Las acusaciones de Julio Scherer Ibarra contra Jesús Ramírez Cuevas, por presunto peculado y vínculos con el crimen organizado, detonaron una inmediata respuesta de la oposición política y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum cerró filas en defensa de su colaborador, los partidos opositores aprovecharon el momento para exigir investigaciones formales y deslindes institucionales.
En el Congreso, legisladores del PAN, PRI y PRD coincidieron en que la Fiscalía General de la República debe abrir una carpeta de investigación de oficio, dado el volumen de recursos señalados en el libro Ni venganza ni perdón. A
rgumentaron que la cifra de más de 27 mil millones de pesos desviados no puede quedar en el terreno de la denuncia mediática y que el gobierno federal tiene la obligación de transparentar el destino de esos fondos.
Algunos diputados plantearon incluso la creación de una comisión especial para revisar el decreto de indemnización a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, considerado el origen del presunto desvío.
El SME, directamente aludido en las acusaciones, reaccionó con dureza. Voceros del sindicato señalaron que la supuesta manipulación del padrón de beneficiarios y la fractura interna fueron producto de decisiones políticas ajenas a la base trabajadora.
Rechazaron que el gremio haya sido cómplice de un esquema de peculado y exigieron que se esclarezca si funcionarios del gobierno anterior utilizaron la indemnización como instrumento de operación política.
La dirigencia sindical advirtió que no permitirá que se criminalice a los trabajadores y pidió que las autoridades deslinden responsabilidades individuales.
La oposición, por su parte, interpretó la defensa de Sheinbaum como un intento de blindar a un operador clave de su gobierno. Señalaron que la presidenta está enviando un mensaje de protección política en lugar de abrir la puerta a la rendición de cuentas.
En contraste, el SME busca preservar su legitimidad frente a la opinión pública, consciente de que las acusaciones de corrupción pueden erosionar la confianza en el sindicato.
Mientras la oposición presiona por investigaciones y el SME se deslinda, el gobierno federal enfrenta el reto de sostener la cohesión interna y responder a las demandas de transparencia que se intensifican con cada nuevo escándalo.
