*Miscelánea, Salud y Política .
/ Judith Álamo López /
Todo aquel que tiene poder tiende a abusar de él; va hasta donde encuentra límites. La justicia empieza cuando el gobernante debe responder ante la ley como cualquier otro ciudadano: Montesquieu
El multirracial electorado estadunidense decidió darles a los demócratas las mayorías en el Congreso, en lo que se interpretó como un revés al conservador republicano Donald Trump y un triunfo de la democracia electoral.
El gobierno mexicano no debe echar campanas al vuelo al creer que se debilitarán las exigencias de Estados Unidos contra el narco-Estado mexicano, pues si en algo están unidos demócratas y republicanos es en defender sus intereses y en salvaguardar su integridad territorial y soberana, hoy amenazada por los carteles del narcotráfico.
Organizaciones de migrantes de origen mexicanos festejan haberle asestado un duro golpe a Trump y a sus donantes –como el magnate Elon Musk–, quienes creyeron en la infalibilidad del dinero para impulsar candidaturas conservadoras, por encima del rechazo a la ineficiencia de la política económica y los abusos de poder político.
En estas elecciones intermedias estadounidenses los analistas coinciden en que el poder del voto mayoritario de los ciudadanos fue una clara consigna: “No Kings”, una condena a la corrupción de la familia Trump; a su fallida política económica y arancelaria; a su participación en una guerra ajena; a la persecución del ICE contra migrantes; a su política racial en contra de las minorías; etcétera.
Horas después de la derrota de su partido, el presidente republicano, fiel a su personalidad egocéntrica, evitó reconocer su responsabilidad, repartió culpas entre su equipo estratégico y lamentó que se haya optado por candidatos débiles.
Advirtió que como jefe del Ejecutivo ejercerá el derecho de veto a las decisiones del Congreso demócrata y continuará gobernando con órdenes ejecutivas –decretos–, como ya venía haciéndolo.
Estas elecciones abrieron espacios de poder político para gobernantes de origen mexicano, con los triunfos de los candidatos demócratas en Californias y Texas, Xavier Becerra y Gina Hinojosa, quienes ganaron la gobernación en dos estados gigantes económicos y demográficos de la Unión Americana, tras derrotar a los republicanos, Steve Hilton y a Greg Abbott, respectivamente.
Mientras en Estados Unidos los resultados electorales daban un golpe de realidad al presidente Trump, la noche del 3 de noviembre, el congresista demócrata de California, Robert García, publicó un contundente mensaje en la red social X, dirigido a Donald Trump, familia y funcionarios: “LAWYER UP”, en español significa “Contraten un abogado”.
La advertencia vista por más de 7 millones de seguidores en pocas horas, se entendió como un aviso de quien ocupará la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en enero de 2027, quien anunció la reactivación de la agenda demócrata que incluye: investigaciones sobre la corrupción de Trump y su entorno; desclasificación de los Archivos de Epstein e investigaciones de los abusos de agencias federales como ICE y DH, entre otros rubros.
La caída drástica del apoyo latino a los candidatos republicanos a la Cámara de representantes bajó al 35% respecto a 2024: mientras que el 64% apoyó a los demócratas. Esto demuestra que el votante hispano es altamente volátil y ejerce un voto de castigo cuando cambian sus prioridades, las cuales son: el costo de la vida, el acceso a la vivienda y la inflación. (Exit Palls de NBSNews2026)
El voto ciudadano, ese maravilloso instrumento democrático que hay que preservar como un derecho de nuestra sociedad, abrió la posibilidad de un referéndum en algunos temas de la política gubernamental estadounidense, el viraje de predominio republicano a democrático incidirá positivamente en algunos temas de derechos laborales y humanos.
En México, luego de la exhibición de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de videograbaciones filtradas a medios de comunicación, el gobierno que se autodenomina “del pueblo” no acierta a comprender que se ha tocado fondo y que a ocho meses de las elecciones federales del 2027 es urgente emprender una operación limpieza y la restauración a fondo en esa institución.
No se vale lavarse las manos y tratar de emprender una operación Poncio Pilatos para impulsar desde la tribuna de las Mañaneras del pueblo una investigación de la corrupción en el INE desde el año 2000 a la fecha, si hubiera medios para atender algo así, qué bueno.
Pero dadas las capacidades reducidas de nuestro sistema, urge focalizar la justicia pronta y expedita en las prioridades que hagan funcionar la casa. No hay tiempo para ir al pasado, ni de distracciones ni manipulaciones maniqueas.
En ese mismo sentido debe considerarse la declaración pública del junior Andy López Beltrán, quien luego de cuatro años de ser mencionado por varios medios periodísticos como presunto responsable de delitos como el de huachicol fiscal — el mayor fraude a la nación— decidió por fin hablar para acusar a los medios que han exhibido indicios de su involucramiento –con documentos, videos y audios– de complot.
El gobierno está obligado a actuar, a investigar a fondo su responsabilidad y aclarar con qué salvoconducto se otorgaban contratos sin licitación, por ejemplo, a Amílcar Olán, quien reconoció Andy, es esposo de una compañera de primaria; cómo y quién hacía se movieran buques de la Secretaría de Marina; personal de una decena de secretarías de Estado, cómo se cruzaban puertos y aduanas con contrabando de productos energéticos y se distribuían éstos a través de una red comercial privada.
En el trascurso de los últimos siete años son muchos los casos que han quedado sin resolución, la mayor incompetencia ha sido de la Fiscalía General de la República (FGR), órgano “autónomo” encargado de resolver e investigar delitos federales, conforme a la Constitución mexicana, pero esto no ocurre: más del 94 por ciento de los delitos no se denuncian y 99.1 quedan impunes. (Impunidad Cero)
México tiene muchos retos ante sí, pero el gobierno parece querer ignorar la problemática que se ha generado por haber decidido concentrar todo el poder en el grupo morenista y aliados (PV y PT) sin límites ni contrapesos
Así es que activa a conveniencia de sus intereses los organismos que debieran ser autónomos o independientes, como la FGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Poder Judicial y la SCJN, el Congreso….
La falta de acciones para combatir delitos como fraudes a la nación (Segalmex),el desfalco a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el huachicol fiscal, la Red de tráfico de influencias; el sobre costo de las mega obras, el fraude al sector salud incluido el IMSS, la supervivencia de empresas factureras, etc.
Existen muchos delitos graves sin resolver; en una administración que avanza en la captura institucional de organismos y poderes autónomos, al parecer con el único propósito de concentrar y mantenerse en el poder a costa de lo que sea.
Sólo una explicación así podría subyacer atrás de haber dotado a una mujer como la presidente del INE, Guadalupe Taddei, de todos los poderes y una vez que ha trascendido la escandalosa corrupción que encabezaba, negarse a aplicar la justicia con investigaciones y renuncias de todos los responsables.
En tela de juicio están el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los organismos fiscalizadores de los recursos públicos, como son el Órgano Interno de Control (OIC) del INE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instituciones que no actuaron para garantizar la integridad del INE.
El máximo organismo a cargo de organizar elecciones confiables está herido de muerte, de no atender el gobierno esta emergencia, no podrá servir para dar legitimidad y certidumbre a quienes triunfen en las próximas elecciones ni al grupo gobernante, si esa fuera la voluntad ciudadana.
El INE amerita una intervención sustentada en un consenso pluripartidista, como nuestra democracia, para recuperar su capacidad de ser un órgano colegiado neutral, capacitado y confiable para organizar y vigilar la legalidad de las próximas elecciones, al cual la ciudadanía pueda exigir que su voto electoral se respete.