sea considerado imprescriptible; que se eliminen excusas absolutorias y atenuantes relacionadas con conceptos como emoción violenta, ira, provocación, honor o celos; así como el reconocimiento de una reparación transformadora en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
También consideran positivo que toda muerte violenta de una mujer deba investigarse inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio. Precisamente por ello, sostienen que esa obligación debe acompañarse de candados que impidan abandonar posteriormente esa línea de investigación sin una justificación y controles adecuados.
La iniciativa fue presentada por Claudia Sheinbaum el 15 de julio y actualmente se encuentra en el Senado, donde se abrió un periodo para recibir observaciones antes de continuar con su discusión legislativa. Las organizaciones pidieron que sus propuestas sean incorporadas al proyecto.