*La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres señaló riesgos en la iniciativa y pidió a México revisar aspectos relacionados con la protección de las víctimas.
/Escrito por Georgina Monroy Vázquez/
09.10.2026 /CimacNoticias.com/ La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, expresó preocupaciones sobre algunos elementos de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum.
En una comunicación dirigida al Estado mexicano, Alsalem cuestionó principalmente la definición de “mujer” contenida en la propuesta, así como la forma en que se contempla recopilar información sobre las víctimas y diseñar servicios especializados para quienes enfrentan violencia.
La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión en julio de 2026 con el objetivo de homologar en todo el país la investigación y sanción del feminicidio, establecer criterios comunes para las fiscalías y reducir la impunidad.
ONU plantea revisar definición de mujer
Uno de los principales cuestionamientos de la relatora se refiere a que la iniciativa contempla como mujer a toda persona que se identifique como tal.
De acuerdo con Alsalem, esta definición podría generar dificultades jurídicas para determinar cuándo un asesinato debe investigarse como feminicidio, debido a que elimina una referencia explícita al sexo de las víctimas.
La relatora consideró que depender exclusivamente de la autoidentificación podría generar situaciones en las que personas de sexo femenino que no se identifiquen como mujeres queden fuera de determinadas protecciones contempladas en la legislación.
También advirtió que, en determinados casos, las autoridades podrían terminar tomando en cuenta elementos relacionados con la expresión de género —como apariencia, vestimenta o comportamiento— para determinar si una víctima entra dentro del ámbito de protección de la ley.
Para la especialista, esto podría reproducir estereotipos sobre lo que significa ser mujer y dificultar el reconocimiento de patrones de violencia contra mujeres y niñas.
Pide mantener datos diferenciados por sexo
Otro de los puntos señalados por la relatora está relacionado con la generación de estadísticas sobre feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres.
Alsalem sostuvo que los datos sobre sexo son necesarios para identificar patrones de violencia, diseñar políticas públicas, asignar recursos y evaluar si las medidas de prevención y atención están funcionando.
Por ello, planteó que la información sobre sexo y aquella relacionada con identidad de género puedan registrarse por separado, acompañadas de garantías de privacidad y seguridad.
La preocupación, explicó, es que sustituir los datos relacionados con el sexo por información exclusivamente vinculada con la identidad de género dificulte conocer las características de la violencia que enfrentan mujeres y niñas por razón de sexo.
La observación cobra relevancia en un momento en que México busca establecer un marco nacional homologado para investigar los feminicidios y generar registros que permitan evaluar la respuesta institucional frente a este delito.
También advierte sobre servicios especializados
La comunicación de la relatora también aborda los servicios de atención y los espacios destinados a mujeres sobrevivientes de violencia.
Alsalem señaló que estos servicios deben considerar las condiciones particulares de las víctimas, el nivel de riesgo y las características de la violencia que enfrentan.
En ese sentido, planteó que en determinados contextos pueden ser necesarios espacios exclusivos para mujeres, particularmente cuando se requiere privacidad o existe una situación específica de vulnerabilidad.
La especialista advirtió que si los servicios no responden a las necesidades de las sobrevivientes, algunas mujeres podrían optar por no acudir a las instituciones encargadas de brindarles atención y protección.
La iniciativa busca homologar la investigación del feminicidio
La propuesta de Ley General impulsada por el gobierno federal plantea establecer un mismo tipo penal de feminicidio para todo el país y criterios homologados para su investigación.
El proyecto establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y contempla una pena de 50 a 70 años de prisión, además de agravantes relacionadas con las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. Entre ellas se encuentran el embarazo, la discapacidad, la condición de periodista o defensora de derechos humanos y la situación de migración.
La iniciativa también contempla medidas de reparación del daño, atención a la orfandad por feminicidio y mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
Desde agosto, el Senado ha realizado mesas de diálogo para analizar distintos aspectos de la propuesta, entre ellos la prevención, la investigación con debida diligencia, el tipo penal y sus agravantes, la reparación integral, la orfandad y los registros institucionales.
Las observaciones de la relatora de Naciones Unidas se suman así al proceso legislativo que continúa en el Congreso mexicano y plantean al Estado revisar distintos aspectos de la iniciativa antes de su aprobación.