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/Juan José Rodríguez Prats/
Tenemos que ser modernos para defender el pasado y creativos para defender la tradición
T. S. Elliot
En una sabrosa plática con Blanca Heredia, concertada por mi gran amigo Raudel Ávila, hablamos del viejo PRI. Se me interrogó sobre la consistencia de su operación política. De bote pronto la definí en forma muy sencilla: “no dejar ningún cabo suelto”. Al hablar de la función de la secretaría de Gobernación, utilicé un viejo símil: ser el fusible del sistema. Al recibir los cargos del exterior, evitaba que se dañaran las instalaciones.
Recordé cómo se concibió la reforma más exitosa y sobre todo las etapas de su ejecución. Su responsable, Jesús Reyes Heroles, ha sido el político teórico pragmático más eficaz en la historia reciente de México. Lo ubico en una selecta galería: José María Luis Mora en los orígenes de la República, Mariano Otero en el diseño de instituciones, Melchor Ocampo en la Reforma, Justo Sierra en el porfiriato y Andrés Molina Enríquez precursor de la Revolución y Luis Cabrera ideólogo de la misma. Desde luego, reconozco lo arbitrario del ejercicio.
En 1977 se hizo un trabajo elemental: cuidar lo heredado, mejorarlo y prever lo que podría suceder con los cambios. Podemos discutir los eventos que impulsaron la transición de un régimen autoritario a uno democrático, pero no hay duda que esa reforma fue una respuesta sensata, responsable y visionaria del Estado mexicano que imprimió un antes y un después de nuestro devenir político. El también historiador alertó a los chilenos, en el gobierno de Salvador Allende, del peligro que corrían y que, para nuestra desgracia latinoamericana, engendró una dictadura militar.
Me referí al método priista para procesar la designación de sus candidatos, específicamente a los cargos de gobernador. No era un ejercicio caprichoso o de simples preferencias personales. Había una práctica que resultó eficaz. Se designaba, en coordinación con el partido y la secretaría de Gobernación, un delegado (generalmente un político profesional), que al llegar a la entidad elaboraba un diagnóstico con el ejecutivo local, medía los tiempos y sugería las propuestas. Era un trabajo de instrumentalización delicada. Se sabía que cualquier descuido o negligencia podría generar un conflicto.
Una tercera operación política del viejo PRI era la forma en que se prescindía, por decirlo suavemente, de los servicios del titular de un ejecutivo estatal. El primer antecedente en la concepción del método fue en 1867 cuando el presidente Juárez intentó, mediante lo que se conoció como la convocatoria (consulta al pueblo), para la restauración del Senado con el propósito de que pudiera desconocer los poderes estatales. Sebastián Lerdo de Tejada lo logró y Porfirio Díaz fue el primero en utilizarlo.
Al darle esta atribución al gobierno central, los hombres del poder de las entidades federativas reconocían que había un contrapeso real a su autoridad. Este mecanismo se canceló en el año 2000, ocasionando un resurgimiento de los caciques y señores feudales.
En este espacio he procurado escribir de principios y realidades. Los dos elementos esenciales de nuestra circunstancia. No es un ejercicio de nostalgia, sino de análisis para entender nuestros retos.
Desde los orígenes de la filosofía de la historia, se reconoce que concebir una reforma es más difícil que hacer una revolución, por diversas causas. Son inagotables las muchas advertencias a todas las generaciones de cómo mejorar y ejecutar decisiones. Desafortunadamente seguimos sin aprender.
La 4T incurre en lo que se ha denominado “a trompa talega”. Es decir, “algo que se mueve o se maneja con torpeza y descontrol, sugiriendo una acción que se realiza sin reflexión ni orden”.
No se necesita un acucioso análisis para constatarlo. En nuestras relaciones con otros países, en las decisiones fundamentales en lo interno, en la reforma del Poder Judicial, hasta en el desempeño cotidiano de nuestros gobernantes, se ha perdido el sentido común
