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08.03.2026 Ciudad de México.– El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advirtió que México enfrenta un retroceso en la política pública para combatir la violencia feminicida. Señaló que el acceso a la justicia sigue siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad e impunidad.
El organismo denunció el debilitamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), tras la reforma al artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que eliminó la obligación de los estados de informar cada seis meses sobre el cumplimiento de medidas. María de la Luz Estrada, directora del OCNF, afirmó que se trata de un debilitamiento de mecanismos construidos con años de lucha.
Aunque se anunció un presupuesto de más de 856 millones de pesos para la prevención y atención de las violencias feminicidas, el OCNF cuestionó la falta de claridad en los criterios de distribución y el uso de los recursos.
El organismo señaló irregularidades en la aplicación de la AVGM en estados como Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Jalisco, Estado de México, Sonora y Chiapas. Advirtió sobre la posibilidad de retirar alertas sin evaluaciones técnicas y llamó al presidente, a la Secretaría de las Mujeres y a los gobiernos estatales y municipales a garantizar transparencia, evaluar contextos de riesgo y fortalecer las acciones de protección.
Em un comunicado el OCNF reiteró que la opacidad en el manejo de recursos y la falta de compromiso político constituyen formas de violencia institucional que ponen en riesgo la vida de las mujeres y las niñas.
OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO
COMUNICADO DE PRENSA
Este 8 de marzo, la política contra la violencia feminicida sigue en retroceso y se agrava el debilitamiento de la Alerta de Género
Ciudad de México, 6 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advertimos con profunda preocupación que México no vive un momento de avance en la garantía de los derechos de las mujeres, sino de retrocesos graves en la política pública para enfrentar la violencia feminicida.
Llegamos a este 8 de marzo en un contexto alarmante. Desde nuestra experiencia documentada, sostenemos que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), uno de los mecanismos más importantes para enfrentar las violencias graves contra las mujeres, niñas y adolescentes, se encuentra hoy debilitada, opaca e ineficiente. A un año de que la Secretaría de las Mujeres federal asumiera su seguimiento, no se observan avances. Por el contrario, se reformó el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando la obligación expresa de que los estados alertados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.
Ahora, los informes quedaron sujetos a lo que determine un sistema nacional que, en la práctica ha demostrado ser ineficiente y ajeno a las problemáticas estatales y del propio mecanismo; tal como ocurrió en sus inicios, cuando tenía la facultad de iniciar investigaciones que llevaran a declarar la AVGM, atribución que nunca ejerció ni una sola vez.
“Lo que estamos viendo no es un fortalecimiento del Estado frente a la violencia feminicida, sino un debilitamiento de los mecanismos que costaron años de lucha construir. Quitar la obligatoriedad de los informes, centralizar decisiones sin rendición de cuentas y plantear el levantamiento de Alertas sin evaluaciones públicas y técnicas es un mensaje claro de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres”, señaló María de la Luz Estrada, directora del OCNF.
Por otra parte, aunque se anunció la asignación de más de 856 millones de pesos al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, resultado de la fusión de dos programas presupuestarios, no existe claridad sobre los criterios de distribución, ni sobre la forma en que estos recursos están siendo ejercidos para fortalecer los centros de justicia, los refugios y el mecanismo de la AVGM.
“No basta con asignar presupuesto si no sabemos cómo se ejerce ni bajo qué criterios se distribuye. La opacidad también es una forma de violencia institucional. El Estado tiene la obligación de…”
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Comunicado 2 – OCNF, sobre la AVGM
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) expresa preocupación por la falta de transparencia, actualización de contextos y participación de expertas independientes en el proceso de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Se señalan irregularidades y ausencia de avances sustanciales en estados como Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Jalisco, Estado de México, Sonora y Chiapas. Además, preocupa la posibilidad de retirar la alerta en ciertos municipios sin evaluaciones técnicas ni resultados claros.
El OCNF subraya la urgencia de que las fiscalías del país actúen con compromiso político y que se garantice la transparencia en la asignación presupuestal para prevenir la violencia feminicida. Se insiste en la necesidad de evaluaciones constantes y de analizar los contextos que ponen en riesgo la vida de las mujeres para mejorar las acciones implementadas.
Finalmente, el comunicado hace un llamado directo al Presidente de México, a la Secretaría de las Mujeres y a los gobiernos estatales y municipales para:
– Comprender el verdadero fortalecimiento de la AVGM.
– Asegurar transparencia en el uso del presupuesto.
– Analizar los contextos de riesgo para las mujeres y ajustar las medidas de protección.
El OCNF se presenta como una red de organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y familias de víctimas de feminicidio que trabajan para reducir la desigualdad, la discriminación y la violencia de género en México.
