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29.12.2015. El accidente del tren interoceánico que dejó 13 personas muertas, más de un centenar de heridos y cinco en estado de gravedad ha reavivado el debate sobre la seguridad y la viabilidad del proyecto estratégico del tren interoceánico.
El tren interoceánico fue concebido como uno de los ejes de conectividad más relevantes del sur del país, con el objetivo de enlazar puertos y dinamizar el comercio regional. Su construcción se presentó como una obra con estándares internacionales y con supervisión técnica constante.
Desde su inauguración, el gobierno federal lo ha defendido como un símbolo de desarrollo y modernización, destacando su potencial para atraer inversión y generar empleos.
Sin embargo, el accidente ocurrido en plena temporada vacacional ha puesto bajo escrutinio los protocolos de operación y mantenimiento.
Especialistas en transporte han señalado que, más allá de la infraestructura, es necesario revisar las condiciones de capacitación de personal, la frecuencia de inspecciones y la respuesta ante emergencias.
La oposición política reaccionó de inmediato. Dirigentes de partidos contrarios al gobierno cuestionaron la decisión de no permitir un peritaje independiente y criticaron que la investigación quede únicamente en manos de la Fiscalía capitalina y la FGR.
Argumentaron que la transparencia exige la participación de instancias técnicas autónomas y que la negativa abre dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Algunos legisladores advirtieron que el accidente refleja una falta de previsión en proyectos emblemáticos y pidieron que se rindan cuentas sobre los recursos invertidos y las certificaciones de seguridad.
Otros señalaron que el gobierno debe garantizar que las víctimas reciban indemnizaciones justas y que se establezcan responsabilidades claras.
El siniestro, además de la tragedia humana, se perfila como un punto de inflexión en la discusión sobre la seguridad ferroviaria en México y sobre la forma en que se gestionan los proyectos de infraestructura de gran escala.
La presión política y social apunta a que el caso no solo será un tema técnico, sino también un debate sobre la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones.
