*La medida de Washington desata una respuesta diplomática coordinada de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido; España, Bélgica y la Unión Europea también expresan su rechazo, mientras António Guterres advierte que la decisión amenaza la justicia internacional
09.10.2026.- Las sanciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) provocaron una reacción diplomática de aliados de Estados Unidos que advirtieron sobre sus consecuencias para la independencia judicial, la investigación de crímenes internacionales y la protección de las víctimas.
La respuesta más concreta llegó este viernes 9 de octubre de 2026, cuando los ministros de Exteriores de ocho países, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido, emitieron una declaración conjunta para expresar su desacuerdo con las medidas estadounidenses y reiterar su respaldo al tribunal con sede en La Haya.
La declaración tiene un peso diplomático particular porque procede de países que mantienen relaciones estrechas con Washington y que, al mismo tiempo, son Estados parte del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la Corte Penal Internacional. Los ocho gobiernos señalaron que las sanciones podrían afectar significativamente el trabajo de la institución, a sus empleados y a sus familias, además de dificultar los esfuerzos para llevar ante la justicia a personas acusadas de los delitos internacionales más graves.
El pronunciamiento no se limitó a una condena política. Los gobiernos firmantes también manifestaron su disposición a trabajar de manera coordinada para respaldar las funciones de la Corte, preservar el sistema internacional basado en reglas y mantener un diálogo con los países que no forman parte del Estatuto de Roma.
A esa respuesta se sumaron España y Bélgica, que expresaron su rechazo por separado, así como la Comisión Europea, que ofreció explorar medidas para proteger las operaciones del tribunal y los intereses de las entidades europeas que pudieran verse afectadas. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también condenó la decisión de Washington y alertó sobre sus consecuencias para la justicia penal internacional.
La controversia ocurre en una jornada marcada además por la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y defensora de los derechos humanos. Sin embargo, el anuncio de las sanciones constituye un asunto institucional distinto del premio, aunque ambos acontecimientos quedaron vinculados en la discusión pública por la coincidencia de sus fechas.
España y Bélgica piden proteger al tribunal
España condenó las nuevas sanciones estadounidenses y reafirmó su respaldo a la Corte Penal Internacional y a su labor contra la impunidad. El Ministerio de Asuntos Exteriores español defendió el papel del tribunal en la protección de las víctimas y en la preservación del orden multilateral basado en normas internacionales.
Bélgica, por su parte, planteó que la Unión Europea debe adoptar medidas concretas para proteger la independencia de la Corte. El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, anunció que su país impulsaría la discusión del tema entre sus homólogos europeos y en la próxima reunión del Consejo Europeo.
La propuesta belga incluye recurrir al llamado mecanismo de bloqueo de la Unión Europea, una herramienta jurídica diseñada para contrarrestar determinados efectos extraterritoriales de sanciones impuestas por terceros países. Su eventual aplicación tendría que ser evaluada por las instituciones europeas y no significa que el mecanismo ya haya sido activado.
La preocupación de Bruselas es que las restricciones estadounidenses puedan alcanzar a empresas europeas que proporcionan servicios tecnológicos, financieros u operativos al tribunal. Si esas compañías suspenden sus contratos por temor a las sanciones, la Corte podría enfrentar dificultades para mantener sistemas y servicios indispensables para sus investigaciones.
La Unión Europea advierte que tomará medidas
La Comisión Europea calificó de profundamente lamentable el anuncio de Washington y afirmó que está preparada para adoptar las medidas necesarias para permitir que la CPI continúe investigando y procesando crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
El pronunciamiento también pone el foco en la protección de los operadores económicos europeos que podrían quedar expuestos a las consecuencias de las sanciones. La respuesta comunitaria, por tanto, no se limita a una declaración de respaldo político: contempla la posibilidad de recurrir a instrumentos legales para reducir los efectos de las medidas estadounidenses en territorio europeo.
La posición europea cobra especial relevancia porque todos los países miembros de la Unión Europea forman parte del Estatuto de Roma. La defensa del tribunal está vinculada con compromisos jurídicos internacionales que sus gobiernos asumieron al adherirse a ese instrumento.
Aun así, el alcance de una respuesta coordinada dependerá de las decisiones que adopten las instituciones europeas y los gobiernos nacionales. Hasta el momento, el anuncio de posibles medidas de protección no equivale a una represalia económica contra Estados Unidos.
Guterres califica las sanciones como un golpe a la justicia internacional
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó la decisión estadounidense y advirtió que podría debilitar los esfuerzos internacionales para garantizar que los responsables de crímenes graves rindan cuentas.
En un mensaje difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres señaló que la decisión representa “un serio golpe” a la búsqueda colectiva de justicia penal internacional y recordó que la Corte constituye uno de los pilares de ese sistema.
El jefe de la ONU también llamó a los Estados a respetar sus compromisos internacionales y respaldar los mecanismos que permiten investigar los delitos más graves. Su pronunciamiento amplió el alcance de la controversia: ya no se trata solamente de una diferencia entre Washington y La Haya, sino de una disputa sobre la capacidad de las instituciones multilaterales para operar sin interferencias políticas.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también pidió medidas inmediatas para proteger a la Corte y calificó de inaceptables las sanciones anunciadas por Estados Unidos. Su intervención subrayó la preocupación por las consecuencias que podrían tener las restricciones sobre las investigaciones y los procesos judiciales en curso.
¿Qué sanciones anunció Estados Unidos?
El gobierno de Trump justificó las medidas con el argumento de que la CPI pretende ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses sin autorización de Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Estados Unidos no permitirá que el tribunal procese a estadounidenses y describió a la institución como un organismo que, a juicio de su administración, actúa fuera de sus atribuciones.
La decisión del 9 de octubre amplía las medidas que el gobierno estadounidense ya había impuesto contra funcionarios de la Corte. Esta vez, las restricciones se dirigen contra la institución y buscan impedir transacciones con ella, con posibles consecuencias para las empresas que le proporcionan servicios.
De acuerdo con Reuters, el Departamento del Tesoro estableció un periodo inicial de gracia de seis meses, además de ciertas excepciones para operaciones como telecomunicaciones, software, pago de pensiones y transacciones relacionadas con personas detenidas. Por tanto, el anuncio no significa que todos los servicios se hayan interrumpido de inmediato.
La CPI rechazó la medida y afirmó que continuará con sus investigaciones y procesos. Su argumento central es que las sanciones buscan obstaculizar el trabajo de una institución judicial independiente e intimidar a quienes colaboran con ella.
Netanyahu respalda las sanciones; los aliados de Washington se distancian
Mientras los ocho países firmantes, España, Bélgica y las instituciones europeas expresaron su desacuerdo con las sanciones, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la decisión de Trump.
Netanyahu afirmó que la Corte no es, a su juicio, un tribunal legítimo, sino un organismo político que amenaza a las democracias y a la soberanía nacional. Su respaldo refleja la oposición de Israel a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra él y contra el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en Gaza.
Esas órdenes de arresto no equivalen a condenas, pero constituyen decisiones judiciales que obligan a los Estados parte del Estatuto de Roma a actuar conforme a las disposiciones de cooperación aplicables.
La diferencia entre las reacciones internacionales revela dos posiciones enfrentadas: por un lado, gobiernos que consideran que la Corte debe preservar su independencia para investigar delitos graves; por otro, Estados y dirigentes que cuestionan su jurisdicción y denuncian que sus actuaciones pueden vulnerar la soberanía nacional.
Una lista que puede ampliarse
Con la información confirmada hasta este viernes 9 de octubre de 2026, los países que han expresado formalmente su rechazo a las sanciones o respaldado la defensa de la Corte son Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, España y Bélgica.
A ellos se suma la Unión Europea como bloque, además del secretario general de Naciones Unidas y responsables del sistema internacional de derechos humanos. No todos estos actores tienen el mismo estatus: ocho países suscribieron una declaración conjunta, España emitió un pronunciamiento propio, Bélgica impulsó medidas europeas y las instituciones de la ONU expresaron condenas desde sus respectivas competencias.
La lista debe entenderse como un recuento actualizado de las reacciones públicas documentadas, no como un registro definitivo de todos los gobiernos que podrían pronunciarse en los próximos días.
El desafío inmediato será determinar si el respaldo diplomático se traduce en acciones concretas para evitar que las sanciones afecten el funcionamiento de la Corte. El tribunal depende de la cooperación de los Estados, de los servicios financieros y tecnológicos y de la capacidad de sus funcionarios para realizar investigaciones y sostener procesos judiciales.
La controversia también abre una discusión sobre el futuro del sistema creado para perseguir crímenes internacionales: si las sanciones de una potencia pueden dificultar el trabajo de una institución que investiga presuntas atrocidades, los gobiernos que respaldan la justicia internacional tendrán que decidir cómo proteger su independencia sin profundizar innecesariamente la confrontación diplomática.