*Escrito por Wendy Rayón Garay
01.06.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- A menos de dos meses de haber encontrado sin vida a la abogada y defensora Ayuuk Sandra Domínguez, desaparecidos el pasado 8 de octubre del 2024, hoy, Oaxaca vuelve a tener señalamientos por agredir a otra activista, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), denunció que Silvia Pérez Yescas sufrió una nueva agresión por su labor, esta vez las oficinas de la organización que dirige, Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales A.C. (CIARENA A.C.) la cual fue allanada el pasado 26 de junio.
Silvia Pérez Yescas es una defensora de los derechos de las mujeres, las juventudes y la niñez indígena que desde hace un año atrás ha sido blanco de hostigamiento y amenazas de muerte. La situación de riesgo que ha estado viviendo comenzó después de visibilizar casos de feminicidios, agresiones sexuales y violencia física contra mujeres en la zona de María Lombardo.
Este hecho se enmarca en una crisis de violencia contra mujeres defensoras en el país. IM-Defensoras señaló que entre 2020 y 2024 contabilizaron mil 383 agresiones contra 321 defensoras y 22 organizaciones que defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación en el país. Esto representa 15% del total de las agresiones a defensoras en el mismo período que ocurrieron en estados como Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Quintano Roo, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán y Oaxaca.
La situación de riesgo y agresiones que está viviendo Silvia Pérez, inició después de que a través del trabajo con las comunidades del Istmo se identificaran múltiples casos de feminicidios, violencias sexuales y física contra mujeres, con especial incidencia en la zona de Santa María Lombardo, municipio de San Juan Cotzocón Mixe en el Istmo de Tehuantepec.
El panorama de violencia a la que se enfrenta hizo que tuviera que desplazarse de María Lombardo, la misma en donde fue vista por última vez la defensora de los derechos de las mujeres y abogada ayuuk Sandra Domínguez, quien fue encontrada asesinada en abril de 2025 en Veracruz; por lo que IM-Defensoras alertó el contexto de violencia y violaciones a derechos humanos que se vive en esta parte de Oaxaca.
Anteriormente, Silvia Pérez Yescas señaló como presunto autor material e intelectual de las agresiones en su contra a César N, funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), siendo que ya había fungido como agente municipal de María Lombardo. Esto porque el pasado 27 de febrero allanaron su hogar, mientras ella se encontraba en un taller comunitario, llevándose equipo de cómputo. Posteriormente, las autoridades estatales y federales dejaron el caso inconcluso pese a tener información de los perpetradores.
La violencia del INPI contra las mujeres defensoras
Cabe resaltar que esta no es la primera vez que un funcionario del INPI es señalado por ejercer violencia contra las mujeres defensoras. El caso de la desaparición y asesinato de Sandra Domínguez pone en relieve la responsabilidad de esta institución, ya que en 2022 denunció el chat Sierra XXX en el que se compartían fotografías con connotaciones sexuales de mujeres mixes.
Este chat contó con la participaron funcionarios del INPI, por ello Sandra viajó a la Ciudad de México para hablar Krhistian Mahatma Hernández, del equipo legal del instituto quien logró la destitución de Rolando Vázquez, encargado de plazas. Aunque en realidad, la defensora esperaba que con su denuncia se lograra la limpieza del personal de la organización involucrados con el chat sexual, acción que nunca ocurrió.
Otro señalamiento de violencia contra mujeres por parte de funcionarios del INPI ha sido contra Francisco Regino Montes, hermano del director del instituto Adelfo Regino Montes, quien fue denunciado en 2023 por acoso sexual y hostigamiento laboral por Adriana Hernández, promotora comunitaria indígena del INPI, aunque la historia de violencia comenzó en 2020 cuando recibió un mensaje con insinuaciones sexuales.
Ambos personajes están ligados al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Hugo Aguilar y antiguo Coordinador General del INPI, después de ganar la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio. La relación entre Adelfo Regino Montes y Hugo Aguilar se remonta a cunando aún no trabajaban para el Estado y se encontraban acompañando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Por lo que, la falta de respuesta ante la denuncia de violencia digital contra mujeres mixes y el mantener relación con un hombre que ha sido señalado de proteger a su hermano, acusado de acoso sexual, pone en relieve el pacto patriarcal dentro del INPI y la violencia ejercida contra las mujeres, especialmente las defensoras.
Por ello, IM-Defensoras reiteraron su demanda a las autoridades estatales y federales para que garanticen de manera urgente la protección de Silvia Pérez Yescas y cada una de las integrantes de CIARENA A.C.; así como la investigación diligente de las diferentes agresiones que se han perpetrado en su contra. También hicieron un llamado al Estado mexicano, en todos sus niveles, de cualquier nuevo ataque en contra de la defensora.
Ser mujer defensora en Mesoamerica
México enfrenta una crisis de derechos humanos marcada por la violencia estructural e institucional donde la militarización ha agravado las condiciones en el territorio nacional. En consecuencia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas viven distintos tipos de violencia como la persecución y criminalización.
Las mujeres defensoras están en constante peligro debido al ejercicio de su labor ya que tienen que ir o viven en lugares con altos índices de violencia; abordan temas de impunidad, injusticia y lucha social; acompañan a las familias o victimas generando un contacto de género; y a esto se suma el componente de género donde sufren violencia o tortura sexual y feminicidios.
Aunque no existen cifras actuales sobre la totalidad de mujeres defensoras que han sido asesinadas desde el 1 de octubre de 2024 hasta nuestros días, para dimensionar la situación, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció en su reciente reporte las siguientes agresiones en Mesoamérica de 2012 a 2024:
Defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente con 22.4%, defensoras a la verdad, justicia y reparación con 18.9%, defensoras a la información y libertad de expresión con 13.7%, defensoras a la participación política 10.4%, defensoras de las mujeres a una vida libre de violencia con 9.5%, defensora de derechos humanos con 6.5%, defensoras de las mujeres con 5.3%, defensoras de la educación con 3%, defensoras de las personas privadas de la libertad con 2.3%, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos con 1.8%, defensoras de la población LGBTQI+ con 1.7% y defensoras de los pueblos indígenas con 1.6%.
Las principales agresiones documentadas además de los feminicidios e intentos de feminicidio son: desapariciones forzadas, secuestros, hostigamiento, limitaciones o ataques por recabar, obtener o poseer información, amenazas, vigilancia, incitación a la violencia y violencia física.
Respecto a los responsables se identificó la culpabilidad de las autoridades municipales en un 46% de las autoridades públicas federales en el 28% de los casos, policías en el 16% y fuerzas armadas en un 1.86%. Asimismo, también se identificó a personas desconocidas en el 39% de las agresiones de las que 11% ocurrieron en el ámbito digital.
El 32%, es decir, 1 de cada 3 de las agresiones ocurrieron cuando la defensora contaba ya con una medida de protección, principalmente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Finalmente, en el 42% de las agresiones se identificaron elementos de discriminación de género como la descalificación de su trabajo, las expresiones de violencia de carácter sexual, expresiones misóginas y amenazas de tipo sexual, secuestro, agresión física y otros.
