La eliminación de las violencias contra las mujeres es un tema eje de las demandas del movimiento feminista. A tal grado ha llegado la exigencia de vivir una vida libre de violencia que se han elaborado y aprobado leyes para sancionar la perturbación de este derecho. También se han tipificado delitos en Códigos Penales para sancionar agresiones específicas, como lo es el feminicidio; se han modificado las definiciones de delitos o se han eliminado porque observan erróneamente los derechos de las mujeres.
Bien sabemos que este andamiaje legal ha sido insuficiente. Más de la mitad del país se encuentra con Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, las cuales comenzaron a emitirse en 2015, siendo el Estado de México el primero en haberla recibido por parte del gobierno federal. Posteriormente, 17 entidades serían sujetas a este mecanismo, destacando Veracruz y Estado de México con dos declaratorias en cada uno de estos territorios por los temas de feminicidio, agravio comparado y desapariciones de mujeres.
En Veracruz esta triada de violencias ha sido ampliamente denunciada por organizaciones y colectivas locales y nacionales, en una búsqueda por solucionar la grave situación que viven las mujeres en la entidad.
Un tema escasamente explorado y que no ha recibido debida atención por parte de los gobiernos federal y estatal es el de las violencias que se registran en las demarcaciones municipales indígenas. Poco se sabe cómo experimentan las violencias las mujeres que ahí habitan.
Tampoco sabemos de estrategias específicas para implementar las dos Alertas de Violencia de Género en concordancia con las especificidades culturales y étnicas de los once pueblos originarios contemplados por este mecanismo federal.
Recordemos que en la primera Declaratoria, por el delito de feminicidio, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al indicar los once municipios sobre los que se establece el mecanismo, despectivamente señala “Asimismo, requiere acciones específicas en los municipios con población predominantemente indígena para que se atienda la violencia contra las mujeres indígenas en la entidad”.
La Comisión nunca estableció cuáles eran los municipios referidos, las estrategias diferenciadas que se deberían establecer, cuáles eran los requerimientos para llevarlas a cabo, entre otra información urgente por aclarar. Situación similar aconteció en lo referente al agravio comparado y a la desaparición de mujeres.
Lo anterior es sumamente grave. No contamos con diagnósticos completos, bien elaborados y precisos sobre las especificidades de las violencias de las que son objeto las habitantes de los 47 municipios indígenas de Veracruz. Desde el quehacer gubernamental hay una perspectiva urbana y sin enfoque intercultural que desconoce la vivencia de la violencia en los pueblos originarios. ¿Cómo abatir eficazmente algo que se desconoce?
En el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres hemos registrado y documentado 15 feminicidios en los dos primeros meses de 2021. Uno de ellos se perpetró en el municipio de Papantla. El 14 de marzo este municipio contó nuevamente un delito de esa naturaleza, con lo que ya suma dos en el año.
Este mismo municipio registra cuatro desapariciones femeninas. Se suman Tantoyuca y Zongolica con dos casos más. Dejando a un lado el prejuicio y los lugares comunes, ¿qué factores se conjugan para que mujeres de origen totonaca, tenek y nahua desaparezcan?
Por otro lado, en materia de agresiones nuevamente Papantla encabeza esta situación. Presenta nueve casos, seguido por Zozocolco de Hidalgo, Espinal, Coxquihui, Tantoyuca y Soteapan con una agresión en cada municipio.
Obviamente, estos registros tienen el sesgo de ser retomados de medios de comunicación, los cuales no siempre tienen la oportunidad de capturar en su totalidad lo que acontece en municipios indígenas. Entonces la interrogante sigue. No sabemos qué sucede con las mujeres que viven en municipios veracruzanos. Lo peor es que parece no importarnos.
