*IMPRONTA.
/Carlos Miguel Acosta Bravo /
La Operación Enjambre, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo el mando de Omar García Harfuch, se ha consolidado como la señal más clara hasta ahora de que el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a combatir la corrupción y la impunidad sin distinción de partido político, al 8 de septiembre de 2026, la estrategia registra 111 detenidos por nexos con el crimen organizado, entre ellos 14 presidentes y expresidentes municipales vinculados a proceso o encarcelados -seis de la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro del bloque oficialista Morena-PT-PVEM, tres de Movimiento Ciudadano (MC) y uno de un partido local-.
Esta distribución partidista de las detenciones es clave, demuestra que las redes de protección al crimen organizado trascienden las afiliaciones políticas y que el gobierno federal está actuando contra funcionarios de todas las fuerzas, lo que refuerza la credibilidad del discurso de “cero impunidad”.
La Operación Enjambre es una estrategia de seguridad federal y estatal diseñada para desarticular redes de corrupción y complicidad entre servidores públicos locales y grupos del crimen organizado. Inició en el Estado de México en noviembre de 2024 y se extendió posteriormente a otras entidades, incluyendo Puebla, Morelos, Jalisco y Sinaloa, con el objetivo de combatir la infiltración criminal en las instituciones de seguridad y los gobiernos municipales.
Lo inédito de esta operación es su enfoque en las “redes de protección institucional”: no solo se detiene a miembros del crimen organizado, sino a los funcionarios públicos que les brindan cobertura, información, impunidad o acceso a recursos públicos. Como señaló el secretario García Harfuch.
“Ningún servidor público que utilice su posición para favorecer, colaborar o mantener vínculos con grupos delictivos estará protegido”.
Este balance partidista envía un mensaje claro. La Operación Enjambre no es una cacería política, sino un esfuerzo institucional para limpiar las estructuras de gobierno local que han sido cooptadas por el crimen organizado, sin importar el color del partido.
Las redes de protección son el eslabón más peligroso de la cadena de impunidad, permiten que el crimen organizado opere con total libertad, extorsione, secuestre y trafique con drogas sin temor a la justicia. La Operación Enjambre ataca directamente este eslabón al, desarticular estructuras criminales con cobertura institucional, en Puebla, la detención del alcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa (Morena), junto con la exdirectora de Seguridad Pública municipal y el hermano del edil, reveló una red de extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz que operaba con la complicidad de autoridades locales.
La consigna de asegurar armas, vehículos blindados y equipo de comunicación, en los operativos se han asegurado arsenales, drones e inhibidores de señal, lo que indica que las redes de protección no solo brindan impunidad, sino capacidad operativa militarizada. Es necesario también investigar a más funcionarios, el gobierno federal mantiene investigaciones abiertas contra otros alcaldes y funcionarios de diversos niveles, lo que sugiere que las 111 detenciones son solo el primer paso de una estrategia de largo plazo.
A pesar del respaldo político y mediático, la operación Enjambre enfrenta críticas y límites. ¿Hasta dónde llegarán las investigaciones?, analistas advierten que la protección a los cárteles no se limita al ámbito municipal y que, hasta el momento, no se han visto investigaciones contra funcionarios de niveles superiores (gobernadores, secretarios de Estado, legisladores).
El riesgo de judicialización política, aunque la distribución partidista de las detenciones sugiere imparcialidad, existe el riesgo de que la operación sea instrumentalizada para debilitar a adversarios políticos en estados clave. Es clave también la sostenibilidad de la estrategia, la Operación Enjambre requiere coordinación interinstitucional (FGR, SSPC, Guardia Nacional, CNI, autoridades estatales) y recursos sostenidos; si esta coordinación se debilita, el impacto podría ser temporal.
Sin embargo, el verdadero éxito de esta estrategia no se medirá por el número de detenciones, sino por su capacidad para desmantelar las estructuras de protección a niveles superiores y por la sostenibilidad de la coordinación interinstitucional en el tiempo. Si la Operación Enjambre logra mantener su imparcialidad y profundizar las investigaciones más allá del ámbito municipal, podría convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en México y que efectivamente los daños, asaltos y percepción de inseguridad en los ciudadanos disminuya de manera real.