*
20.10.2026., Nueva York, EUA.- El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) reiteró este martes que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada o sistemática en México y pidió a la comunidad internacional impulsar mecanismos extraordinarios de cooperación para enfrentar la crisis, mientras el Estado mexicano mantiene su rechazo a la decisión de llevar el caso ante el organismo multilateral.
Durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, explicó los motivos por los que el organismo decidió recurrir al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un procedimiento excepcional que permite poner situaciones de especial gravedad a consideración de la Asamblea General.
La determinación, adoptada en abril de 2026, se fundamentó en información proporcionada por el Gobierno mexicano, testimonios y aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, así como documentación reunida por el Comité desde 2012. A partir de esos elementos, el organismo concluyó que existen fundamentos suficientes para considerar que las desapariciones forzadas han ocurrido y continúan ocurriendo en el país de manera generalizada o sistemática, con hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Albán reconoció las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas, pero señaló que los avances reportados no eliminan los problemas estructurales que mantienen abierta la crisis. Entre ellos se encuentran las dificultades para buscar a las personas desaparecidas, esclarecer los casos, investigar las responsabilidades y garantizar justicia a las familias.
El presidente del Comité también aclaró que la decisión no equivale a una sentencia internacional contra México ni establece por sí misma la responsabilidad jurídica del Estado. Asimismo, precisó que el organismo no encontró indicios suficientes de una política federal dirigida deliberadamente a cometer desapariciones forzadas o a permitirlas mediante una omisión deliberada de las autoridades.
La aplicación del artículo 34, sostuvo, representa una oportunidad para movilizar asistencia internacional y fortalecer las capacidades nacionales. El llamado está dirigido a los Estados miembros de Naciones Unidas para que consideren mecanismos de cooperación técnica, apoyo a las investigaciones, búsqueda de personas, identificación de restos humanos y protección de familiares y colectivos de búsqueda.
El Comité destacó además que la decisión ya coincidió con resultados reportados por el propio Gobierno mexicano. Durante la presentación, Albán reconoció que las autoridades informaron de la localización de 16 mil personas desaparecidas en lo que va de 2026. Sin embargo, ese dato no resuelve por sí solo la magnitud del problema ni permite establecer cuántos casos continúan sin esclarecerse.
Las cifras oficiales citadas durante la sesión sitúan en más de 130 mil el número de personas desaparecidas y no localizadas registradas en México. Es importante distinguir ese universo de los casos que jurídicamente pueden clasificarse como desaparición forzada, pues no todas las desapariciones registradas corresponden automáticamente a ese delito.
El Gobierno mexicano ha rechazado la interpretación del Comité y sostiene que el país cuenta con instituciones, leyes y estrategias propias para atender la problemática. Entre sus argumentos ha señalado que el registro nacional reúne desapariciones de distinta naturaleza y que sus cifras no demuestran, por sí solas, la existencia de una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada.
La controversia coloca frente a frente dos posiciones: la del organismo internacional, que considera necesario activar la cooperación extraordinaria ante la persistencia de indicios graves, y la del Estado mexicano, que cuestiona las conclusiones y defiende su capacidad institucional para enfrentar la crisis.
El trasfondo de la discusión son miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos en distintas entidades del país, en muchos casos mediante búsquedas en campo, revisión de expedientes y exigencias de investigación ante fiscalías. A esa tarea se suman los rezagos forenses, la identificación de restos y los riesgos que enfrentan las personas buscadoras.
La intervención del Comité no significa que Naciones Unidas haya declarado culpable a México por crímenes de lesa humanidad. Su determinación es un procedimiento previsto en un tratado internacional para que la Asamblea General examine la situación y valore posibles medidas de asistencia. La decisión final sobre las acciones que puedan adoptarse corresponde a los órganos competentes de la ONU y dependerá del desarrollo de ese proceso.
Con la presentación de este martes, el Comité reiteró que la crisis mexicana requiere una respuesta que vaya más allá de reconocer los esfuerzos oficiales. El llamado central es convertir la cooperación internacional en apoyo concreto para encontrar a las personas desaparecidas, esclarecer lo ocurrido, combatir la impunidad y garantizar que sus familias tengan acceso a la verdad y la justicia.