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24.08.2026., EUA.- El ejército de Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, operación que dejó dos personas muertas y que forma parte de la campaña militar que la administración del presidente Donald Trump mantiene contra presuntas rutas marítimas utilizadas para el tráfico de drogas en aguas de América Latina.
El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este lunes que la operación ocurrió el domingo y tuvo como objetivo una embarcación descrita como de “bajo perfil”, que, de acuerdo con la versión oficial estadounidense, navegaba por rutas identificadas como utilizadas para el narcotráfico en el Pacífico oriental.
“Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”, afirmó el Comando Sur en el mensaje con el que dio a conocer la operación. La institución agregó que se trató de un “ataque cinético letal” y sostuvo que la acción forma parte de su estrategia para combatir directamente a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
El ataque fue acompañado por imágenes en blanco y negro difundidas por las autoridades estadounidenses, en las que se observa una embarcación desplazándose sobre el agua antes de que se produzca una explosión.
Las autoridades de Estados Unidos señalaron que dos personas murieron como consecuencia de la operación. Hasta el momento, el Pentágono no ha presentado públicamente pruebas independientes que permitan verificar que la embarcación transportaba drogas, más allá de la información de inteligencia que Washington asegura haber obtenido.
Este punto ha generado cuestionamientos sobre la campaña militar estadounidense. De acuerdo con recuentos difundidos por medios internacionales y agencias de noticias, más de 200 personas han muerto desde que comenzaron estos ataques contra embarcaciones sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.
El ataque de este domingo representa, además, el primero de este tipo anunciado públicamente por el ejército estadounidense en aproximadamente dos meses. La ofensiva se ha extendido durante casi un año y forma parte de la denominada operación Southern Spear, impulsada por el gobierno de Trump para combatir lo que Washington considera organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
La Casa Blanca ha defendido estas operaciones bajo el argumento de que Estados Unidos enfrenta una amenaza directa de los cárteles latinoamericanos. Trump ha sostenido que su gobierno considera que existe, en la práctica, un conflicto armado contra esas organizaciones y ha utilizado esa justificación para respaldar el empleo de fuerza militar contra embarcaciones sospechosas.
Sin embargo, la estrategia estadounidense ha generado cuestionamientos jurídicos y diplomáticos. Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en derecho internacional han advertido que matar a personas sospechosas de participar en actividades criminales sin un proceso judicial podría constituir una ejecución extrajudicial.
La controversia se intensifica porque el gobierno estadounidense no ha hecho públicos, en la mayoría de los casos, elementos suficientes para demostrar que las embarcaciones atacadas efectivamente transportaban drogas. El Comando Sur suele afirmar que dispone de inteligencia que acredita la actividad de narcotráfico, pero los detalles de esa información permanecen bajo reserva.
El nuevo ataque también ocurre en un momento en que Washington ha incrementado su presión militar y política contra organizaciones criminales de América Latina. La administración Trump ha presentado el combate al narcotráfico como uno de los principales objetivos de su política de seguridad hemisférica.
La campaña no se limita al Caribe. Durante los últimos meses, las fuerzas estadounidenses han realizado operaciones en el Pacífico oriental, una zona estratégica para las rutas marítimas utilizadas por organizaciones sudamericanas para transportar cocaína hacia México y posteriormente hacia otros mercados.
El Pacífico oriental es especialmente relevante para el tráfico internacional de drogas debido a la utilización de embarcaciones pequeñas y rápidas que pueden recorrer largas distancias y realizar transferencias de cargamentos en alta mar.
De acuerdo con información publicada recientemente por autoridades estadounidenses, redes criminales de Ecuador han utilizado embarcaciones pesqueras como fachada para movilizar grandes cantidades de cocaína hacia México, donde posteriormente la droga puede ser transferida a otras embarcaciones para continuar su recorrido hacia el norte.
No obstante, en el caso del ataque ocurrido este domingo, las autoridades estadounidenses no han identificado públicamente a las dos personas fallecidas, tampoco han informado la nacionalidad de las víctimas ni han detallado qué tipo o cantidad de droga supuestamente transportaba la embarcación.
Tampoco se ha informado hasta ahora si existieron sobrevivientes, si la embarcación fue interceptada antes del ataque o si hubo algún intento de detención de sus tripulantes.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate internacional el uso de fuerza letal por parte de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes fuera de su territorio. Mientras Washington sostiene que sus operaciones son necesarias para frenar el tráfico de drogas, críticos de la estrategia cuestionan tanto la legalidad de los ataques como la ausencia de pruebas públicas sobre los objetivos seleccionados.
Con esta nueva operación, la campaña militar estadounidense contra las embarcaciones sospechosas de narcotráfico suma más víctimas y amplía nuevamente la presencia de las fuerzas de Washington en aguas del Pacífico oriental.
Por ahora, la información oficial confirma dos muertos y una embarcación destruida. El Comando Sur sostiene que se trataba de una nave involucrada activamente en el narcotráfico con base en “inteligencia confirmada”, pero no ha presentado públicamente pruebas adicionales que permitan corroborar esa afirmación.
El nuevo ataque mantiene así abierta una controversia que rebasa la lucha contra el narcotráfico: hasta dónde puede llegar Estados Unidos en el uso de la fuerza militar contra personas señaladas como integrantes de redes criminales y qué mecanismos existen para verificar que los objetivos atacados realmente estén involucrados en actividades ilícitas.